- Esta cantidad se suma a las del primer cuatrimestre del año y supone un total de 10.809.000 euros
- Son avales concedidos por el Gobierno anterior a las empresas Alas Aluminium, S.A., Kerkus Metals, S.A., Grupo de Empresas Temper S.L., Monrasa y ahora se suma el aval concedido a Eolo-Sport Industrias S.A.
- Los servicios jurídicos del Principado están elaborando un informe sobre las responsabilidades susceptibles de exigirse por su concesión
Oviedo- El Gobierno del Principado se enfrenta a una nueva ejecución de un aval otorgado en esta ocasión a Eolo-Sport Industrias, S.A. y que asciende a 576.000 euros. En lo que llevamos de año la ejecución de avales otorgados por el Gobierno anterior a las empresas Alas Aluminium, S.A., Kerkus Metals, S.A., Grupo de Empresas Temper S.L., Monrasa junto a este último concedido a Eolo-Sport S.A. suponen un total 10.809.000 euros.
Las entidades avaladas incumplieron sus compromisos con sus acreedores por lo que es el Principado quien debe ahora pagarlos al concederse los avales de manera solidaria, con renuncia expresa a los beneficios de orden, excusión y división, lo que significa que en el momento que se produce el primer requerimiento hay que hacer frente al pago de las cantidades avaladas.
La Consejería de Hacienda y Sector Público tiene que hacer frente a esta nueva ejecución que se suma a las del primer trimestre por valor de nueve millones de euros por haber avalado a las empresas Alas Aluminium, S.A. y Kerkus Metals, S.A. que contaban con un informe técnico en contra de la Dirección General de Presupuestos. En abril habían llegado a la Consejería de Hacienda dos nuevas reclamaciones bancarias de avales por valor de 1.233.029 euros por incumplimientos de las empresas Mantenimientos y Montajes Ría de Avilés, Monrasa, y Grupo de Empresas Temper, S.L. La política de promoción empresarial del Gobierno del Sr. Areces ha costado a los asturianos 10.809.000 euros en lo que llevamos de 2012.
La laxitud del Gobierno anterior a la hora de conceder estos avales ha determinado que el Ejecutivo regional haya requerido de los servicios jurídicos del Principado un informe acerca de las responsabilidades susceptibles de exigirse a quienes participaron en su concesión.
