La XXX Mesa Redonda de Políticas de la Organización de los Estados Americanos (OEA) reunió esta semana las perspectivas y opiniones de expertas de tres países de las Américas sobre el tema de la desigualdad social, la discriminación de los pueblos indígenas y la lucha por la inclusión social, en particular el rol que deben jugar las políticas públicas para enfrentar estos desafíos a la democracia participativa.
Titulado “La inclusión y la democracia en las Américas”, el evento fue organizado por el Departamento de Asuntos Internacionales de la OEA y se realizó en la sede del organismo en Washington, DC. Las ponentes fueron Margarita Gutiérrez, Presidenta de la Organización Coordinadora Estatal de Mujeres Indígenas llamada Vinajel, en Chiapas (México); Alejandra Faúndez, Directora para América Latina de Inclusión y Equidad de Chile; y June Lorenzo, asesora legal del “American Indian Law Alliance.” El panel fue moderado por María Isabel Rivero, encargada de prensa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y contó con una introducción de Irene Klinger, Directora del Departamento de Asuntos Internacionales de la OEA. Dante Negro, Director del Departamento de Derecho Internacional de la OEA, moderó la sesión de preguntas y respuestas.
La discusión se realizó en el marco del Décimo Aniversario de la Carta Democrática Interamericana, que en su Artículo 9 afirma que la eliminación de “toda forma de discriminación” y de “las diversas formas de intolerancia, así como la promoción y protección de los derechos humanos de los pueblos indígenas” contribuyen al “fortalecimiento de la democracia y la participación ciudadana”.
En su exposición, la Presidenta de Vinajel destacó que en el continente “tenemos un gran reto, pues hoy día vivimos nuevos tiempos”, con Estados que ya no son “homogenizadores” sino en los que se reconocen “sociedades multiculturales y pluriculturales” con diferentes “maneras de ser y de vivir”. En este sentido, recordó la adopción de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, que consideró un “parteaguas” junto con la evolución de otros instrumentos internacionales que han contribuido a un mejor respeto de los derechos de los pueblos indígenas y a su inclusión social dentro de los sistemas democráticos.
En estas sociedades existen importantes retos que enfrentar, continuó Margarita Gutiérrez, como el escaso respeto de los derechos humanos de los pueblos indígenas, el “despojo sistemático de los valores y principios culturales y de las oportunidades de vivir” de estas comunidades y la distinta aplicación de la democracia a nivel local indígena, especialmente en lo referente a la escasa participación de las mujeres. Estas y otras cuestiones, puntualizó, “siguen flotando en el aire”, por lo cual afirmó que es necesario “fortalecer las instituciones y la cooperación” entre los gobiernos de la región sobre éste y otros asuntos de relevancia común.
Por su parte, June Lorenzo se refirió a la situación histórica de los pueblos indígenas en Estados Unidos, y la lucha que han llevado a cabo para ser incluidos en el sistema democrático de su país. “Los pueblos indígenas en los Estados Unidos y en las Américas han estado ejerciendo muchas de las responsabilidades de la democracia sin tener acceso a los derechos de la democracia”, afirmó, y puso como ejemplo que los pueblos indígenas estadounidenses han peleado en los conflictos armados de su país en mayores números desde principios del siglo XX, pero muchos de los veteranos que regresaron luego de haber peleado en la Primera Guerra Mundial no pudieron votar en las elecciones como ciudadanos estadounidenses.
Con respecto a los instrumentos internacionales sobre los derechos de los pueblos indígenas, la abogada norteamericana destacó la necesidad de que los Países Miembros de la OEA produzcan una Declaración a nivel regional para complementar la Declaración de las Naciones Unidas sobre el tema. “Hay una gran concentración de pueblos indígenas en las Américas”, sostuvo, por lo cual “es muy importante reconocer sus derechos, porque en muchos casos aún se les priva de los derechos humanos”. Además, dijo que la Declaración de la ONU no es perfecta y “no hay nada que le impida a la OEA adoptar una Declaración que sea mucho más fuerte que la de Naciones Unidas, la cual yo creo que no es lo suficientemente fuerte”.
Alejandra Faúndez indicó cómo las políticas públicas podrían ayudar a enfrentar los retos actuales y cuáles son sus límites, y recordó la importancia de identificar los proyectos estatales que carecen de la perspectiva de diversidad cultural. “Muchas veces, por ejemplo, se habla de políticas públicas que son ‘neutras’ frente a los temas de diversidad cultural y que en realidad son ‘ciegas’ frente a la diversidad cultural”, afirmó, lo cual “ha pasado en muchos países de esta región, particularmente en América Latina”.
Entre otros ejemplos, mencionó el hecho de que muchos ciudadanos que no hablan el idioma nacional carecen de documentos de identidad, lo cual dificulta su acceso a servicios y bienes públicos. “Una política pública mal diseñada y mal implementada finalmente afecta la vida cuotidiana y la calidad de vida de la persona, y en ese sentido también afecta la calidad de nuestra democracia”, dijo. “En la medida en que tenemos democracias más inclusivas y más sensibles frente a las diversidades de la ciudadanía seguramente vamos a tener democracias de mayor calidad, más representativas”, puntualizó.
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