El objetivo es lograr una gestión más eficiente del agua, de las zonas protegidas y de los residuos. El Estado asumirá íntegramente la gestión y las competencias sancionadoras en las cuencas intercomunitarias y se simplificará el régimen de calificación de los espacios protegidos.
El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto Ley de medidas urgentes en materia de medio ambiente para evitar duplicidades entre administraciones, garantizar la unidad de mercado y simplificar los procedimientos que por su complejidad y coste suponían una gestión difícil.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha explicado que se deroga la normativa anterior que posibilitaba que cada comunidad autónoma pudiera asumir competencias de policía, sancionadoras, en la cuenca que correspondía a su autonomía.
Sáenz de Santamaría ha anunciado que el Estado será el encargado de asumir íntegramente la potestad sancionadora en las cuencas hidrográficas que afectan a varias comunidades autónomas. "De acuerdo con el principio de unidad de cuenca establecido por la Constitución, entendemos que es el Estado, para evitar duplicidades, solapamientos y actuaciones contradictorias en el procedimiento sancionador en el uso del agua, quien asuma íntegramente esa gestión de policía en las confederaciones hidrográficas", ha dicho.
Respecto a los espacios protegidos, la vicepresidenta ha indicado que el Real Decreto Ley simplifica su régimen de calificación "para que los municipios tengan claro cuál es el régimen jurídico, las limitaciones y los derechos que se pueden ejercer en cada zona".
Gestión de residuos
La norma aprobada hoy termina con el complejo sistema de notificaciones existente para trasladar residuos entre varias comunidades. Sáenz de Santamaría ha recordado que se necesitaba la notificación de la comunidad autónoma de salida y de llegada. "Se termina con ese procedimiento y se establece un sistema de notificaciones único, más sencillo, más rápido y más barato", ha dicho.
El Real Decreto también aborda la racionalización y el control del aprovechamiento de los recursos hídricos en beneficio de los agricultores y de los regantes. En este sentido, la vicepresidenta ha avanzado que "se refuerza la potestad sancionadora del Estado para quienes causen daño al dominio público hidráulico y se regula de una manera mucho más cuidadosa las masas de agua subterránea y el buen estado de las mismas". Además, se incorporan normas comunitarias que mejorarán los derechos de aprovechamiento privado en estas zonas.
Soraya Sáenz de Santamaría ha subrayado que el Real Decreto Ley recoge expresamente la situación de Las Tablas de Daimiel. El Gobierno y la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha han acordado establecer normas para mejorar los recursos y el equilibrio de la zona. Estos recursos se transformarán en concesiones que pueden ser transferidas a terceros a cambio de reducirse el volumen de aprovechamiento de cada una de las mismas.
Se trata, según la vicepresidenta, de reordenar los derechos de uso de agua, y buscar fórmulas para evitar la sobreexplotación en esta zona de equilibrio medioambiental tan complejo.
Plan de Publicidad y Comunicación Institucional 2012
El Consejo de Ministros ha aprobado el Plan de Publicidad y Comunicación Institucional de la Administración General del Estado para 2012 que prevé una inversión de 35,3 millones de euros, lo que representa una reducción del 56% respecto lo planificado el año pasado. Si se tiene en cuenta la inversión en publicidad comercial, la suma prevista alcanza los 137,5 millones de euros, un 38,2% menos que en 2011.
La vicepresidenta del Gobierno ha anunciado que se pondrán en marcha 61 campañas, de las cuales 40 afectan a los Ministerios de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente; Educación Cultura y Deporte; Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad; y Fomento.
El Plan, según Sáenz de Santamaría, asume los principios de austeridad y racionalización pero también de información y transparencia.
Dinero electrónico
El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto que establece el régimen jurídico de las entidades de dinero electrónico. La vicepresidenta ha señalado que se garantiza a los usuarios la debida transparencia en un sector clave para el desarrollo económico. Se regula la autorización, los registros, los requisitos y la organización de este tipo de entidades, así como el régimen de actividades transfronterizas que tienen que ser comunicadas al Banco de España.
Asuntos de actualidad
Preguntada por la posición del Banco Central Europeo, expresada en la reunión celebrada ayer en Barcelona, la vicepresidenta ha afirmado que el reconocimiento del BCE sobre el proceso de reformas llevadas a cabo por el Gobierno sirve de "acicate" para proseguir con los cambios en el sector financiero y resolver las dudas sobre los activos inmobiliarios.
Respecto a la forma en que el Gobierno va a armonizar la política de ajustes en las comunidades autónomas, Sáenz de Santamaría ha anunciado que el 16 de mayo se reunirá el pleno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, y ha subrayado que "al margen de las decisiones de cada Comunidad, hay un objetivo común: sacar a España de la crisis y crear empleo".
Sobre los datos del paro conocidos hoy, la vicepresidenta ha sostenido que el Gobierno "no se conforma con esas cifras, ni le lleva a la relajación, ni a la complacencia" porque hay que seguir trabajando.
En respuesta al anuncio de la posible liberalización del sector transporte, la vicepresidenta ha adelantado que el Ministerio de Fomento está trabajando en distintas reformas para ganar en eficiencia en la prestación de ciertos servicios públicos. "No se han abordado esos asuntos pero se han abordado asuntos de reordenación en el ámbito portuario y medidas para garantizar mayor seguridad jurídica en ámbitos como vivienda y alquiler", ha añadido.
En relación con la expropiación de Red Eléctrica de Bolivia, la vicepresidenta ha afirmado que "las decisiones pueden ser populistas pero acaban siendo impopulares" porque afectan al bienestar de sus ciudadanos y a los servicios públicos básicos. La empresa se ha mostrado dispuesta a trabajar con las autoridades bolivianas y el Gobierno "estará muy vigilante" para que se pague el precio adecuado.
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