El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, ha reiterado hoy al consejero de Presidencia y Justicia del Gobierno de La Rioja, Emilio del Río, que serán las comunidades autónomas las encargadas de decidir la organización de los juzgados que consideren más conveniente en su territorio porque “es una decisión que afecta a su organización territorial y política”, tal y como ya avanzó el pasado 25 de abril al presidente del Gobierno de La Rioja.

Gallardón y Del Río han mantenido esta mañana un encuentro de trabajo en el Ministerio, que se enmarca en la ronda de reuniones que está manteniendo el ministro del ramo con los responsables de Justicia de las comunidades autónomas.

Como se recordará, el jefe del Ejecutivo riojano, Pedro Sanz, anunció el pasado miércoles 25 de abril que había alcanzado un acuerdo con el ministro de Justicia para que las circunscripciones judiciales “se queden como están tanto por motivos de cohesión y vertebración territorial como por sus efectos socioeconómicos” y no se vean modificadas con la aprobación de la nueva Ley de Planta Judicial, por lo que los juzgados de Calahorra y Haro no se verían afectados.

En la reunión celebrada esta mañana, que se ha desarrollado en un clima de absoluta cordialidad y colaboración, Gallardón y Del Río han abordado los compromisos establecidos en el acuerdo complementario al traspaso de la competencia de Justicia al Gobierno de La Rioja, adoptado en el Pleno de la Comisión Mixta de Transferencias Administración del Estado-Comunidad Autónoma de La Rioja el 28 de diciembre de 2010.

Al respecto, Del Río ha informado al ministro sobre los trámites realizados de cara a la construcción del nuevo Palacio de Justicia, una vez adjudicados los trabajos de demolición del antiguo Hospital Militar y con la vista puesta en la próxima presentación del proyecto definitivo de construcción del nuevo complejo judicial.

Entre otros asuntos de interés en materia judicial, Gallardón y Del Río también han estudiado la conveniencia de implementar aplicaciones informáticas de gestión procesal para contribuir a dar mayor eficacia y eficiencia al sistema.

Ambos han coincidido en la importancia de acometer la modernización del sistema judicial, a fin de garantizar un servicio lo más ágil y eficiente posible. Un reto en el que el llamado ‘expediente digital’ será la pieza clave, ya que permitirá compartir la información de una forma más rápida entre las distintas jurisdicciones y agentes implicados