Trinidad Jiménez anuncia que los socialistas estudiarán la posibilidad de plantear un recurso ante el Tribunal Constitucional
Madrid.-La secretaria de Política Social del PSOE, Trinidad Jiménez, y el portavoz socialista de sanidad en el Congreso, José Martínez Olmos, han alertado hoy de las consecuencias de los recortes aprobados por el Gobierno en materia de sanidad, que han calificado como “la mayor agresión a la sanidad pública que hemos vivido en la historia de la democracia”.
Los socialistas rechazan un conjunto de medidas “terriblemente injustas”, que constituyen un “cambio de modelo”, y que, además, son “ineficaces”, porque “no van a lograr el objetivo de ahorro económico que plantean”, ni “van a garantizar la sostenibilidad de sistema sanitario”, ya que el único objetivo “es conseguir la reducción del déficit público”.
Jiménez considera “inaceptable” y de “extrema gravedad para el sistema público de salud” el Real Decreto aprobado por el Gobierno, que supone un cambio en el modelo de asistencia universal, financiado con cargo a los impuestos, por un modelo de aseguramiento, en el que sólo se puede acceder a la atención sanitaria pública si se cotiza a la Seguridad Social.
La dirigente socialista ha exigido al Gobierno que aclare cómo va a garantizar la asistencia sanitaria a los colectivos que, según el Real Decreto, “quedan en el aire”, no sólo extranjeros e inmigrantes, sino también, por ejemplo, los jóvenes mayores de 26 años que salen de la unidad familiar o las mujeres que se hayan divorciado, que no hayan trabajado ni cotizado a la Seguridad Social y tengan determinado nivel de renta.
También han criticado que el Real Decreto introduzca no solo el copago farmacéutico –“que ya nos parecía grave”-, sino también en otras prestaciones, como sillas de ruedas, collarines o muletas, así como en el transporte no urgente, que resulta imprescindible para algunos enfermos que tienen que someterse a determinados tratamientos. Asimismo, ha rechazado que se saque de la financiación pública algunos medicamentos para síntomas menores, que algunos enfermos toman diariamente y que, al quedar fuera del sistema público de salud, pueden subir de precio.
Finalmente, Jiménez ha afirmado que el PSOE –al igual que ha anunciado la Junta de Andalucía- estudiará la posibilidad de recurrir al Tribunal Constitucional este Real Decreto, por estimar que puede invadir competencias autonómicas y por las repercusiones que el cambio de modelo pudiera tener en el ordenamiento jurídico español.
Daño para la salud de las personas
Por su parte, el portavoz de sanidad del Grupo Socialista en el Congreso, José Martínez Olmos, ha subrayado el “daño para la salud de las personas” que pueden causar estas medidas, y se ha centrado en el caso de los enfermos crónicos polimedicados mayores de 65 años. Poniendo un ejemplo concreto, ha explicado que un pensionista que cobre 600 euros al mes y consuma un conjunto de medicamentos que cueste mensualmente 243 euros, tendrá que adelantar 24 euros mensuales para pagar el 10% de coste de los fármacos y solicitar posteriormente un reintegro de gastos, que puede tardar hasta 6 meses en recibir. “Los pensionistas no solo tendrán que anticipar este coste con cargo a su pensión todos los meses, sino que corremos el riesgo de que tomen decisiones de automedicación que pueden perjudicar su salud”, ha advertido.
Por otro lado, Martínez Olmos ha cuestionado “qué ética política” justifica que una Ministra de Sanidad, “cuya responsabilidad es asegurar la salud de todos” tome este tipo de medidas, “que dejan sin tratamientos de hemodiálisis, cáncer o sida” a determinados enfermos, como los inmigrantes
