Se generalizan precios ruinosos para explotaciones de gran importancia social, como el aceite o la leche, utilizados como productos reclamo en supermercados

Las marcas blancas copan ya más del 40% del consumo de alimentación, lo que permite a las grandes cadenas manejar el mercado agrario

La UE reconoce el problema, pero prosigue el proceso de liberalización

Por José Luis Gordillo/periodismohumano.-Buenas cosechas, en cantidad y calidad, a precios ruinosos. Es el binomio que provoca, año tras año, la bajada de las rentas de decenas de miles de agricultores y ganaderos españoles. Especialmente sangrante es el caso de explotaciones agrarias de gran trascendencia social en el mundo rural, como el aceite y la leche, utilizados como productos reclamo en la mayor parte de supermercados. Por eso, han sido ellos los primeros en movilizarse y echarse a la calle. La Unión Europea (UE) reconoce que la causa del problema es el poder que ejercen las grandes cadenas comerciales en el mercado agrario, imponiendo precios y condiciones gracias a que acaparan ya el 41% del consumo de alimentación a través de sus marcas blancas. Europa recomienda medidas para reequilibrar esta cadena, pero prosigue el proceso de liberalización del sector.

“El gran comercio no nos respeta, van a mordernos, y además con ansia, con avaricia”, exclama el agricultor Gregorio López, uno de los participantes en la primera gran movilización del campo español contra el poder que ejercen en el mercado agrario las grandes superficies. Se celebró el pasado 19 de marzo, cuando se concentraron en Jaén unos 10.000 olivareros procedentes de Andalucía, Castilla-La Mancha y Extremadura, convocados por todas las organizaciones agrarias. En el otro extremo del país, el Sindicato Labrego Galego viene organizando desde febrero protestas por el bajo precio de la leche. Sin embargo, desde la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED) se cita un informe de la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía en el que se niega una “posición de dominio” de las grandes superficies y se insiste en que todo funciona como “un mercado competitivo”. ¿Qué está pasando entonces?

Gregorio se lamenta de la situación mientras pasea por las afueras de Úbeda (Jaén), el municipio con el olivar más productivo del mundo. A pesar de ello, las calles ubetenses aparecen mortecinas los días de menor afluencia turística, lo mismo que ocurre en su vecina Baeza, ambas patrimonio de la humanidad por su pasado renacentista. Aún con este potencial turístico, el sector servicios por sí sólo no es capaz de tirar del carro del desarrollo rural. Necesita indefectiblemente de la agricultura, la ganadería y la agroindustria asociada, que en nuestro país proporcionan empleo a 1,2 millones de personas y mantiene a la población en el medio rural, el 90 por ciento de nuestro territorio. Sectores que, con el avance de la agricultura ecológica o la ganadería extensiva, contribuyen cada vez más a la lucha contra el cambio climático, y que además, son líderes en las exportaciones de España a terceros países, en innovación tecnológica y en investigación.

Cualidades que sin embargo pesan muy poco en la lógica implacable de la negociación de precios en origen, principal responsable de que la renta agraria haya bajado en España un 4,5 por ciento el año pasado. Lo señala el alcalde de Baeza,

Leocadio Marín, que fue también presidente del Patrimonio Comunal Olivarero y consejero de Agricultura de la Junta de Andalucía. España es el mayor productor y exportador de aceite de oliva, consiguiendo además las mejores calidades. Sin embargo, el 70% del aceite que consumen los españoles es de marcas blancas, utilizado frecuentemente como producto gancho por su bajo precio en las grandes cadenas de hipermercados y supermercados. De esta forma, “hay sólo cuatro grandes compañías que compran frente a 400 cooperativas en Jaén que venden”, una cifra que se eleva a 1.800 almazaras en toda España. La atomización de este sector le confiere un gran beneficio social en redistribución de rentas, pero también una enorme debilidad frente a la concentración de la gran distribución en unas pocas compañías que se pueden contar con los dedos de una mano.

“Hay un marcaje férreo a los márgenes del proveedor. Cada gran distribuidor negocia con decenas de productores, el precio lo ponen ellos, e incluyen los descuentos que le van a hacer al consumidor”, asegura Marín. “El comercio es insaciable, a mí una representante de una gran cadena me ha confesado que, si le vienen tres agricultores, averiguan a cuál de ellos le va económicamente peor y le aprietan al máximo las tuercas en el precio”, denuncia Gregorio López, que sufre en sus carnes esta dinámica perversa al ser copropietario, junto con sus hermanos, de 65 hectáreas de olivar de regadío. El umbral de rentabilidad del aceite de oliva virgen extra está en 2,49 euros el kilo, y este año se está pagando a 1,80, con lo que ni siquiera cubre los costes de producción. Consecuentemente los agricultores, especialmente los pequeños y medianos, “están comiéndose las reservas de años anteriores, refinanciándose y dejando de realizar labores en sus cultivos”, con la consecuente pérdida de empleos y de producción, señala López. Además, la supervivencia del olivar de menor rentabilidad, el que arraiga a la población a las zonas de montaña, está en serio peligro.

De forma muy diferente se ven las cosas desde ANGED. En su opinión, el precio del aceite no ha bajado como consecuencia de su utilización como “reclamo”, sino por las buenas cosechas acumuladas los últimos años, el excedente almacenado en almazaras y envasadoras, “el mayor de las seis últimas campañas”, aseguran, unido al mantenimiento del consumo en niveles estables y la excepcional cosecha de la actual campaña. Efectivamente, la cosecha de este año ha sido récord, con 1.570.000 toneladas, el doble que hace una década. Las exportaciones van creciendo vertiginosamente, hasta las 829.000 toneladas este año, pero ningún comprador foráneo está dispuesto a pagar ni un céntimo más que los nacionales por las 550.000 toneladas para consumo interno. El esfuerzo por abrir mercados fuera no redunda en el precio.

Además, la cosecha récord explica la caída de precios actual, pero no la persistencia durante años de niveles tan bajos como para no cubrir siquiera los costes de producción. “Lo venden a pérdidas, eso te lo aseguro yo, porque es un producto necesario y muy atractivo, y de paso el consumidor se lleva del supermercado otros productos en los que les ganan más margen, con lo que compensan”, explica José Ráez, presidente de la cooperativa ubetense La Carrera, que agrupa a 1.300 productores y vende a granell el 70 por ciento del aceite que elabora, mientras el resto lo utiliza para una marca propia que trata de hacerse hueco en la exportación a 13 países del mundo.

Otros sectores sufren el mismo hundimiento de precios que el aceite a pesar de que la producción está siendo menor de lo acostumbrada. Es el caso de la leche, donde las 5,1 toneladas producidas esta campaña por unos 20.000 ganaderos no llegarán a cubrir la cuota de 6,4 millones asignada por la UE a España para venta directa a industrias. El consumo interno es de 9 millones, por lo que nos vemos obligados a importar productos lácteos de Europa. Sin embargo, el precio para el productor sigue bajando, hasta apenas 0,33 euros el litro, y es aún más ruinoso en Galicia, que concentra el 50 por ciento de la producción nacional, lo que está dando lugar ya a movilizaciones. También aquí la cuota de mercado que alcanzan las marcas blancas en los super e hipermercados es del 70% del consumo final de leche, gracias a importes muy reducidos. Unos precios que, por extraño que parezca, el ganadero no conoce en el momento de vender su producción, ya que se fijan a posteriori.

Huesca. 2012 (Emilio Morenatti / AP)

La situación se reproduce en el sector hortofrutícola, donde España es líder mundial de exportaciones. La provincia con mayor producción de frutas y hortalizas es Almería. Desde allí, la Coordinadora Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) denunciaba el pasado mes de enero que las grandes cadenas de distribución estaban imponiendo rebajas en los precios de entre un 15 y un 20 por ciento sobre las cotizaciones de la campaña pasada, aprovechándose de circunstancias como la pasada epidemia de E.coli en Alemania. Desde ANGED contestan que la gran distribución “no participa en la formación de precios en orígen”, puesto que “ni tiene cuota suficiente como para mover el mercado (un 20 por ciento del consumo nacional de frutas y hortalizas, aseguran) ni participa en las alhóndigas, que es donde se fijan esos precios”.

Desde la distancia que proporcionan las instituciones europeas, los responsables comunitarios lo tienen muy claro. El comisario de Agricultura, el rumano Dacian Ciolos, ha asegurado en varias ocasiones que la caída de precios que sufre el aceite se debe al poder de negociación de la gran distribución, y no a ninguna otra perturbación en el mercado. Por su parte, el eurodiputado ponente del Parlamento Europeo sobre el sector lácteo, el conservador británico James Nicholson, señala en su informe la “creciente preocupación” por el poder de las grandes superficies, que presionan los precios a la baja en detrimento de los productores, por lo que el valor añadido “no se distribuye de forma uniforme a lo largo de la cadena”. Y los eslabones más débiles suelen ser los extremos: productor y consumidor.

La Comisión Europea aprobó en 2010 un documento en el que se proponían medidas para prevenir prácticas “abusivas”, como la “desigualdad en el poder de negociación”. Sin embargo, son medidas que no tocan la libertad de mercado, limitándose a incrementar la transparencia o controlar las ventas a pérdidas. En la práctica, Europa prosigue el proceso de liberalización de un sector con una tradicional tutela estatal, que poco a poco se va diluyendo. El precio de intervención del aceite desapareció de la legislación comunitaria hace más de una década, y ahora sólo queda como mecanismo de gestión de mercado las ayudas al almacenamiento privado, que fueron activadas el año pasado pero no han logrado frenar el hundimiento de los precios.

En la leche por su parte, la UE ha aprobado el contrato lácteo, que establece condiciones ente el ganadero y el industrial, como el pago en el momento de la compra, y no a posteriori, pero no fija un precio mínimo que garantice cubrir los costes. Antes al contrario, la UE planea la desaparición de las cuotas por países, lo cual es rechazado desde la COAG porque, según su secretaria general en Asturias, Mercedes Cruzado, “inundaría de leche los mercados y tiraría más por tierra los precios”.

¿La solución? Para muchos, como Leocadio Marín, es la concentración de la oferta, a fin de aumentar el poder de agricultores y ganaderos frente a las grandes superficies, siguiente así la estela de iniciativas como Tierra de Sabor en la leche de Castilla y León o de Interoliva Picual en el aceite andaluz. José Ráez objeta que los intentos de concentración no han fructificado hasta ahora y que, además, si se quiere pactar precios, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia puede impedirlo. “Competencia nos tiene asfixiados y nos prohíbe unirnos para fijar precios”, denuncia Luis Carlos Valero, de Asaja. Para Ráez, la alternativa pasa porque los productores lleguen a controlar también la venta al consumidor, especialmente en la exportación a países emergentes. Pero esto es también un proceso lento. Por eso, Gregorio López concluye que la única solución urgente pasa por la fijación de precios mínimos por parte de la Administración, algo radicalmente contrario a la liberalización rampante.

La propia Comisión de la Competencia vela por esa “libertad” del mercado y aunque reconoce el aumento del “poder negociación” de la gran distribución, no lo ve peligroso en cuanto al precio, sino por “determinadas prácticas comerciales usadas de modo general y simultáneo por los grandes distribuidores”. Según se cita en el reciente informe de Competencia sobre el sector alimentario, estas prácticas abusivas son los “pagos comerciales” (exigidos por las grandes superficies a los fabricantes de marca propia por la simple aparición en sus estantes), la no fijación por escrito de todas las condiciones contractuales y las modificaciones retroactivas no pactadas o no previstas, la excesiva antelación con la que los distribuidores solicitan información a los proveedores sobre determinadas características del producto, la exigencia a éstos de “información sensible” sobre sus relaciones comerciales con terceros y las cláusulas de cliente más favorecido.

Según la Comisión, todos estos “factores” que se dan en España “aumentan el riesgo de un efecto negativo del mayor poder de negociación de los distribuidores sobre la competencia y el bienestar de los consumidores en el largo plazo”. Fundamentalmente porque reducen la pugna entre marcas, con lo que se resiente la variedad y calidad de los productos, y desincentiva la innovación, ante el riesgo de copia.

Sin embargo, los consumidores, hasta ahora, se han visto favorecidos por el auge de las marcas blancas, al abaratarse su cesta de la compra. Ésa es al menos la sensación que percibe el comprador en cualquier supermercado. Entonces, la renta de agricultores y ganaderos, ¿se ha trasvasado a los consumidores? ¿O bien se ha quedado por el camino, en manos de intermediarios? Es cierto que, en los últimos dos años, el coste de la cesta de la compra en alimentación apenas ha subido un 0,2 por ciento, muy por debajo del IPC, según el Observatorio de Precios del Ministerio de Industria.

Sin embargo, el Índice de Precios en Origen y Destino (IPOD) que elaboran conjuntamente la COAG, la Unión de Consumidores de España (UCE) y la Confederación Española de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios (CEACCU), revela otros datos. A febrero de 2012, el precio de los alimentos en nuestro país se multiplica por cuatro en el camino entre productor y el consumidor. Curiosamente, no se incrementan más los precios de los productos que necesitan mayor transformación en esa cadena, como son las carnes, sino viceversa. Las diferencias más desorbitadas se dan en los alimentos que apenas sufren cambios entre el campo y la mesa, como la cebolla, cuyo precio se multiplica por veinte, el de la patata, por diez, o el del limón, por ocho. Durante estos años de crisis, además, ese diferencial se ha agrandado, pasando del 4,3 de 2008 al 4,6 actual. El campo español sigue dando beneficios, pero su reparto es cada vez más desigual