Los Presupuestos Generales del Estado para 2012 también establecen las relaciones financieras con las comunidades autónomas y las entidades locales. Montoro ha incidido en que "si ahora hay dudas, éstas conciernen especialmente" a las Administraciones territoriales. 

Según ha declarado el ministro, el Gobierno se ha ocupado desde el principio de las dudas sobre la viabilidad financiera de autonomías y entidades locales y su dificultad de acceder al crédito a través del desarrollo "sin cortapisas" del sistema de financiación autonómica. Así, se ha adelantado el 50% de las liquidaciones de los recursos del sistema y se ha aplazado hasta un máximo de 10 años el reintegro al Estado las deudas acumuladas por las comunidades autónomas "por la mala presupuestación que se hizo en los ejercicios 2008 y 2009". Todo ello se completa con el plan de pago a proveedores, que pondrá a disposición de las Administraciones territoriales más de 27.000 millones de euros.

Sin embargo, Montoro ha resaltado que no ha sido suficiente. Hay que garantizar que las comunidades cumplan con los objetivos de déficit por lo que, en virtud de lo que establece la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, de entrada en vigor inmediata, "se vigilará, se penalizará y se intervendrá a las autonomías incumplidoras".

Así, ya habrá un examen por parte del Consejo de Política Fiscal y Financiera,  que se convocará en la primera quincena de mayo, al que cada una de las comunidades autónomas tendrá que acudir con su plan económico-financiero. Dicho plan "será conocido por el Gobierno y por el resto de las comunidades, las instituciones comunitarias, los mercados y los acreedores, que también son los inversores, y será revisado por la Intervención General del Estado", ha anunciado el ministro. 
 
Si un plan no es aprobado en el próximo CPFF, se permitirá presentar uno nuevo en el siguiente CPFF que se convocaría con carácter inmediato y, en caso de no aprobarse por segunda vez, se activarán las medidas correctoras y coercitivas previstas en la Ley de Estabilidad.Más reformas

Además de resaltar las reformas estructurales ya emprendidas como la del sistema financiero, la del mercado de trabajo y la de la Administración Pública, el ministro de Hacienda ha anunciado que el Gobierno llevará a cabo más medidas de calado. El próximo viernes se aprobarán para su remisión a Bruselas el Plan Nacional de Reformas y el Programa de Estabilidad del Reino de España, que contendrá la corrección de los déficit públicos excesivos hasta llegar al 3% en 2013, "objetivo irrenunciable".

Montoro ha insistido en que no podemos dejar de cumplir el objetivo de déficit del 5,3% del PIB este año ni el del 3% del año que viene. Ha recordado que el endeudamiento del sector privado creció en la pasada legislatura hasta niveles desorbitados y que el Gobierno anterior agravó la situación apalancando aún más al sector público. Sin embargo mientras el sector privado ya ha hecho sus ajustes (ver gráfico), las Administraciones públicas aún tienen pendiente los suyos.

Para evitar males mayores, el ministro ha subrayado el enorme ajuste llevado a cabo en los Presupuestos de 2012. Si se tiene en cuenta el conjunto de partidas comprometidas de gasto, el esfuerzo fiscal llega al 2,5% del PIB, que equivale a 27.300 millones de euros. De esa cantidad, el 1,7% del PIB son reducciones de gasto, y el 0,8% restante, incremento de ingresos a través de medidas fiscales. Además, "se ha seleccionado en todo momento donde hacer los ajustes y donde recaudar más".

Por el lado de los gastos, cerca del 40% de las medidas de ajuste ya están en vigor desde la aprobación del acuerdo de no disponibilidad del pasado mes de diciembre. Montoro ha destacado cómo los departamentos ministeriales cuentan con una reducción media en su presupuesto del 16,9%, es decir 13.406 millones de euros menos en total. Los gastos corrientes caen un 10,7%; las transferencias de capital, un 46,7%; y las inversiones reales, un 19,6%. En algunos ministerios el ajuste llega a 54,4% en el caso de Asuntos Exteriores, y del 31,9%, en Industria.

No obstante, se mantiene el gasto en las políticas prioritarias del Estado de Bienestar de tal forma que no se recortan derechos a los ciudadanos que ya estén adquiridos. Así, "se actualizan y elevan las pensiones, se mantiene el sueldo a los funcionarios y las prestaciones por desempleo, no sin haber hecho un ajuste importante en las políticas activas de empleo", dada la fatal de idoneidad demostrada en los últimos años. En su conjunto, Montoro ha destacado que estas actuaciones permitirán este año mantener la renta de entre 13 y 14 millones de ciudadanos, en plena crisis económica.

El ministro ha resaltado también que la financiación presupuestaria para el desarrollo de las infraestructuras seguirá siendo muy importante y será complementada con otras fuentes de financiación como el recurso a mecanismos de colaboración público-privados, equilibrados y viables.

En materia de I+D+I, se reduce en 422 millones la aportación al CDTI pero se reorientan, a cambio, los recursos hacia las empresas, particularmente las pymes responsables de la innovación y la creación de empleo. Además, se mantienen intactos los programas de ayuda esenciales para la formación de la comunidad científica.

En educación, se reducen las transferencias en 532 millones pero se excluyen las becas, partida que seguirá siendo prioritaria. En sanidad los ajustes se han hecho tratando de reconducir una desviación económica heredada del anterior Gobierno que dejó una deuda sanitaria que supera los 20.000 millones de euros.

Por el lado de los ingresos, el ministro ha destacado que las medidas de consolidación fiscal supondrán un aumento de 12.300 millones, sin los cuales la recaudación sufriría un descenso, habida cuenta del entorno contractivo. El gravamen complementario en el IRPF "permitirá una distribución más equitativa" del esfuerzo fiscal. A su vez, las grandes empresas contribuirán con un aumento de su tributación efectiva. Montoro ha subrayado también la limitación de los gastos deducibles de las sociedades, "que contribuirá a reducir su apalancamiento financiero".  Por último, el programa extraordinario para regularización de rentas ocultas, en línea con las recomendaciones de la OCDE, permitirá elevar los ingresos y agrandar las bases imponibles de los impuestos.

Las cifras de ejecución presupuestaria, tanto de ingresos como de gastos, irán adaptándose progresivamente al objetivo de estabilidad aprobado para este año.

En todo caso, el ministro ha insistido en que el Gobierno va a cumplir con el objetivo de déficit fiscal y con los compromisos adoptados con la Unión Europea, por muy difícil que sea la coyuntura y muy grande que sea la magnitud del esfuerzo. En este sentido, ha destacado la capacidad que tiene España para sacar adelante sus objetivos en coyunturas complejas y ha subrayado que "España habrá hecho en 2013 un gran cambio con la eliminación del déficit estructural". Ello garantiza que los servicios públicos no dependerán de los ingresos directamente relacionados con el ciclo económico.
 
 "Somos un gran país y seremos capaz de hacer frente a nuestras tareas, ya lo hemos demostrado en los años noventa. Ahora el punto de partida es diferente, con una gran deuda externa pero, a la vez, tenemos una renta per cápita que dobla la de aquellos  años, un 50% de ocupados más y una inversión en el exterior que alcanza el 46% del PIB", ha recalcado, señalando que "los Presupuestos más austeros de la Democracia abren también la puerta a la recuperación de la confianza"