El secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferre, defendió hoy la estrategia de consolidación fiscal y reducción del déficit público, incluida en los Presupuestos Generales del Estado para 2012 como instrumento fundamental para recuperar la confianza de los mercados y las instituciones en la economía española.
En su intervención en el Foro Cinco Días, Ferre destacó que la consolidación fiscal junto con el saneamiento financiero y la mejora del acceso al crédito son ahora claves para recuperar la credibilidad perdida e impulsar la reactivación económica. Todo ello se encuentra encuadrado en un conjunto de reformas estructurales que seguirán desarrollándose en los próximos meses.
En un entorno de debilidad de la demanda interna, se ha optado por articular de manera temporal un programa extraordinario de activos ocultos que contribuya a generar ingresos sin dañar el consumo. Este programa, no sólo supondrá unos ingresos adicionales inmediatos que contribuirán a la reducción del déficit público hasta el 5,3% del PIB sino que procurará ingresos continuados en el futuro al atraer de forma permanente a sujetos que hasta ahora no contribuyen al sostenimiento del gasto público, a diferencia de otros procesos de regularización anteriores.
Ferre recordó que Hacienda trabaja para publicar en "muy breve plazo de tiempo" la orden ministerial que desarrolla el modelo de declaración de estas rentas, con todos sus requisitos. "Por las preguntas que nos formulan asociaciones y asesores de todo tipo estamos detectando ya que hay un notable interés, tanto por el plan de regularización de rentas ocultas como por las medidas de intensificación en la lucha contra el fraude que lleva acompañadas", dijo.
Respaldo de Saint-Amans
El programa de afloración de activos ocultos finaliza el 30 de noviembre. Hacienda prevé recaudar por ellos 2.500 millones de euros gracias al pago del 10% del valor de rentas afloradas que lleva aparejada la medida. La previsión de ingresos extraordinarios está basada, según Ferre, tanto en la información sobre procesos semejantes de países del entorno como Italia, como de fuentes procedentes de entidades de crédito extranjeras. El citado plan de regularización que acaba de aprobar el Gobierno ha recibido ya el respaldo del director del Centro de Política y Administración Tributaria de la OCDE, Pascal Saint-Amans.
El secretario de Estado valoró también la creación de una nueva obligación de informar sobre cuentas y valores situados en el extranjero, que llevará implícito un régimen sancionador peculiar en el que destaca la imprescriptibilidad de las deudas tributarias asociadas a tales cuentas.
Por otro lado, Ferre deseó el máximo apoyo de los partidos políticos a los Presupuestos Generales del Estado de 2012, cuyo debate de totalidad se inicia mañana en el Congreso de los Diputados. "Es de desear que se sumen el mayor número posible de formaciones, sobre todo las que hasta ahora han apoyado otras normas como la ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria", dijo. En este sentido, resaltó que cuanto más apoyo parlamentario se reciba mayor será el mensaje claro que se de a los mercados de apuesta por la consolidación fiscal. No obstante, avisó que la no adhesión a los Presupuestos no detendrá la obligación que tiene el Gobierno de aprobar unas cuentas públicas que cumplan con lo comprometido ante la Unión Europea.
El secretario de Estado indicó también que la consolidación fiscal debe ir acompañada de estímulos a la actividad económica. Aun así consideró excesivo atribuir las últimas caídas bursátiles exclusivamente a los ajustes presupuestarios. En este sentido, tildó de "exageradas" las afirmaciones de que la consolidación fiscal va a anular cualquier viso de crecimiento económico. Ferre recordó que las medidas aprobadas por el Gobierno procuran dañar lo mínimo posible al consumo. E insistió en que una subida del IVA no es pertinente este año, ya que dañaría la recuperación económica.
Proveedores y mercado laboral
Ferre hizo hincapié en otras medidas aprobadas en los últimos meses como el mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de entidades locales y comunidades autónomas que supondrá una inyección de liquidez al sistema cercana a los 30.000 millones de euros.
En relación al mercado de trabajo, destacó la deducción fiscal de 3.000 euros por la contratación del primer desempleado menor de 30 años y diversas bonificaciones de las cuotas a la Seguridad Social, incluidas en la reforma laboral para mejorar la contratación y el apoyo a los emprendedores
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