El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, se ha reunido por primera vez con la vicepresidenta de la Comisión Europea, comisaria de Justicia, Derechos Fundamentales y Ciudadanía, Viviane Reding. Durante el encuentro, el titular de Justicia ha pedido a Reding introducir en el paquete de protección de datos en el que trabaja la Unión Europea una fórmula que permita el acceso a los datos que contribuyan a determinar la filiación natural de una persona.

Es uno de los compromisos que adquirió Ruiz-Gallardón durante la reunión que mantuvo el pasado día 12, junto a los ministros de Interior y Sanidad, Jorge Fernández y Ana Mato, y el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, con representantes de asociaciones de afectados por los casos de niños robados. El objetivo es introducir una enmienda en la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo para incluir una excepción a la prohibición general de cesión de datos a terceros siempre y cuando lo que se pretenda es averiguar la filiación natural.

Para ello, el ministro ha expuesto a la comisaria con todo lujo de detalles cómo se producían los hechos denunciados por los afectados y los cambios que, en opinión de Justicia, debe incluir el reglamento que se encuentra en tramitación para poder dar una respuesta jurídica y social a la legítima pretensión de conocer el origen de una persona y, con ello, su identidad y familia.

Reding ha mostrado al ministro su apoyo a las reformas emprendidas por el Gobierno, en concreto, las anunciadas por Justicia para mejorar la seguridad jurídica e incentivar la recuperación económica. Se trata de un objetivo en línea con la búsqueda de apoyos que realiza la propia comisaria europea entre los Estados miembros con el objetivo de potenciar el Mercado Único mediante la eliminación de barreras administrativas y legislativas que puedan dificultar las transacciones y así sacar a la Unión Europea de la crisis lo antes posible.

Entre los asuntos abordados en materia penal figura crear un exhorto europeo para facilitar las investigaciones entre distintos países y reforzar no sólo los derechos procesales de los sospechosos y los acusados, sino también de las víctimas de delitos. A los primeros, mediante la regulación de derechos de interpretación y traducción, a la información de su imputación, a la asistencia letrada y justicia gratuita, y de comunicación con terceras personas en caso de detención.

En cuanto a las víctimas, se prevé que los Estados cuenten con servicios de atención a ellas y a sus familiares, en los que trabajen profesionales con formación especializada y que presten una especial atención a las consideradas vulnerables