Agentes de la Policía Nacional han detenido en Albacete a un empresario como presunto responsable de más de 300 delitos de falsedad documental y estafa. Facilitó, a cambio de entre 400 y 1.200€, contratos falsos a 289 supuestos trabajadores para obtener prestaciones por desempleo.

La mercantil de la que era administrador único no tenía ninguna actividad real y tuvo una vida de seis meses, durante los que no cotizó por ninguno de sus pretendidos empleados. El propio empresario fue también perceptor durante ocho meses de la Renta Mínima de Inserción -destinada a personas y familias sin recursos-, al tiempo que gestionaba varias sociedades que, en conjunto, acumularon 2,6 millones de deuda con la Seguridad Social.

Por otro lado, en una investigación desarrollada sobre una sociedad de Salamanca, han sido arrestadas cinco personas e imputadas dos más también relacionadas por una empresa sin actividad que simuló 12 relaciones contractuales que defraudó más de 80.000 euros a la Seguridad Social.

A estas operaciones se suma una tercera actuación en Guadalajara que se ha saldado con dos detenciones como presuntos responsables de tres delitos contra la Seguridad Social, insolvencia  punible y falsedad documental. El grupo empresarial acumulaba deudas por impagos de las cuotas obreras que superaban 1.750.000 euros.

Una deuda a la Seguridad Social de 2.670.455,00 €

La investigación desarrollada en Albacete comenzó a raíz de informaciones recibidas a través de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Valencia, cuando tuvieron conocimiento de las irregularidades cometidas por parte de una persona que ostentaba el cargo de administrador y socio único de una sociedad mercantil. La vida laboral de la empresa inició su actividad en febrero de 2011 y la finalizó en julio del mismo año. Desde el comienzo de sus movimientos, la empresa en ningún momento ingresó las cuotas correspondientes a los seguros sociales de los trabajadores dados de alta, ascendiendo su deuda a 122.500€. Además incurrió en multitud de anomalías tales como no presentar los documentos de cotización para su sellado, no disponer de facturas, no efectuar ningún tipo de declaración,  IRPF, Impuesto de Sociedades, IVA ni ningún tipo de declaración informativa de operaciones con terceros.
 
La principal finalidad de los falsos contratos consistía en el acceso a distintas prestaciones y subsidios para personas desempleadas, aunque las simulaciones de contrato también eran utilizadas para la obtención de permisos de trabajo y residencia por parte de ciudadanos extranjeros que se encontraban en situación irregular en España.

Hasta el momento se ha detectado que 24 de los falsos trabajadores han sido beneficiarios de prestaciones por desempleo obtenidas en base a la supuesta vinculación laboral con la mercantil. De éstos, 10 han sido arrestados por un delito de falsedad y estafa cada uno y el administrador único detenido como presunto responsable de 289 delitos de falsedad documental y 24 más de estafa.

Los investigadores continúan las pesquisas sobre otras empresas creadas anteriormente por el detenido y que podrían haber sido usadas con las mismas intenciones, dado que en conjunto generaron una deuda a la Seguridad Social de 2.670.455,00 €. De hecho, al tiempo que gestionaba diversas sociedades, el principal investigado percibió durante ocho la Renta Mínima de Inserción -destinada a personas y familias sin recursos.

Cinco detenidos en Salamanca y dos en Guadalajara

Agentes de la Policía Nacional han desarrollado asimismo otra actuación sobre una empresa afincada en Salamanca también implicada en un fraude de 80.638€ a la Seguridad Social. La operación ha culminado con dos personas detenidas a las que se les imputan delitos de insolvencia punible, falsedad documental y estafa. Las actuaciones supuestamente fraudulentas de la empresa afectaban a 12 trabajadores, de los que seis percibieron prestaciones por desempleo por importe de 57.625,34 euros.

Por último, en una tercera investigación policial finalizada en Guadalajara, los investigadores han destapado un fraude a la TGSS de más 1.756.000 euros generados por un grupo empresarial por impagos de las cuotas obreras. El administrador de las mercantiles, presuntamente, se colocó en situación de insolvencia mediante el cierre y apertura de nuevas sociedades, a medida que estas se endeudaban. Dos personas han sido detenidas.

Estas operaciones han sido llevadas a cabo por la Brigada de Delincuencia Económica adscrita a la UDEF Central de la Comisaría General de Policía Judicial, con la colaboración de la Brigada provincial de Policía Judicial de Albacete