Estas declaraciones son los siguientes

José Manuel García Margallo

El Gobierno condena con absoluta energía la arbitraria decisión del Gobierno de la República Argentina de expropiar las acciones que Repsol tiene en en la mercantil YPF.

En segundo lugar, el Gobierno constata que esta medida arbitraria rompe el clima de cordialidad y amistad que tradicionalmente ha presidido las relaciones entre Argentina y España. Recuerda que España acudió en socorro de la República Argentina cuando la Argentina atravesaba sus peores horas.
 
En tercer lugar, señala el Gobierno que esta medida quiebra el acuerdo verbal al que llegaron en Buenos Aires el día 28 de febrero: de una parte, el ministro Soria por parte del Gobierno español; de otra, los ministros De Vido y Lorenzini por parte de la República Argentina. En este acuerdo se decidió que los posibles contenciosos entre Repsol YPF y el Gobierno de Argentina se decidirían por la vía del diálogo y de la negociación, que es lo normal, la regla habitual, entre países amigos como Argentina y España.

En cuarto lugar, el Gobierno anuncia que adoptará todas las medidas que considere convenientes en defensa de los intereses legítimos de Repsol y de todas las empresas e intereses españolas en el exterior. Recuerda que la medida perjudica, especialmente, a millones de pequeños accionistas que tenían depositados sus ahorros en la compañía Repsol. El Gobierno se ha puesto en contacto con la Comisión y las instituciones europeas dándoles cuenta de esta arbitraria decisión y ha pedido que, por vía de urgencia, se discuta esta medida en el pleno que está teniendo lugar en Estrasburgo.

En último lugar, el Gobierno quiere señalar que esta medida es extraordinariamente lesiva para el pueblo argentino. Esta arbitraria decisión quiebra el clima de confianza necesario para traer los ahorros y las inversiones que Argentina necesita para crecer y salir de la situación en la que se encuentra. Una pésima decisión para España, una pésima decisión para Argentina y una malísima noticia para la seguridad jurídica que debe regir entre los países amigos y aliados.

José Manuel Soria

La decisión es, además, una decisión discriminatoria, tanto desde el punto de vista de quienes son socios de YPF, como desde el punto de vista de quienes son operadores en materia de hidrocarburos en Argentina.

Es discriminatoria respecto a otros operadores, porque se anuncia una ley de nacionalización del sector, pero sólo se adoptan medidas en relación con una empresa, que es la empresa YPF, de la cual Repsol, empresa española, es la legítima propietaria de la mayoría de las acciones. Pero es discriminatoria también respecto al propio accionariado de YPF donde, aparte de Repsol, hay otros accionistas argentinos, respecto a los cuales la decisión de nacionalización nada dice. Por tanto, doblemente discriminatoria.

Además, es una decisión que incumple el acuerdo verbal al que el pasado 28 de febrero llegamos ambos Gobiernos, representado el Gobierno de Argentina por sus ministros de Planificación y de Economía, y por mí mismo como ministro del Gobierno de España; acuerdo que establecía que cualquier tipo de diferencia en relación con la empresa YPF debía ser resuelta amistosamente por los grupos de trabajo que ambos Gobiernos constituían.

A la vuelta de aquel desplazamiento que hice a Argentina, y donde había otros miembros de la Administración y del Gobierno de España, como eran el secretario de Estado de Energía y el director general de la Oficina de Información Diplomática, acompañados de miembros de la Embajada de España en Buenos Aires; a la vuelta de aquel viaje contacté nuevamente, por escrito, con el Gobierno de Argentina para pedir que se fijara día y hora para el inicio de las conversaciones. Nunca hubo respuesta.

Esta decisión no sólo afecta a una empresa aisladamente considerada, sino que afecta a los miles de accionistas que son propietarios también de acciones de la empresa Repsol y que suponen inversiones de los ahorros de esos inversionistas españoles.

Por tanto, es una decisión también contra los accionistas de la empresa Repsol y, tal y como dijimos en su día, en términos generales, cualquier gesto de hostilidad en contra de una empresa española en el resto del mundo el Gobierno de España la interpreta como un gesto de hostilidad contra España y contra el Gobierno.

La decisión que en el día de hoy ha tomado el Gobierno argentino anunciando la nacionalización de una parte importante, de la mayoría, de las acciones de Repsol en YPF es una decisión hostil contra Repsol; por tanto, contra una empresa española y, por tanto, contra España y el Gobierno de España. El Gobierno de España actuará en consecuencia y en consecuencia significa que ya desde esta misma tarde el Gobierno de España está trabajando en medidas en relación con esta decisión, que serán dadas a conocer a lo largo de los próximos días.