El Presidente de la Autoridad Portuaria de Gijón, ante las manifestaciones vertidas en la prensa regional por Severino García Vigón, consejero de la entidad -como representante de las organizaciones empresariales, por su condición de presidente de FADE- desea resaltar las siguientes consideraciones.
En primer lugar, la Autoridad Portuaria de Gijón recuerda que Severino García Vigón forma parte de su Consejo de Administración desde septiembre de 2007, por lo que debería conocer los acuerdos tomados en él, desde que en ese mismo año -en el mes de octubre- se dieran a conocer los sobrecostes de la obra de Ampliación; de hecho, las Actas así recogen tanto su presencia como su respaldo a las decisiones tomadas.
Los citados acuerdos, sin embargo, sólo fueron conocidos por el actual presidente de la APG, Emilio Menéndez Gómez, a partir de su incorporación a la entidad, en julio de 2011. Por ese motivo, sorprende que Severino García Vigón diga ahora: “quiero dar la señal de alarma”, como si las causas de que “no se aguanta una subida de tasas del 30%” -en palabras del presidente de FADE a la Prensa- fueran nuevas, inesperadas o incluso desconocidas para quien representa la Presidencia de los empresarios de Asturias.
El Presidente de la Autoridad Portuaria de Gijón manifiesta, por tanto, su sorpresa por la falta de responsabilidad que demuestra el consejero García Vigón al no ser consciente de a dónde podían llevar -y han llevado- las decisiones tomadas en los Consejos de Administración, desde su incorporación en septiembre de 2007, coincidentes con buena parte de las gestiones socialistas desde el año 2004.
El señor Garcia Vigón no recuerda, no quiere recordar o prefiere olvidar que -sin poder evitar su participación en la gestión de la anterior Presidencia portuaria, como consejero- optó por no asistir al pasado Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Gijón, celebrado en sesión ordinaria el pasado 29 de febrero de 2012, delegando su voto.
En el citado consejo, los consejeros fueron informados sobre la grave situación económico-financiera de la entidad -causada por la necesidad de haber tenido que asumir los sobrecostes y la amortización de la obra de ampliación en su cuenta de resultados del ejercicio de 2011-, sin tomar decisión alguna al respecto de las tasas.
El Presidente de la Autoridad Portuaria de Gijón, Emilio Menéndez Gómez ya venía recordando que “la grave situación económica por la que atraviesa el puerto está causada tanto por la mala gestión del equipo gestor socialista anterior como por tener que afrontar los sobrecostes heredados de la obra de Ampliación del Puerto y consiguiente amortización financiera”, necesaria tras la obligatoria incorporación del inmovilizado material a los activos de la APG una vez han sido recepcionados y por tanto susceptibles de entrar en explotación, de modo especial el dique de abrigo.
Entre estas CAUSAS, que han generado la actual situación económico-financiera destacan las siguientes:
1. La obra de ampliación se llevó a cabo en base a un estudio totalmente falso de la realidad al prever un movimiento de más de 30 millones de Tm de graneles sólidos, cuando en la actualidad no se sobrepasan los 10 millones.
2. Los sobrecostes generados por la obra de ampliación ascendieron a más de 260 millones de euros, una deuda que lamina la proyección financiera de la APG.
3. Los anteriores gestores socialistas de la Autoridad Portuaria de Gijón, a pesar de ir visualizando el endeudamiento progresivo del puerto, no modificaron las tasas al alza durante los últimos 10 años, situación que hubiera posibilitado ir re-equilibrando la demoledora situación financiera en que se encuentra el puerto.
4. Desde la aprobación del crédito con el ICO, en febrero del año 2010 la Autoridad Portuaria de Gijón se encuentra intervenida por el Ministerio de Fomento -a través de la Comisión de Seguimiento fijada por Puertos del Estado-, para asegurar que es capaz de atender sus pagos y mantener su sostenibilidad en una situación de ingresos muy deficiente y unos elevados compromisos financieros que reducen las opciones en la toma de decisiones de los siguientes Consejos de Administración de la APG.
Todas estas causas son las que han generado una situación insostenible desde el punto de vista financiero del Puerto de Gijón.
Consecuencia de las citadas causas, la actual Dirección de la APG ha heredado un endeudamiento de 465 millones de euros, en unos gastos financieros de más de 16 millones de euros -en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2011- y en unos intereses adicionales acumulados de 7 millones de euros, consecuencia de contratos SWAP inadmisibles en una administración pública. A todo esto, hay que añadir los 6 millones de euros invertidos en la compra de terrenos en el Alto de Aboño para rellenos de la obra de ampliación, que nunca fueron utilizados; importe tirado a la basura.
Por tanto, cualquier decisión que pudiera tomarse al respecto de las tasas debe de ser contemplada desde la irresponsabilidad de la gestión socialista anterior, que es la única responsable de la situación que ha heredado la Autoridad Portuaria de Gijón, llevándola a una situación económicamente difícil de sostener, realidad de la que Severino García Vigón ha sido copartícipe como consejero de la entidad desde el año 2007.
De esas CAUSAS -que Severino García Vigón, consejero de la APG, como presidente de FADE, no puede desconocer- a nadie puede extrañarle la reciente decisión del Ministerio de Fomento de establecer unos coeficientes correctores de las tasas para la APG del 1,3, según el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2012 (PGE 2012), recogidos en el art. 78
El presidente de la Autoridad Portuaria de Gijón, Emilio Menéndez Gómez, desea manifestar que “ni yo ni el Gobierno regional que me nombró somos responsables de estas decisiones que han llevado al Puerto de Gijón a la situación dramática en que se encuentra, para hacer frente a sus obligaciones financieras. Todo empresario -incluso el representante de las organizaciones empresariales regionales- sabe que las deudas, también las heredadas, hay que pagarlas. Y la Autoridad Portuaria de Gijón, también ha de pagar las suyas. De los 465 millones de endeudamiento, éstos generarán unos gastos en 2018 de cercanos a los 20 millones de euros entre las amortizaciones de los préstamos y los intereses financieros, que suponen un 40% del presupuesto de la Autoridad Portuaria”.
Por otra parte el Presidente de la APG manifiesta su sorpresa al tener que recordar al Presidente de FADE que: “no debería de confundir las pérdidas contables con las necesidades de liquidez, producidas en este momento por una estructural caída de tráficos; ya que como bien sabe, en el 2011 no se han alcanzado los 15 millones de toneladas”.
(Comunicado)
