Durante el encuentro, Alberto Ruiz-Gallardón anunció la creación de un grupo de trabajo, que coordinará el Ministerio de Justicia, en el que intervendrán también Interior y Sanidad, así como los vocales que designará para ello la Fiscalía General del Estado.

Entre las medidas concretas propuestas por Justicia destaca la de realizar un censo completo de posibles afectados, lo que permitirá concretar la dimensión real del problema. Para ello se facilitará un modelo de ficha que cada afectado deberá completar para ser incorporada a un archivo en el que se incluirá su identidad, domicilio y lugar de nacimiento o parto, así como en qué fecha y centro sanitario tuvo lugar. Incluso si sobrevive o no la persona que hasta ahora se considera progenitora y los datos que se dispongan de ella.

En esas fichas se dará el consentimiento necesario para remitir al Ministerio de Sanidad los datos relativos al nacimiento o parto, y así proceder a su cruce con los que constan en la historia clínica o en cualquier otro documento en poder de los centros sanitarios. Con este objetivo, Sanidad instará la colaboración de los Servicios Autonómicos de Salud y de los centros que dependan de ellos.

El departamento de Justicia también asumirá la adopción de las medidas necesarias para facilitar la obtención de determinados datos del Registro Civil, como nacimientos y posibles fallecimientos de recién nacidos anotados en los últimos 50 años.

Para facilitar la obtención de conclusiones a partir del cruce de datos aportados por los interesados, Justicia diseñará un catálogo de servicios que prestará el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (INTF), como la verificación de los análisis de ADN que hayan podido hacerse los interesados en laboratorios privados. Esto supone un importante avance ya que hasta ahora el INTF sólo actuaba al servicio de jueces y fiscales.

Además, el Ministerio de Justicia instará al Gobierno a introducir en la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, ahora en tramitación, algún tipo de enmienda que facilite el tratamiento de los datos sanitarios y su acceso a ellos cuando el objetivo sea determinar la filiación natural.

Ante la imposibilidad de crear oficinas de atención a las víctimas especializadas en esta materia, se impulsará su atención en las que ya existen, tanto las que dependen del Estado como de las Comunidades Autónomas.