Gijón.- La Autoridad Portuaria de Gijón recordó el miércoles que las causas que generan la actual situación económico financiera de la entidad, en las que se basa la entidad Puertos del estado para imponer desde Madrid un desorbitante aumento de tasas y tarifas que impedirán nuevamente a El Musel competir en el mercado internacional, beneficiando así a los puertos de Bilbao y A Coruña, se originan "tanto por la mala gestión del equipo gestor socialista anterior como por tener que afrontar los sobrecostes heredados de la obra de Ampliación del Puerto y consiguiente amortización financiera”.
Las CAUSAS que generan la actual situación, señala el organismo en un comunicado, ya fueron trasladadas al Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Gijón, celebrado en sesión ordinaria el pasado 29 de febrero de 2012.
En él, los consejeros fueron informados sobre la grave situación económico-financiera de la entidad -causada por la necesidad de haber tenido que asumir los sobrecostes y la amortización de la obra de ampliación en su cuenta de resultados del ejercicio de 2011, sin tomar decisión alguna al respecto de las tasas-.
El Presidente de la Autoridad Portuaria de Gijón, Emilio Menéndez Gómez ya recordaba entonces que “la grave situación económica por la que atraviesa el puerto está causada tanto por la mala gestión del equipo gestor socialista anterior como por tener que afrontar los sobrecostes heredados de la obra de Ampliación del Puerto y consiguiente amortización financiera”.
Las pérdidas que se han producido en el Puerto de Gijón durante el pasado ejercicio 2011 y que penalizan su rentabilidad son consecuencia de la incorporación al inmovilizado de la obra de ampliación del Puerto, una vez que esta ha sido ya recepcionada y entregada al uso público, con la puesta en servicio para su explotación.
Así, entre las CAUSAS, las tres principales que han generado la actual situación económico-financiera son las siguientes:
- La obra de ampliación se llevó a cabo en base a un estudio totalmente falso de la realidad al prever un movimiento de más de 30 millones de Tm de graneles sólidos, cuando en la actualidad no se sobrepasan los 10 millones.
- Los sobrecostes generados por la obra de ampliación ascendieron a más de 260 millones de euros, una deuda que lamina la proyección financiera de la APG.
- "Los anteriores gestores socialistas de la Autoridad Portuaria de Gijón, a pesar del endeudamiento progresivo del puerto, no modificaron las tasas al alza durante los últimos 10 años, situación que hubiera posibilitado ir re-equilibrando la demoledora situación financiera en que se encuentra el puerto".
Una deuda de 465 M€
A consecuencia de las citadas causas, la APG ha incurrido en un endeudamiento de 465 millones de euros, en unos gastos financieros de más de 16 millones de euros -en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2011- y en unos intereses adicionales acumulados de 7 millones de euros, consecuencia de los contratos SWAP. A todo esto, hay que añadir los 6 millones de euros invertidos en la compra de terrenos en el Alto de Aboño para rellenos de la obra de ampliación, que nunca fueron utilizados.
Por tanto, "cualquier decisión que pudiera tomarse al respecto de las tasas debe de ser contemplada desde la irresponsabilidad de la gestión socialista anterior, que es la única responsable de la situación que ha heredado la Autoridad Portuaria de Gijón, llevándola a una situación económicamente difícil de sostene.
Los EFECTOS de las citadas CAUSAS provocan la decisión del Ministerio de Fomento de establecer unos coeficientes correctores para la APG de 1,3, según el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2012 (PGE 2012), recogidos en el art. 78 (http://www.sepg.pap.minhap.gob.es/Presup/PGE2012Proyecto/MaestroDocumentos/PGE-ROM/doc/1/1/2/6/N_12_A_R_1_2_14_1.PDF )"
La Autoridad Portuaria de Gijón manifiesta que ha negociado todo lo que ha podido con Puertos del Estado el Plan de Empresa, aunque la situación heredada por la actual Dirección es económicamente insostenible, sin que finalmente pudiera modificarse el criterio del citado organismo público, que ha obligado a cumplir con el incremento de tasas hasta el límite que marca la legislación de Puertos.
Además, la Autoridad Portuaria de Gijón no puede celebrar nuevos consejos -ni tampoco la de Avilés- después de que se hubiera visto obligada a cancelar el Consejo de Administración, previsto para el pasado lunes, día 26 de marzo, por razones de seguridad jurídica, siendo el último celebrado el del 29 de febrero en que fueron presentados los resultados provisionales, que estaban pendientes de consolidación definitiva.
A ese respecto, el Tribunal Superior de Justicia de Asturias anuló, mediante sentencia 195/2012, el Decreto 118/2010 del Principado de Asturias -del anterior Gobierno regional socialista-, regulador de la composición de los Consejos de Administración de las Autoridades Portuarias de Gijón y de Avilés.
La sentencia anula el Decreto por considerar que el procedimiento legalmente establecido para su tramitación fue vulnerado, al haberse omitido el trámite preceptivo previo del dictamen del Consejo Consultivo, en los términos en que viene exigido por la Ley 1/2004 del Principado de Asturias. (“proyectos de reglamentos o disposiciones de carácter general que se dicten en ejecución de las leyes”).
Según el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, el Decreto autonómico fue dictado por el anterior Gobierno en ejecución de la Ley estatal 33/2010, pero no se limita a dar cumplimiento a la misma, sino que la desarrolla dentro de los límites permitidos, siendo exigible por ello en su tramitación aquel dictamen preceptivo y no siendo de aplicación la doctrina de la innecesariedad de tal dictamen en los casos de reglamentos de mera organización.
Desde la perspectiva procesal, la sentencia del TSJA no es firme, porque, en principio, cabe recurso de casación contra la misma ante el Tribunal Supremo, como se indica en la propia resolución judicial.
Sin embargo, estando en estudio las consecuencias jurídicas de la citada Sentencia 195/2012 del TSJA, y dado que la celebración de sesiones de los Consejos de Administración de las Autoridades Portuarias de Gijón y de Avilés podría motivar que los acuerdos que en los mismos se adoptasen pudieran ser impugnados y declarados nulos, en aras de la seguridad jurídica, se había decidido posponer la celebración del Consejo de Administración en espera, durante esta semana, del informe que a petición de Puertos del Estado emitieran sus servicios jurídicos. Al no haberse recibido el citado informe de Puertos del Estado procede pues, la cancelación de la convocatoria del Consejo de la Autoridad Portuaria de Gijón.
