Por · J. Marcos y Mª Ángeles Fernández/ Marsella.-Marsella está casada para bien o para mal con el agua. Bañada por el mar Mediterráneo, el perfil del tercer puerto más importante de Europa tiene pinta de anfiteatro, encerrado entre calas y cadenas montañosas. Es la sede de los dos gigantes del sector: Veolia y Suez. Y del Consejo Mundial del Agua, institución de carácter privado. Un escenario irrepetible para acoger la enésima representación de la lucha por el agua. La escenografía corrió por cuenta francesa pero los actores llegaron de todos puntos del globo, sumándose a la exhibición más de un centenar de países.
El pase duró del 12 al 17 de marzo, cuando la ciudad portuaria acogió el Foro Mundial del Agua (WWF, en sus siglas en inglés), organizado por el Consejo Mundial del Agua a 700 euros la entrada, y el Foro Alternativo Mundial del Agua (FAMA), la réplica con acceso gratuito de decenas de movimientos sociales de todo el mundo que denunciaron la mercantilización del agua orquestada por sus compañeros sobre las tablas.
El derecho humano al agua y al saneamiento, en el que se viene trabajando desde hace más de diez años, hizo una vez más las veces de trama. La línea argumental se comenzó a escribir en el marco de una Asamblea General de Naciones Unidas del año 2010, cuando se aprobó este derecho con 122 votos a favor, 22 abstenciones y ningún voto en contra. Una máxima que de momento tiene escasa traducción práctica. Porque se da por descontado que el agua es un bien básico para la vida, pero sus implicaciones y compromisos caen en el terreno de las interpretaciones, los intereses y los puntos de vista.
Un participante del Foro alternativo, que reunió a unas 4.000 personas, observa la exposición fotográfica sobre mujeres y agua
El telón marsellés se levantó precisamente para decidir sobre el futuro del derecho humano al agua potable y al saneamiento. En seno de FAMA, las redes por el agua pública exigen a los Estados profundizar en la puesta en práctica efectiva de este derecho a través de su inclusión en las legislaciones estatales, pero las posturas privatizadoras representadas en la sexta edición del WWF, en conjunción con los poderes fácticos, tienen el capital de su lado.
El WWF sacó a escena su mejor baza ya en el segundo acto: la declaración ministerial, el documento que resume las conclusiones del Foro, quedaba visto para sentencia el martes 18 de marzo. Se evitaba así que las palabras de la reunión alternativa, que no comenzaba hasta el día siguiente, pudieran hacer mella en la postura de algunos de los gobiernos, como ya ocurriera en el anterior Foro, celebrado en Estambul (Turquía) tres años antes. El texto estaba aprobado de antemano, por lo que no reflejó los estériles encuentros y discusiones acaecidos durante la cumbre.
Las lupas alternativas escrutaron las seis páginas de una declaración cuyo borrador se conocía desde hace meses. El veredicto fue unánime: calificado como ‘arquitectura semántica’ por algunos expertos, el compromiso del documento se centra en “acelerar la implementación de las obligaciones en materia de derechos humanos”. Un retroceso respecto a los logros cosechados en el ámbito internacional, como expuso la relatora especial para este derecho de las Naciones Unidas, Caterina de Albuquerque, en una conversación con Periodismo Humano: “La declaración ministerial es un paso para atrás porque decir ‘derecho humano al agua’ no es lo mismo que hablar de obligaciones de derechos humanos. El derecho humano al agua tiene un sentido muy preciso: prohíbe la discriminación, determina que debe ser asequible financieramente, que tiene que ser de calidad. Pero al hablar de obligaciones cada uno puede interpretarlo como quiera y eso es peligroso”.
Veto a Bolivia y la ambigua postura del Gobierno español
Sólo la voz de Bolivia se alzó contra el Foro Mundial del Agua. El ministro boliviano de Medio Ambiente y Agua, Felipe Quispe, no aplaudió la declaración. Toda una osadía cuando el método de la aclamación popular sustituye desde 2006 a la tradicional firma como forma de legitimación. Quispe exigía mayor profundización en el derecho humano a voz alzada, cuando la traducción simultánea al francés y al inglés dejó de escucharse. Sólo los hispanohablantes entendieron su reclamación, a pesar de que la postura oficial hablaría posteriormente de ‘consenso’. “Tratan de incluir que la inversión privada pueda garantizar el derecho humano al agua, para que los sistemas de agua sean privatizados”, explicó visiblemente enfadado el ministro.
Menos clara es la postura del Ejecutivo español, que respaldó la declaración ministerial pero se desdijo sólo 24 horas después con la firma de un documento que no ha recibido atención mediática alguna, y al que ninguno de los firmantes, los once ‘países azules’ (entre ellos, España, Alemania, y Uruguay), ha interesado airear. El documento subraya que “el reconocimiento del derecho humano al agua y saneamiento hecho por la Asamblea General de las Naciones Unidas es un paso adelante importante”. Esta vez sí, un claro paso en favor del agua como derecho humano.
Este contigo ni sin ti del Ejecutivo español sabe a muy poco para el sector crítico. “Es una disensión interna pero no implica ninguna ruptura de la baraja. España apoyó la declaración ministerial y el resto es un tímido desacuerdo que no significa nada”, contextualiza Samuel Martín-Sosa, de Ecologistas en Acción. “No niegan la declaración oficial pero es un modo de decir que están aparte“, corrobora la activista canadiense y premio Nobel alternativo Maude Barlow.
El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, fue el más alto representante del Gobierno español en el Foro Mundial, donde recibió las demandas Ingeniería Sin Fronteras y Ecologistas en Acción. Le pidieron el reconocimiento en la Ley de Aguas estatal del derecho humano al agua potable en una cantidad mínima por habitante y día de 80 litros, además de la inclusión de un artículo que obligue a que los elementos básicos del abastecimiento de agua potable estén en manos públicas.
“Sobre el primer punto estamos convencidos que el Gobierno no va a poner ninguna pega”, apunta el responsable de Agua de Ecologistas en Acción, Santiago Martín Barajas. El segundo aspecto es mucho más complicado, lo que justifica la petición para que ambas propuestas se tramiten por separado. “Puede llevar lo suyo”, añade Martín Barajas, consciente de que supondría que la gestión de alrededor del 50 por ciento del abastecimiento y el saneamiento en el Estado tendría que volver de manos privadas a públicas, es decir, una remunicipalización.
Las soluciones planteadas en el Foro Mundial, como el discurso de la directora general de la Unesco, Irina Bokova, no fueron tenidas en cuenta en una declaración ministerial redactada con antelación a la cumbre (J. Marcos)
Lo corrobora una breve conversación con el ministro: “No podemos limitar a los sectores públicos la envergadura de las infraestructuras y la gestión de los servicios. En la gestión del agua hay que buscar la interacción del sector público y del privado. En el futuro va a haber que hacer grandes inversiones en materia de agua con presupuestos muy reducidos, así que la colaboración público-privada va a ser fundamental”.
Según los grupos por la defensa del agua pública, todo indica que el Parlamento español aprobará la inclusión del derecho humano al agua, bien por iniciativa del Partido Popular o bien como propuesta de alguno de los otros grupos que configuran la Cámara Baja. Preguntado ex profeso, Cañete tiró balones fuera: “España ha defendido la constitución del derecho al agua como un derecho humano en todos los foros internacionales, pero la concentración de los derechos humanos se configurará en el ámbito internacional”.
El sí pero no se repite. El Ejecutivo español explica de manera tibia su postura, demostrando que el derecho humano al agua no es tan claro y transparente como decía el tráiler marsellés. Queda mucho guión por delante. Y no sólo en el ámbito estatal. “Si conseguimos el cambio en la legislación, existe el interés de oenegés de América Latina para llevar a distintos países una propuesta similar”, explica Martín Barajas.
Las reivindicaciones llegan por arriba y por abajo. El derecho humano al agua está en la encrucijada. Marsella ha sido un capítulo más, muy escenográfico, de una historia que se vaticina larga y tortuosa. Como los meandros de un río que buscan la puerta del mar
FOTO PORTADA: INTERMON OXFAM
