La ministra de Empleo y Seguridad Social ha precisado que la reforma laboral pretende combatir la elevada tasa de desempleo estructural, la excesiva volatilidad del desempleo ante oscilaciones del ciclo económico, la excesiva rotación, la dualidad del mercado de trabajo, la tendencia a utilizar el despido como mecanismo de ajuste, la elevadísima tasa de desempleo y temporalidad de los jóvenes y las deficiencias en la formación profesional.

"Hemos optado, claramente, por afrontar la situación y cambiar lo que no está funcionando bien, y lo hemos hecho con respeto al diálogo social", ha destacado la ministra, que ha asegurado que el Gobierno "ha tenido abiertas las puertas al dialogo desde el principio", ya que, desde antes de ser investido Presidente del Gobierno por las Cortes, el propio Mariano Rajoy pidió a los agentes sociales un compromiso amplio para modernizar las relaciones laborales.

En este sentido, ha incidido en que las aportaciones recogidas por los agentes sociales en el II Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva han sido incluidas en la reforma. "Una reforma que potencia el diálogo permanente en el seno de la empresa y que recupera la esencia de la negociación colectiva", ha señalado.

Asimismo, ha afirmado que en el marco de esta apuesta por el diálogo, el Gobierno ha querido que el Decreto Ley de reforma laboral se tramite como Proyecto de Ley, para permitir así que los grupos parlamentarios contribuyan con sus aportaciones a mejorar y enriquecer el texto. 

"Hay que evitar que el despido sea la única opción a la que recurran las empresas para hacer ajustes en tiempos de crisis", ha explicado Báñez, quien ha insistido en que la reforma facilita la adopción de medidas de flexibilidad interna que antes no constituían una opción real.

En este sentido, ha anunciado que la reforma laboral ya se está aplicando y muchas empresas y trabajadores están llegando a acuerdos beneficiosos para ambas partes, gracias a las medidas de flexibilidad interna contenidas en la norma.

Además, ha remarcado que a partir de ahora el despido en España no será más fácil, sino con causa, y sólo cuando se hayan agotado todas las posibles soluciones alternativas. "Por eso, hemos eliminado el denominado despido exprés, lo que refuerza para los trabajadores la tutela judicial efectiva", ha explicado la ministra.

Al tiempo, la reforma apuesta por mejorar la formación de los trabajadores, introduciendo un derecho individual a 20 horas de formación, así como la obligación de la empresa de facilitar la adaptación necesaria a los trabajadores cuando se produzcan cambios tecnológicos o de otra índole.  Además, se crea una cuenta de formación, asociada al número de Seguridad Social del trabajador y que contiene todo su itinerario formativo.

La  reforma promueve la contratación indefinida, especialmente en favor de los jóvenes y de otros colectivos con especiales dificultades de inserción laboral, a través del Contrato Indefinido de Apoyo a los Emprendedores para empresas de menos de 50 trabajadores y empresarios autónomos, que suponen más del 95% del tejido productivo.

En las seis semanas que lleva en vigor la reforma laboral ya se han formalizado casi 10.000 contratos en la modalidad del Contrato Indefinido de Apoyo a los Emprendedores, de los cuales el 54% son para jóvenes.

Asimismo, ha recordado que la reforma avanza en la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, a través de fórmulas flexibles de contratación como el contrato a tiempo parcial y el contrato a distancia o teletrabajo, que se regula por primera vez en España. Además, abre la posibilidad de que cualquiera de los dos progenitores pueda ejercer el derecho al permiso de lactancia y pactar, como hasta ahora, la forma de ejercerlo.

"El Gobierno considera que el paquete de medidas contenidas en la reforma laboral pretende resolver las principales deficiencias de nuestras instituciones laborales, las moderniza, y sienta las bases para incrementar la empleabilidad de los trabajadores y la competitividad de las empresas", ha resumido Fátima Báñez.

La ministra ha explicado que hay que desplegar una importante labor en torno a la gestión de las políticas activas de empleo en colaboración con las comunidades autónomas, haciendo más eficaz su gestión, para que sean más flexibles y estén más orientadas a resultados.

Además, la reforma laboral supone un impulso a la autorización de las empresas de trabajo temporal para actuar como agencias de colocación, en coordinación o colaboración con los servicios públicos de empleo. Esta no sólo incrementará el número de emparejamientos actual, sino que mejorará la calidad de los emparejamientos y ayudará al control del fraude.

Asimismo, el reconocimiento a los centros y entidades de formación acreditados para ejecutar directamente los planes de formación del sistema de formación para el empleo a nivel estatal y autonómico, contribuirá a mejorar la eficiencia en la utilización de los fondos públicos a través de una mayor competencia.

Plan de lucha contra el fraude

Para lograr una mayor eficacia y eficiencia en la gestión pública, el ministerio impulsará, en el plazo de un mes, un ambicioso Plan de Lucha contra el Fraude que garantice que las políticas sociales se cumplen con igual intensidad en toda España y ataje determinadas conductas que generan déficits de ingresos en los recursos del sistema de la Seguridad Social, con merma de derechos para los trabajadores.

Dicho Plan pretende abordar con rigor y con los instrumentos necesarios una serie de líneas de acción en coordinación con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, el Servicio Público de Empleo Estatal, la Seguridad Social, la Agencia Tributaria y las autoridades laborales de las comunidades autónomas.