Por “Todas mis jefas se niegan a pagarme la Seguridad Social. Tengo miedo de que me despidan, así que tendré que abonármela yo misma con la bajada de ingresos que eso me supone”, cuenta a Periodismo Humano una de las empleadas que el pasado sábado se reunieron en Madrid en el I Encuentro Nacional de Trabajadoras del Hogar y de los Cuidados, y que prefiere omitir su identidad. “Los empleadores suelen estar mal informados. Piensan que la nueva ley les supondrá un desembolso muy grande y no te creen cuando les contradices. Sin embargo, en la mayoría de las casas trabajo una media de cuatro horas a la semana, lo que se traduce en un incremento de menos de 20 euros mensuales de media para cada uno de mis jefes”. En esta tabla se puede consultar cuánto hay que pagar dependiendo de en qué tramo de los quince que se han establecido se sitúe la relación laboral.
Una de las participantes en el Encuentro Nacional de Trabajadoras del Hogar y de los Cuidados
El próximo 1 de julio comenzará la progresiva integración de las trabajadoras del hogar en el Régimen General de la Seguridad Social, después del período de seis meses concedido para que empleadores y empleadas, el 90% son mujeres, se adapten a la nueva situación. La reforma, que se irá poniendo en marcha progresivamente hasta 2019, intenta asegurar a las trabajadoras del hogar y de los cuidados derechos como la baja por enfermedad o el cobro de pensiones. Ambos prácticamente desconocidos en un sector en el que menos de un tercio de las empleadas cotizan por su labor, según datos de los sindicatos. Quedan pendientes, sin embargo, otros esenciales como las prestaciones por desempleo o la indemnización por despido.
En este tiempo de transición, la iniciativa, considerada mayoritariamente un paso adelante por las empleadoras, ha creado también mucha inquietud y recelo. Cintia Vera forma parte de un colectivo de mujeres empleadas del hogar de Terrasa, en Cataluña, y su opinión es tajante. “La mayoría de las profesionales que integran nuestro colectivo han constatado que la reforma está sirviendo para reducir sus salarios y contrarrestar así el incremento del gasto que supone para el empleador el pago de la Seguridad Social. Por no hablar de las que directamente ven cómo se prescinde de sus servicios, muchas veces para contratar a otra persona que trabaje en negro”, explica.
Una situación aún más dura en un momento en que la crisis se está dejando sentir y resulta cada vez más difícil encontrar trabajo. “En los últimos meses hemos visto cómo se ha precarizado muchísimo la situación de las empleadas del hogar y, sobre todo, la de las profesionales que se dedican a cuidados. Muchas de ellas tienen formación en atención a ancianos y una larga experiencia en asistencia a personas con necesidades especiales, pero están teniendo que aceptar trabajos como internas que no superan los 500 euros al mes”, explica Miriam Soto, de la Asociación de Mujeres Dulcamara.
Hace tres años, una trabajadora interna podía optar a un salario de entre 1.000 y 1.200 euros si tenía una formación adicional en cuidados. “El empeoramiento de la situación económica ha hecho que no sólo el salario se reduzca, sino también las jornadas de descanso. La ley dice que las empleadas internas tienen que librar al menos 36 horas ininterrumpidas, pero en la realidad hay mujeres que descansan sólo pocas horas semanales. Y todo ello en un trabajo en el que, cuando tienes a tu cargo a un anciano por ejemplo, tu jornada puede prolongarse las 24 horas porque necesitan cuidados nocturnos”, explica Soto.
“En el caso de las internas, la reforma de su situación legal ha introducido algunas mejoras claras”, explica la abogada Arantxa Zaguirre, especialista en temas de extranjería. “Antes las empleadas internas podían llegar a cobrar un 50 por ciento de su sueldo en especie, es decir, por la comida y el alojamiento, lo que se traducía en un régimen casi de esclavitud. A partir de ahora este porcentaje no puede superar el 30 por ciento”, explica.
Avances sobre el papel que tendrá que ir progresivamente plasmándose en la realidad para vencer el clima de escepticismo que se ha instalado en muchas trabajadoras del hogar, en especial, entre las más vulnerables por su situación administrativa. “Tenemos un problema muy grave con las trabajadoras migrantes que necesitan pagar su cotización para poder regularizar su residencia en España. Antes ellas mismas hacían frente a sus pagos a la Seguridad Social dándose de alta como autónomas. A partir de ahora, esa situación no se permite por lo que quedan a merced de que sus empleadores se la abonen para conseguir un mínimo de horas de trabajo al mes y poder continuar en España”, explica Miriam Soto, presidenta de la Asociación de Mujeres Dulcamara.
“Lo más importante, sin embargo, es que no se transmita una imagen victimizada de las empleadas del hogar, como a veces ocurre en los medios de comunicación. Tenemos que destacar la capacidad organizativa que poco a poco vamos viendo en las mujeres inmigrantes trabajadoras del hogar”, explican desde la Red de Mujeres Latinoamericanas y del Caribe en España. A finales de 2011 se ha creado el sindicato Sindihogar para defender sus derechos y se han empezado a ver movilizaciones como la que el domingo 25 de marzo discurrió por el centro de Madrid, batucada incluida, para lograr una mayor visibilidad.
“Una de las conclusiones del encuentro es que tenemos que trabajar la mentalidad de los empleadores, lograr que un mayor número de mujeres se involucre en las asociaciones y seguir avanzando para que poco a poco los derechos de las trabajadoras del hogar se equiparen con el del resto, un objetivo que todavía queda lejos”, explican desde el sindicato Sindihogar. “No podemos olvidar que todavía nos pueden despedir de un día para otro, en mitad de la noche, estando incluso embarazadas como les ha ocurrido a algunas compañeras, sin darnos ninguna explicación de la causa de nuestro despido y, en el caso de las internas, dejándolas totalmente desprotegidas”.
“Tampoco hay que olvidar que nos encontramos ante un sector que ejerce su labor en la intimidad del hogar, en un contexto que hace que algunos abusos como el acoso sexual, la violencia, los maltratos y la vulneración de los derechos resulte más difícil de probar y de combatir”, resume Soto. Ante la próxima entrada en vigor de la ley, el consejo de los expertos es claro. Defender los derechos, incluso a través de la denuncia, identificar bien el salario neto a la hora de firmar el contrato y quién correrá con los gastos de la Seguridad Social, e informarse debidamente de los detalles de la reforma para dialogar con un empleador que, por regla general, tiene una versión de la nueva legislación que no se ajusta a la realidad.// Perodismohumano.com
