España acoge con preocupación las cifras publicadas por Amnistía Internacional sobre la pena de muerte en 2011. Si bien el número de países que aplican la pena de muerte se ha reducido en los últimos  años, el número de ejecuciones en los países retencionistas se ha incrementado, a menudo con una alarmante falta de garantías. Especialmente preocupante resulta asimismo la falta de transparencia que caracteriza a la aplicación de la pena de muerte en los países que mayor número de ejecuciones llevan a cabo.

España mantiene una posición firme en contra de la pena de muerte, por considerarlo un castigo cruel, inhumano y degradante,  contrario a la dignidad del ser humano, además de carecer de efectos disuasorios probados en el comportamiento criminal, y de provocar efectos irreparables en caso de error judicial.

Prueba del compromiso de España en la lucha por la abolición global de la pena de muerte es la creación, en noviembre de 2011, de la Comisión Internacional contra la Pena de Muerte, organismo independiente que reúne a expertos en la lucha por la causa abolicionista, y que tiene actualmente su sede en Ginebra. Junto a lo anterior, el año próximo Madrid acogerá la celebración del V Congreso Mundial contra la Pena de Muerte, organizado por la sociedad civil. España seguirá, además, abogando por conseguir un apoyo creciente a la moratoria universal con ocasión de la aprobación por la Asamblea General de Naciones Unidas el próximo otoño de la tercera resolución sobre este tema.