En el marco de las medidas que el Gobierno argentino ha decidido implementar en relación con las ilegítimas actividades hidrocarburíferas británicas en la plataforma continental argentina, la Cancillería se encuentra coordinando un grupo de trabajo integrado por la Procuración General de la Nación, la Procuración del Tesoro, la Administración Federal de Ingresos Públicos y la Secretaría de Energía, a efectos de desarrollar una estrategia legal, que comprenderá acciones judiciales y administrativas.

En ese sentido, la Cancillería facilitó documentación e información que acreditan las mencionadas operaciones ilegales a la Secretaría de Energía, a los efectos de que ésta inicie acciones administrativas correspondientes contra cada una de las cinco empresas petroleras involucradas.

Asimismo, también a instancias del Ministerio de Relaciones Exteriores, se han abierto cinco expedientes administrativos ante la AFIP (DGI y DGA), contra estas mismas empresas. En ambos casos, verificada la situación de ilegalidad, y notificados los infractores, se iniciarán los procedimientos sancionatorios pertinentes.

De acuerdo a la estrategia consensuada con la Procuración del Tesoro de la Nación, comenzará con las medidas y acciones de índole judicial.

ENARSA, en calidad de empresa adjudicataria de las áreas costa afuera y, por ende, de los recursos que se usurpan, se presentará como denunciante y principal damnificado en las acciones judiciales que se iniciarán.

Las medidas legales iniciadas serán comunicadas al Ente Regulador Bursátil británico (FSA) a través de la Comisión Nacional de Valores con el fin de salvaguardar los principios que rigen los mercados financieros del mundo, tales como “información plena”, “transparencia”, “eficiencia” y “protección de la estabilidad de las entidades y los intermediarios financieros”.