Gaceta Sanitaria/SINC.-En plena controversia sobre el copago sanitario, ahora que el Parlamento de Cataluña ha aprobado el cobro de un euro por receta médica y el resto de comunidades autónomas se plantea adoptar medidas similares, 'Gaceta Sanitaria', revista de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria, presenta en su sección de debate la opinión de diferentes expertos sobre el tema.

Dos artículos del último número de la publicación analizan los pros y contras de una medida que lleva años debatiéndose en foros y revistas especializadas y que ahora, con la crisis económica, ha trascendido a la sociedad.

En Por qué no hay que temer al copago, Marisol Rodríguez (del Departamento de Política Económica de la Universidad de Barcelona) y Jaume Puig-Junoy (del Centro de Investigación en Economía y Salud de la Universidad Pompeu Fabra) se preguntan por qué nadie cuestiona estos días el copago farmacéutico, una medida que nos acompaña desde 1978 y que sólo se aplica a los trabajadores activos, que pagan un 40% del coste de la receta.

Este sistema fomenta el sobreconsumo y también se muestra inequitativo, ya que “un  pensionista que cobre una pensión alta o tenga un patrimonio millonario no paga nada, mientras que un parado o una familia mileurista y con niños pequeños, sí paga”, argumentan los autores. Por ello recomiendan modificar el actual diseño del copago farmacéutico así como introducir un copago fijo en las visitas y en las urgencias.

Un vistazo a nuestro entorno nos permite comprobar que en nueve de los 15 países de la Unión Europea existen copagos para todos los tipos de servicios. Los sistemas sanitarios del sur de Europa son los que menos aplican esta medida, pero también son los que menos prestaciones cubren, aumentando de esta manera el gasto privado, vía pagos directos o por la compra de seguros privados complementarios. Los expertos argumentan que en estos casos, los ciudadanos seguramente preferirían que dichas prestaciones se incluyeran bajo el paraguas público aunque tuvieran que pagar una tasa, precio público o copago.

Reducción de las visitas médicas necesarias

Por otro lado, los autores del segundo artículo, El copago sanitario y la desigualdad: ciencia y política, critican algunos de los argumentos que suelen aducirse para justificar la necesidad de esta medida, como la economía y la disuasión sanitaria. Joan Benach, del Grupo de Investigación en Desigualdades en Salud de la Universidad Pompeu Fabra y primer firmante del trabajo, destaca que, además de su efecto disuasorio, el copago también reduce las visitas médicas necesarias.

En Estados Unidos, la puesta en práctica de esta medida en pacientes mayores de 65 años redujo un 20% la atención ambulatoria pero aumentó un 2,2% las hospitalizaciones y un 13,4% la duración de las estancias hospitalarias, en especial entre quienes estaban en peor situación socioeconómica y con enfermedades crónicas.

Para Benach y colaboradores, el argumento de la insostenibilidad del sistema no es adecuado, ya que España gasta menos en sanidad que la media de la Unión Europea de los 15 e incluso que la media de la OCDE, incluyendo países como Turquía y México (2.308 euros per cápita frente a 2.426 euros en 2009).

En su opinión, el debate sobre el copago contiene un elemento político, ya que busca deteriorar la gestión y la imagen del sistema sanitario público, culpabilizar al enfermo en lugar de poner el acento en las autoridades políticas y en los poderes económicos, a la vez que se minimizan temas fundamentales para la discusión como la subfinanciación de la sanidad pública, el excesivo gasto farmacéutico y la privatización de la sanidad.

Dentro de las recomendaciones, Rodríguez y Puig-Junoy también incluyen el modular los copagos en función de criterios clínicos y de coste-efectividad con copagos evitables siempre que sea posible así como indican la necesidad de implementar mecanismos de protección de los más débiles económicamente y los más enfermos puesto que el copago y otras formas de contribución no deben empobrecer.

Por su parte, Benach y colaboradores comentan que la atención sanitaria pública, equitativa, de calidad y con un alto nivel de prestaciones debe ser un derecho ciudadano y para ello deben disponerse de presupuestos con un sistema fiscal mucho más redistributivo y evitar así el copago o el repago.