Hasta el momento, la OTAN no ha investigado los homicidios de decenas de civiles en ataques aéreos lanzados en Libia por sus propias fuerzas. Así lo ha manifestado hoy Amnistía Internacional en un nuevo informe publicado un año después de las primeras incursiones aéreas.

Según el informe, titulado Libya: The forgotten victims of NATO Strikes, decenas de civiles libios no implicados en los combates murieron, y muchos más resultaron heridos, la mayoría en sus casas, a consecuencia de los ataques aéreos de la OTAN. Amnistía Internacional ha manifestado que la OTAN no ha llevado a cabo las investigaciones necesarias, y ni siquiera ha tratado de establecer contacto con los supervivientes y con los familiares de los fallecidos.

La organización ha declarado que deben llevarse a cabo investigaciones adecuadas, y debe proporcionarse plena reparación a las víctimas y a sus familias.

“Resulta sumamente decepcionante que, más de cuatro meses después de terminar la campaña militar, las víctimas y los familiares de los fallecidos por ataques aéreos de la OTAN sigan sin saber qué sucedió y quién fue el responsable”, ha manifestado Donatella Rovera, asesora general de Respuesta a la Crisis de Amnistía Internacional.

“Los altos mandos de la OTAN han subrayado reiteradamente su compromiso de proteger a la población civil. Ahora no pueden dejar a un lado las muertes de decenas de civiles, limitándose a formular una vaga declaración de pesar pero sin investigar adecuadamente esos sucesos mortales”.

La OTAN parece haber hecho esfuerzos considerables por minimizar el riesgo de causar bajas civiles: entre otras cosas, ha utilizado munición guiada de precisión y, en algunos casos, ha lanzado advertencias previas dirigidas a los habitantes de las zonas en el punto de mira. Pero eso no la exime de investigar adecuadamente los ataques que han causado la muerte o heridas a decenas de civiles, y de proporcionar reparación a las víctimas y a sus familias.

Las investigaciones deben examinar si las bajas civiles han sido resultado de violaciones del derecho internacional. De ser así, los responsables deben comparecer ante la justicia.

La organización ha documentado 55 casos de civiles identificados, entre ellos 16 menores y 14 mujeres, muertos en ataques aéreos en Trípoli, Zlitan, Majer, Sirte y Brega.

Muchas de las muertes fueron consecuencia de ataques aéreos lanzados contra domicilios particulares, en los que ni Amnistía Internacional ni otros investigadores han encontrado indicios de que esos domicilios se estuvieran utilizando con fines militares en el momento de los ataques.

Al atardecer del 8 de agosto de 2011, dos casas pertenecientes a las familias Gafez y Al Jaarud fueron atacadas en Majer, al oeste de Misrata. Según los miembros supervivientes de la familia, 34 civiles, entre ellos 8 menores y 8 mujeres, murieron, y varios más resultaron heridos en tres ataques diferentes. La familia asegura no haber tenido constancia de la presencia de personas o actividades cerca de sus casas que pudieran explicar los ataques.

En su última respuesta a Amnistía Internacional, el 13 de marzo, la OTAN manifestó que “lamenta profundamente el daño que esos ataques aéreos puedan haber causado”, pero añadió que carece de “mandato para llevar a cabo actividades en Libia una vez concluida, el 31 de octubre de 2011, la OPU (Operación Protector Unificado)” y que la “responsabilidad principal” de investigar recae en las autoridades libias.

“La respuesta de la OTAN equivale a negarse a asumir la responsabilidad de sus actos. Deja a las víctimas y sus familias con la sensación de que han sido olvidadas y de que no tienen recurso a la justicia”, ha manifestado Donatella Rovera.

Además, la OTAN no tomó ninguna medida para investigar los informes sobre muertes y lesiones de civiles causadas por sus ataques en zonas que habían quedado bajo el control de las nuevas autoridades libias (el Consejo Nacional de Transición) antes del 31 de octubre de 2011 y a las que, por lo tanto, se podía acceder sin peligro. Todos los supervivientes y los familiares de las personas muertas en ataques de la OTAN a los que Amnistía Internacional entrevistó dijeron que ni la OTAN ni el Consejo Nacional de Transición libio se habían puesto en contacto con ellos.

La OTAN debe garantizar que se llevan a cabo investigaciones inmediatas, independientes, exhaustivas e imparciales sobre toda denuncia de violaciones graves del derecho internacional cometidas por miembros de la Operación Protector Unificado, y que sus resultados se hacen públicos. Cuando existan pruebas admisibles suficientes, los sospechosos de esas violaciones deben ser procesados.

Según la OTAN, la campaña aérea y marítima llevada a cabo durante siete meses en Libia se compuso de más de 9.700 incursiones aéreas y destruyó más de 5.900 objetivos militares. Las operaciones militares de la OTAN tenían que cumplir las normas del derecho internacional humanitario aplicable en los conflictos armados internacionales. Un elemento especialmente pertinente es que la OTAN, en sus campañas aéreas, debe tomar las precauciones necesarias para evitar, o al menos minimizar, el daño a la población civil. Esas precauciones incluyen:

• debe hacerse todo lo factible para verificar que los blancos a atacar son objetivos militares;

   

• el tipo de armas y el método de ataque deben elegirse con vistas a minimizar el daño a la población civil y los bienes civiles;

   

• debe evaluarse la proporcionalidad del ataque planeado; el ataque debe cancelarse o suspenderse si queda claro que va dirigido a un objetivo erróneo o que es desproporcionado;

   

• debe advertirse por adelantado, y por un medio efectivo, de los ataques  que puedan afectar a la población civil, salvo que las circunstancias no lo permitan.

   
• FOTO: Mustafa Naji-Al Morabit ante las ruinas de su casa en Zlitan, Libia, febrero 2012. Fue bombardeada por la OTAN el 4 de agosto 2011. © Amnesty International