Por AI.-La condena de Thomas Lubanga Dyilo, líder de un grupo armado congoleño, por usar niños en un conflicto armado, demuestra que la Corte Penal Internacional (CPI) puede hacer que los peores delincuentes del mundo respondan ante la justicia por genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, ha declarado Amnistía Internacional.
Una sala de primera instancia integrada por tres jueces dictó el miércoles contra Thomas Lubanga Dyilo la primera sentencia de la CPI por el crimen de guerra de reclutar y alistar a niños menores de 15 años en las Fuerzas Patrióticas para la Liberación del Congo (FPLC) entre 2002 y 2003, durante el conflicto armado que afectaba a la región de Ituri de la República Democrática del Congo.
En las próximas semanas, la CPI impondrá la condena a Lubanga y celebrará una vista sobre reparación para sus víctimas. La sentencia se podrá recurrir en el plazo de 30 días.
El 17 de marzo de 2006, Thomas Lubanga Dyilo se convirtió en la primera persona detenida en virtud de una orden de captura de la CPI. Su juicio comenzó el 26 de enero de 2009. Lubanga fue el presunto fundador y presidente de la Unión de Patriotas Congoleños (UPC) y el comandante en jefe de su brazo armado, las FPLC, que estuvieron implicadas en numerosas violaciones de derechos humanos, incluido el secuestro de niños y su uso como soldados.
“La sentencia de hoy dará que pensar a quienes, en todo el mundo, cometen el espantoso crimen de usar a niños y abusar de ellos, tanto dentro como fuera del campo de batalla”, afirmó Michael Bochenek, director del Programa de Derecho y Política de Amnistía Internacional.
“Contribuirá a despojarles de la impunidad de la que vienen disfrutando por crímenes de derecho internacional porque las autoridades nacionales se niegan sistemáticamente a investigarlos. Esta sentencia condenatoria demuestra que la CPI puede intervenir para hacer que respondan ante la justicia.”
El reclutamiento y uso de niños en los conflictos armados por parte de grupos armados extranjeros y congoleños es una práctica que continúa en el noreste y el este de la República Democrática del Congo. El ejército nacional congoleño también ha usado a niños soldado.
Amnistía Internacional sigue decepcionada porque el fiscal de la CPI no actuó sobre las denuncias de otros crímenes cometidos por las FPLC bajo el mando de Lubanga Dyilo —incluidos crímenes de violencia sexual contra niñas secuestradas, niñas soldado entre ellas, y otros civiles—, lo que podría negar la justicia y una reparación a muchas más víctimas. “La fiscalía debe revisar la limitada estrategia de investigación que adoptó en el caso Lubanga, especialmente las decisiones que impidieron que las víctimas participaran en los juicios y obtuvieran una reparación. Hay que aprender la lección para casos futuros”, dijo Michael Bochenek.
La organización ha afirmado asimismo que también debería revisarse la duración de las actuaciones. Transcurrieron más de dos años desde que la CPI decidió confirmar los cargos formulados contra Thomas Lubanga Dyilo, el 29 de enero de 2007, y el inicio del juicio, el 26 de enero de 2009. Además, el caso se retrasó dos veces debido a los aplazamientos impuestos por los jueces porque la fiscalía no facilitó información a la defensa.
Otros fugitivos de la CPI
Lamentablemente, la CPI tampoco puede hacer justicia en otros casos porque los gobiernos no detienen y entregan a los presuntos autores de los crímenes, como los siguientes:
· Bosco Ntaganda (República Democrática del Congo), a quien la Corte ha acusado formalmente también de reclutar y alistar a niños cuando era presuntamente el segundo de Thomas Lubanga Dyilo. El gobierno congoleño le está protegiendo, tras su integración en el ejército nacional.
· Joseph Kony (Uganda) y otros líderes del Ejército de Resistencia del Señor siguen eludiendo el juicio tras ser acusados formalmente de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. En la actualidad se desplazan entre la República Centroafricana, el noreste de la República Democrática del Congo y Sudán.
· El presidente Omar al Bashir (Sudán) está acusado formalmente de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos en la región sudanesa de Darfur. A pesar de que realiza periódicamente visitas de Estado a otros países, no ha sido detenido aún.
La CPI tampoco puede investigar crímenes en situaciones como la de Siria —que ha firmado, pero no ratificado el Estatuto de la Corte— porque el Consejo de Seguridad de la ONU no ha remitido aún las respectivas situaciones al fiscal de la Corte.
En 2010, Amnistía Internacional lanzó una Campaña a favor de la Justicia Internacional para garantizar el acceso a la justicia, la verdad y una reparación de las víctimas de todos estos crímenes.
Los miembros y simpatizantes de la organización hacen campaña para que los gobiernos cooperen plenamente con la CPI y detengan y entreguen a los sospechosos para que sean juzgados. La organización también ha pedido al Consejo de Seguridad de la ONU que remita a la Corte la situación de los derechos humanos de Siria y otros países.
“Como hemos visto la semana pasada con la atención prestada al fugitivo de la CPI Joseph Kony, existe un apoyo público multitudinario a que se garantice la justicia para las víctimas de crímenes de guerra y de crímenes de lesa humanidad”, declaró Michael Bochenek.
“Hace falta un apoyo público mundial a la labor de la CPI para ayudar a superar los importantes desafíos que aún afronta la Corte en sus demás casos.”
Amnistía Internacional ha pedido a las personas de todo el mundo que le digan al secretario general de la ONU Ban Ki-moon que respaldan al papel vital que desempeña la ONU en lograr la detención de los 11 fugitivos de la CPI aún en libertad y en la protección de la población civil de las zonas afectadas.
La organización respaldó enérgicamente la creación de la Corte Penal Internacional en 2002 para investigar y enjuiciar el genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra en los casos en los que las autoridades nacionales no pueden o no están dispuestas a hacerlo.
Thomas Lubanga Dilo, en el juicio en la Corte Penal Internacional de La Haya, 26 de enero de 2012 © APGraphicsBank
