Por WWF.-Tras el informe sobre ‘El Robo del Agua’, hecho público por WWF la pasada semana, la organización ha constatado la construcción de una nueva balsa de riego de gran capacidad una finca de Lucena del Puerto (Huelva).

Los técnicos de WWF han podido comprobar sobre el terreno la construcción de una nueva balsa para regadío, situada en la cabecera del arroyo de La Rocina, en el entorno de Doñana, con una capacidad aproximada de 10.000m3 (el equivalente a 4 piscinas olímpicas). La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ha abierto ya un expediente sobre el caso.
 
WWF, que trabaja en la zona desde hace más de 40 años y ha sido uno de los impulsores del Plan de Ordenación de la Corona Forestal de Doñana trabajando conjuntamente con agricultores, organismos públicos y asociaciones agrarias,  considera inadmisible que sigan apareciendo estos casos.
 
Fuentes oficiales han confirmado que prácticamente no queda en la corona forestal de Doñana ninguna solicitud de uso de aguas subterráneas sin responder, y que, dada la mala situación del acuífero, la mayor parte de ellas han tenido que ser denegadas.
 
Para la organización, el robo del agua es un claro ejemplo de competencia desleal en el sector, que no debería de ningún modo permitirse. No sólo dañan económicamente al resto de agricultores legales, sino que desprestigian la imagen de la agricultura de la zona, poniendo en riesgo sus ventas en los mercados europeos, cada vez más restrictivos y exigentes con la calidad ambiental en la producción de frutas y hortalizas, especialmente en lo referido al uso del agua.
 
WWF trabaja para apoyar a los agricultores y entidades que cumplan con la actual legislación ambiental en materia de agua, una normativa que lleva más de 25 años en vigor. De este modo, WWF en el informe presentado la pasada semana sitúa el problema en las zonas de Doñana donde las ilegalidades son más flagrantes.
 
En recientes declaraciones a la prensa, el Comisario de Medio Ambiente de la Unión Europea, Janez Poto?nik,  señalaba que “los delitos ambientales afectan a toda la sociedad y el incumplimiento del Derecho medioambiental le cuesta a la economía de la Unión Europea 50.000 millones de euros anuales”.
 
Según el Comisario, el no aplicar correctamente los textos legislativos ambientales perjudica, no sólo al medio ambiente, sino también a la salud humana, genera incertidumbre para la industria y va en detrimento del mercado único, y en una época de crisis, son gastos que no nos podemos permitir.
 
 
Eva Hernández, responsable del programa de Aguas Continentales de WWF, explica: “Doñana necesita una economía que proteja y fomente sus valores naturales, en lugar de un aprovechamiento intensivo a corto plazo que, en pocos años, habrá dilapidado sus recursos e hipotecado el futuro de sus habitantes”. Y concluye:  “Es necesario conservar los atractivos turísticos, culturales, agrícolas  y ambientales de la zona, que sin duda son la palanca de fomento de la economía y el empleo de la región.
 
Según Juan Carlos del Olmo, secretario general de WWF: “La solución a los problemas del agua en Doñana está en una regulación de su uso. La normativa europea es muy clara, antes de hablar de trasvases hay que aplicar medidas básicas de control legal del uso del agua”.
 
El problema del robo del agua en Doñana no es algo nuevo,  hace más de 20 años que se conoce y que desde organismos internacionales como UNESCO alertan de la urgencia de ponerles remedio antes de que Doñana pierda todos sus títulos internacionales, como Reserva de la Biosfera o Patrimonio de la Humanidad. El estado de las marismas protegidas de Doñana a causa de la sequía se ve agravado por el mal estado del acuífero y por la tendencia de bajada de sus niveles en los últimos 30 años. La existencia de tanta agua ilegal hace que sea imposible controlar el uso del agua y saber cuáles son los límites necesarios.
 
El caso de Doñana es tan sólo la punta del iceberg de un fenómeno que se da en toda España. Más de 510.000 pozos ilegales amenazan a los agricultores y a la naturaleza a partes iguales. La solución se encuentra en manos de las administraciones públicas y de los propios usuarios de agua ilegal