Declaraciones del presidente de FADE sobre el RD Ley de pagos a proveedores de las Administraciones Públicas.
La suma de deuda del conjunto de las Administraciones Públicas con las empresas y autónomos asturianos podría superar los 500 millones de euros.
El presidente de FADE ha calificado de “muy buena noticia”, la convalidación del Real Decreto – Ley para el pago de los proveedores de las Administraciones Públicas. Para Vigón, “además, esta medida contribuirá a liberar fondos para el acceso al crédito por parte de las empresas, que hasta ahora competían en desigualdad de condiciones con las Administraciones públicas por la financiación bancaria”.
No obstante, aseguró el presidente de los empresarios asturianos, “esta medida llega ya muy tarde para miles de empresas y autónomos. La morosidad de las Administraciones Públicas está detrás de la desaparición de la mitad de las más 450 mil empresas que han cesado en España su actividad desde 2008”.
Para Vigón, “aun cuando la endémica ausencia de datos impide concretar las cantidades adeudadas, a tenor del crédito calculado, la suma de deuda del conjunto de las Administraciones Públicas con las empresas y autónomos asturianos podría superar los 500 millones de euros. Y ello, pese a la existencia de una Ley de morosidad que impone unos plazos de pago máximos de 40 días, así como importantes obligaciones de información respecto de la deuda comercial de las Administraciones, ley incumplida con demasiada frecuencia”.
Aunque el pasado sábado se aprobó la constitución del Fondo que hará frente a dichos pagos, FADE pone de manifiesto que aún esta pendiente de concretarse el sistema para hacer efectivos los créditos, así como la importancia que tendrán en la preferencia de cobro la antigüedad o las quitas voluntarias. Dados los tiempos de demora para el pago, el criterio de la quita debe ser suprimido como elemento de preferencia. En todo caso, FADE recomienda a los empresarios que comprueben toda la documentación referida a las facturas ya presentadas por si existe alguna divergencia con los datos incluidos en los listados que se remitirán por los interventores al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.