La información surgió de trabajo coordinado y de intercambio de información que la IGJ, organismo dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos,  lleva adelante con el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS).

De esta forma se  logró corroborar que 22 mil personas fallecidas forman parte de directorios y consejos de administración de distintas entidades, que se encuentran activas en los registros del organismo.
 
Como consecuencia de esta fiscalización, la IGJ determinará el tipo de sanción que aplicará en cada caso, que podrá ir desde una multa, al pedido de nulidad de inscripción y hasta la radicación de una denuncia penal.

 Desde el organismo explicaron que la gravedad de los casos varía, dependiendo de si el dato ha sido corroborado en alguna presentación realizada con posterioridad al fallecimiento de la persona. Por lo tanto, esa situación se ligará directamente al tipo de sanción que se decida aplicar.
 
Cabe recordar que, en el marco del reempadronamiento que llevó adelante la IGJ en 2011, el organismo ya multó a entidades que declararon tener entre las autoridades con mandato vigente a personas fallecidas.

La sanción de mayor gravedad fue impuesta a una asociación que  declaró que la persona a cargo de la tesorería se encontraba en funciones, cuando en realidad ésta había fallecido en octubre de 2010.