Las 45 organizaciones ecologistas, sociales, políticas y sindicales del Estado español que componen la Coordinadora Estatal Antinuclear (CEAN)  han organizado para este fin de semana una serie de actos de movilización social en diversas ciudades del Estado, para exigir al Gobierno el fin de la energía nuclear cuando se cumple el primer aniversario del comienzo del accidente de Fukushima (Japón)

Miles de personas saldrán a la calle durante este sábado y domingo para participar de forma coordinada en las manifestaciones, cadenas humanas, concentraciones, mesas informativas y todo tipo de actos de recuerdo y homenaje que hay organizados para mostrar su solidaridad con las víctimas de la energía nuclear y exigir el cierre de las centrales nucleares.

La sociedad española, convocada por las organizaciones que integran la CEAN, se darán cita en 32 ciudades y participarán en los más de 40 eventos que hay convocados a lo largo del fin de semana, del mismo modo que se va hacer que en otros muchos países, expresando con una sola voz el rechazo a la energía nuclear y la apuesta por un modelo energético limpio y sostenible de la ciudadanía mundial.

La CEAN recuerda que el Gobierno alemán de Angela Merkel cerró sus ocho centrales nucleares más viejas y peligrosas a raíz del accidente de Fukushima y ha establecido un calendario de cierre de todas sus nucleares en operación antes de 2022. Bélgica o Suiza han puesto también un plazo final a sus nucleares.

Mientras, en España, el nuevo Gobierno de Mariano Rajoy, lejos de aprender la lección de Fukushima, ha apostado por prolongar la vida de la central de Garoña más allá de 2013 y de forma indefinida, por relanzar el proyecto de un almacén temporal centralizado de residuos nucleares y ha establecido una moratoria de facto contra las energías renovables que frena su desarrollo.

Las centrales nucleares de Garoña y Fukushima son plantas gemelas que comparten mismo diseño y peligrosidad. El alargamiento de la vida de las centrales nucleares es un riesgo inasumible que prioriza el beneficio económico de las compañías eléctricas operadoras sobre la salud y seguridad de las personas y el medio ambiente.