El Consejo Confederal de CC OO convoca por unanimidad una huelga general para el próximo 29 de marzo contra la reforma laboral y en defensa de los servicios públicos.

El máximo órgano de dirección de CCOO, en la reunión celebrada esta mañana, ha aprobado por unanimidad una Resolución en la que acuerda convocar una huelga general el 29 de marzo, tras analizar a situación creada en las relaciones laborales y en la cohesión de la sociedad española por la decisión unilateral del Gobierno de proceder a aplicar una Reforma Laboral y un nuevo y duro ajuste presupuestario.

En la Resolución, el Consejo Confederal de CCOO anuncia además "la voluntad de mantener la presión social y de los trabajadores y trabajadoras después de esta fecha para modificar sustancialmente su reforma si el Gobierno no rectifica y se aviene a negociar".

Asimismo, CCOO propone al resto de formaciones sindicales y sociales que participen en la convocatoria (para lo cual en los próximos días se celebrarán encuentros con todas ellas) y hace un llamamiento a los trabajadores y trabajadoras en activo, a las personas en desempleo, a los jóvenes y a toda la sociedad a extender los objetivos y secundar la huelga general.

La Resolución dice así:

"El Consejo Confederal de la CS de CCOO se ha reunido en sesión ordinaria para valorar la situación creada en las relaciones laborales y en la cohesión de la sociedad española por la decisión unilateral del Gobierno de proceder a aplicar una Reforma Laboral y un nuevo y duro ajuste presupuestario. El Consejo Confederal ha hecho las siguientes consideraciones:

1.- La Reforma Laboral debe entenderse como una pieza más de las políticas para enfrentar la crisis que promueven las instituciones europeas y las cancillerías alemana y francesa con la intención de satisfacer las demandas de los mercados financieros que especulan con las deudas soberanas.

La UE, desde mediados de 2010, orientó sus políticas anticrisis exclusivamente hacia la reducción del déficit en unos plazos imposibles de cumplir (2013), renunciando a cualquier estímulo a la reactivación económica, e incidiendo en la reducción del gasto social y la desregulación del mercado laboral. Reducción de los "costes" del Estado del Bienestar y depresión del factor trabajo, particularmente los salarios, es la manera que han entendido los líderes europeos para competir en una economía globalizada. Consideran las políticas públicas y el derecho del trabajo un lastre frente a la ausencia de derechos que caracterizan los modelos sociales y laborales de EEUU y Asia.

En realidad las políticas europeas no van en la dirección de buscar la mejor salida a la crisis. La hegemonía del pensamiento y de las políticas neoliberales en la mayoría de los países europeos y en las instituciones comunitarias lo que pretenden es aprovechar la crisis para propiciar el debilitamiento de los servicios públicos y la limitación de los derechos individuales y colectivos de las trabajadoras y trabajadores.

2.- Estas políticas están suponiendo en todos los países ajustes presupuestarios que afectan fundamentalmente a los servicios que las administraciones públicas proveen a la ciudadanía, y a la inversión pública en la actividad económica. Las consecuencias sociales y económicas son claras: pérdida de calidad de vida de las personas, aumento de la desigualdad y la pobreza; por tanto, menor cohesión social y mayor estancamiento económico.

Tras varios años de vigencia de estas políticas, la situación no solo no ha mejorado sino que el crecimiento ha vuelto a deprimirse y la Unión Europea vuelve a entrar en recesión. El resultado es elocuente: 24,5 millones de paradas y parados en Europa. Empieza a ser significativo el número de organismos y personalidades nacionales e internacionales que, como ya hizo el movimiento sindical, consideran el estancamiento económico fruto de estas políticas que están deprimiendo el consumo y la actividad económica.

Imponer estas políticas también ha comportado graves consecuencias en la calidad de la democracia en Europa. No se ha dudado en forzar cambios en las constituciones soberanas de varios países y, en otros, se han impuesto gobiernos tecnocráticos. Todo ello promovido desde las élites políticas y el Banco Central Europeo, negando la participación de la ciudadanía. España es buen ejemplo de ello.

3.- En nuestro país, el anterior Gobierno se hizo participe de estas políticas en el plan de ajuste de mayo de 2010, (congelación de pensiones, reducción del salario de los empleados y empleadas públicos, incumplimiento de la ley de dependencia, retirada de 64.000 millones de inversión pública), la reforma laboral, que provocó la Huelga General en septiembre de ese año, y de la negociación colectiva, y la reforma Constitucional como respuesta a la crisis de la deuda del verano de 2011.

Los recortes, que se vienen aplicando desde entonces están suponiendo, de un lado, una paulatina degradación de servicios públicos esenciales como la sanidad, la educación, la atención a las personas dependientes, una degradación que está sirviendo de coartada para su privatización y que está generando mayores injusticias y desigualdades entre los españoles. De otro, un empeoramiento de la situación económica: se ha deprimido el consumo, el crédito sigue sin fluir pese a las ayudas públicas a las entidades financieras, la actividad económica cae y el desempleo aumenta llegando a los cinco millones trescientos mil personas, casi un millón más que en mayo de 2010, e incidiendo de manera más aguda entre los jóvenes, cuya tasa de paro se acerca al 50%.

4.- En España se ha producido un cambio de ciclo político, iniciado con las elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2011 y  que culminó en noviembre pasado cuando el PP alcanzó la mayor hegemonía político institucional de la que ha gozado nunca la derecha española. El nuevo Gobierno lejos de corregir las fracasadas políticas anteriores ha optado por insistir y profundizar en ellas: ajuste presupuestario más drástico, nueva reforma laboral y signos de autoritarismo político.

Como ya había sucedido en Portugal, el cambio político no ha supuesto el inicio de la superación de la crisis y en particular de la crisis de empleo. Antes al contrario, el empecinamiento de las instituciones europeas en el mantenimiento de las políticas de estabilidad presupuestaria, sin  relajar plazos ni aplicar medidas efectivas para favorecer el crecimiento y el empleo, no hace más que agravar la situación.

A los recortes efectuados hasta la fecha  habrá que añadir ahora el anunciado para ajustar el déficit al 5,8%, que repercutirá, fundamentalmente, en las CCAA, administraciones que más servicios básicos prestan a la ciudadanía. Por otra parte, se acaba de conocer que una de las medidas previstas es un recorte del 40% en la inversión pública, que sólo puede suponer una nueva caída de la actividad económica en un sector tan castigado como la construcción, la paralización de las políticas de I+D+i, imprescindibles para el impulso del cambio de modelo productivo con una renovada apuesta por los sectores industriales, y mayor destrucción de empleo.

Cuando la ciudadanía ha contestado defendiendo democráticamente los servicios públicos de calidad, como promueve la recientemente creada Plataforma en defensa del Estado del Bienestar, se ha encontrado con la descalificación y el insulto.

5.- Insistir en estas políticas es suicida. La ausencia de actividad económica es la que explica que el desempleo siga creciendo en España. Igual que la destrucción masiva de empleo en nuestro país se explica por la realidad de nuestro tejido productivo, por las opciones adoptadas en el pasado y por el tipo de empleo asociado a ellas. En efecto, la prevalencia de pequeñas y medianas empresas y el estímulo que se dio, en tiempos de crecimiento, a sectores como la construcción  de vivienda residencial o de los servicios porque ofrecían grandes rentabilidades en poco tiempo, generaron mucho empleo pero de baja calidad: temporalidad superior al 35%, escasa cualificación laboral y bajos salarios que, con el inicio de la crisis, se destruyó tan rápido como se había creado. Ninguna reforma del mercado laboral o la depresión de los salarios hubiera servido para salvar los empleos asociados a la burbuja inmobiliaria, como tampoco ahora esta reforma va a crear los empleos en ausencia de actividad económica.

El problema del desempleo en España no se debe, por tanto, a las supuestas rigideces de nuestro mercado laboral, de lo contrario no se entendería que con la misma normativa laboral tengamos comunidades autónomas con menos del 13% de desempleo y otras con más del 30%.

6.- Para enfrentar el problema del desempleo en España existen otras alternativas como las que desde el movimiento sindical hemos promovido. Un gran pacto por el empleo que  contemple medidas en la política fiscal, en el sistema financiero, en el control de los precios. Un acuerdo que combine medidas de flexibilidad interna en las empresas con otras destinadas a la reactivación económica, que apunte a un cambio en nuestro modelo de crecimiento. Las medidas de flexibilidad interna pactadas con los representantes de los trabajadores y trabajadoras tienen que permitir ajustes en condiciones de trabajo y plantillas antes que recurrir al despido, evitando con ello que se siga destruyendo empleo, para ello es necesario reforzar y no debilitar la negociación colectiva. Las medidas de reactivación requieren que el crédito fluya hacia familias, autónomos y pequeñas empresas, algo que no está sucediendo a pesar de las diversas actuaciones que se han realizado en nuestro sistema financiero. También contribuiría a reactivar la economía que el precio de nuestros productos fuese más competitivo para lo que es esencial su moderación a través de una intervención decidida sobre el conjunto de los factores que los determina y reinvertir los beneficios empresariales en el tejido productivo para favorecer el cambio y la creación de empleo. 

Ese es el objetivo del acuerdo suscrito el 25 de enero entre los sindicatos y las organizaciones empresariales, que el Gobierno valoró en público para luego vulnerarlo con las medidas incorporadas en el RDL.

7.- Pese a nuestras propuestas y a la disposición a negociar y cerrar acuerdos que el movimiento sindical ha demostrado, la respuesta que se ha dado por parte del Gobierno, es una Reforma Laboral impuesta. Tras más de veinte años de vigencia del diálogo social éste se ha despreciado. El presidente del Gobierno ni se ha dignado a responder a la carta que remitieron los secretarios generales de CCOO y UGT en la que solicitaban que se abriera el diálogo social para corregir la reforma en el proceso de trámite parlamentario;  ni tampoco hemos tenido "acuse de recibo" de las enmiendas que a tal efecto hemos remitido.

8.- El Gobierno ha decidido una nueva Reforma Laboral que, por la forma y el fondo, merece nuestro profundo rechazo además de mostrar indicios de inconstitucionalidad. Una reforma que no se ha sometido a negociación con los sindicatos, que no respeta los contenidos del acuerdo de enero con los representantes empresariales (pese al aplauso generalizado que entonces se le brindó) y que solo recibe el respaldo de los empresarios y de los foros internacionales que preconizan las políticas de ajuste.

Estamos ante una reforma que vacía de contenido el derecho laboral, pues rompe el equilibrio que éste establece entre empresarios y trabajadores incrementado, desmesuradamente, el poder discrecional de los primeros y restringiendo los derechos individuales y colectivos de los segundos.

Abarata considerablemente el despido y bajo la figura de "contrato para emprendedores" lo hace libre para el 99% de las empresas y sin derecho a indemnización durante un año.

El uso combinado de bonificaciones y prestaciones por desempleo pretende la reducción estadística de la temporalidad y amenaza seriamente las posibilidades de empleo para las personas más jóvenes o aquellas que hayan agotado sus prestaciones.

Desarticula la negociación colectiva a favor de la individualización de las relaciones laborales, debilita la intervención sindical y la tutela judicial y con la eliminación de la autorización administrativa de los EREs facilita el despido colectivo dando a las empresas instrumentos que jamás creyeron disponer. Estas medidas se extienden, por primera vez, al sector público.

En definitiva, es una reforma cuya finalidad es dar todo tipo de facilidades a los empresarios, confiando en que éstos, en condiciones tan ventajosas, contratarán adelantando el ciclo del empleo. Medidas de esta naturaleza, además de ser profundamente injustas, solo favorecen a los sectores menos dinámicos de nuestro empresariado y vuelven a impulsar el modelo de crecimiento que nos ha traído a esta crisis; un modelo basado en sectores poco competitivos y estratégicos que consiguen importantes beneficios porque no están sometidos a la competencia internacional, y porque explotan el factor trabajo a base de despidos, precariedad y bajos salarios. Es la reforma de la renuncia a la transformación de nuestro modelo económico en una apuesta indisimulada de asentar las bases de competitividad de la economía española en la depreciación constante del factor trabajo.

Esta reforma no va a generar empleo, lo destruirá todavía más. El propio Gobierno reconoce que este año pueden perderse otros 650.000 empleos.

Esta reforma no va a reactivar la economía y sí va a favorecer que volvamos a un modelo de crecimiento poco dinámico y muy vulnerable.

Esta reforma es injusta y sitúa a las trabajadoras y trabajadores como ciudadanos de segunda, con menos derechos y sometidos a la discrecionalidad empresarial.

9.- Se ha elegido el Día Internacional de la Mujer para convalidar el RDL de la Reforma Laboral como si de una provocación se tratase al profundizar las desigualdades laborales que en un día como éste se ponen todavía más de manifiesto. Para su convalidación el partido en el Gobierno únicamente busca y ha obtenido el apoyo de formaciones nacionalistas que, como CiU, exigen que la Reforma contemple también una ley de huelga con el objetivo de cercenar derechos constitucionales y la capacidad de contestación de los trabajadores y trabajadoras a estas políticas.

10.- El Gobierno promulgando la reforma laboral ha contribuido a agravar la situación y ha generado un profundo conflicto social. A un mes de vigencia de la Reforma los datos de desempleo del mes de febrero son concluyentes: 112.269 personas más en el paro y un incremento exponencial del número de consultas a los sindicatos por la aplicación de la norma.

El conflicto se puede evitar si el Gobierno abre un proceso de negociación que culmine con un acuerdo que modifique en profundidad el contenido del RDL, modificaciones que deberían incorporarse en forma de enmiendas en el proceso de tramitación parlamentaria antes de que finalice el mes de marzo. La ausencia de respuesta a nuestras demandas de negociación y las afirmaciones de los máximos responsables del Gobierno de que la reforma no se va a modificar en lo sustancial contribuyen únicamente a incrementar la tensión social.

En virtud de las consideraciones anteriores el Consejo Confederal de la CS de CCOO ACUERDA:

Convocar junto a UGT Huelga General para el próximo 29 de marzo.

Anunciar la voluntad de mantener la presión social y de los trabajadores y trabajadoras después de esta fecha para modificar sustancialmente su reforma si el Gobierno no rectifica y se aviene a negociar.

Proponer al resto de formaciones sindicales y sociales participar en la convocatoria (para lo cual en los próximos días se celebrarán encuentros con todas ellas).

Hacer un llamamiento a los trabajadores y trabajadoras en activo, a las personas en desempleo, a los jóvenes y a toda la sociedad a extender los objetivos y secundar la huelga general.

Madrid, 9 de marzo de 2012"