EL AUTO

El auto de la jueza Pandiella, pretendiéndolo o no, irrumpe como una bomba de relojería en la campaña electoral como ya ha podido observarse.

El Ayuntamiento de Gijón ha de poder, porque estamos en un Estado de Derecho, defender su buen crédito y el de sus concejales. Y, para poder hacerlo, exige, dando voz a esos ciudadanos que no la tienen según el propio auto de la jueza López Pandiella, que se concreten los hechos que se afirman en él, que se concreten las generalizaciones que en él se vierten, porque no habrá otra manera de poder refutar esas acusaciones veladas o, en su caso, perseguir y sancionar las actuaciones ilegales, porque nuestra norma, de general conocimiento, es tolerancia cero frente a situaciones irregulares.

Creemos en la Justicia, en los órganos judiciales, garantes últimos de ese Estado de Derecho que a todos, -también a las instituciones-, nos ampara. Acatamos las decisiones judiciales firmes, pero no podemos compartir ni admitir que se insinúen o formulen acusaciones sin revelar o apoyarse en prueba alguna.

Resulta obligado decir algo sobre determinados comentarios que se deslizan en el auto de la jueza, en especial aquel en que se dice que ha habido adjudicaciones “habituales” a determinada empresa que han beneficiado a diversos miembros del Consistorio y a sus familiares y amigos.

Una afirmación así, nos parece improcedente, infundada e injusta.

Improcedente, porque con motivo de la admisión o no de una querella por injurias se hacen afirmaciones que implican al Consistorio; infundada, porque esas afirmaciones no responden a la realidad de los hechos; injusta, porque la Corporación no es merecedora de esos comentarios cuando las supuestas actividades a que se refiere no han sido denunciadas por nadie.

Nos sorprende que se insinúe, aunque sea de modo indirecto, que la denominada "Operación Marea" pueda afectar de algún modo a la actividad administrativa del Ayuntamiento de Gijón o a alguno de sus concejales o empleados, teniendo en cuenta que tras muchos meses de investigación, al parecer exhaustiva:

-No se encuentra imputada persona alguna, ni político ni empleado público, vinculado al Ayuntamiento.

-No ha sido llamada siquiera a declarar persona alguna, ni político ni empleado público, vinculado al Ayuntamiento.

-No se ha solicitado por la autoridad judicial información alguna acerca de actuaciones de contratación del Ayuntamiento.

Y recuérdese que la jueza tuvo ocasión de hacerlo de ser ciertas las insinuaciones que vierte en su auto, pues estuvo al frente de la investigación judicial del caso y en posesión del sumario durante varios meses. Sin embargo, en ningún momento se dirigió a este Ayuntamiento solicitando información o expedientes, ni le vinculó a él ni a ninguno de sus concejales o sus familiares ni a ninguno de sus empleados a las investigaciones seguidas en dicho sumario. Ni siquiera lo hizo cuando tuvo ocasión al resolver sobre su inhibición a favor de los Juzgados de Oviedo en el asunto Marea.

No se entiende por qué ahora y en este auto se hacen semejantes insinuaciones que, quiérase o no, dañan el buen nombre de esta Institución y de quienes la sirven. Que nos dejan inermes, incapaces de defendernos porque no sabemos de qué debemos hacerlo.

Y, desde luego, si en el futuro tuviéramos conocimiento de alguna actuación irregular que implique a alguna persona vinculada al Ayuntamiento de Gijón, seríamos los primeros en promover la persecución de los hechos. Yo, mientras sea Alcaldesa lo haría sin dudar un segundo y estoy segura de que Santiago Martínez Argüelles, que será el próximo alcalde, lo haría también.

CONTRATACIONES

Quien juzga en derecho debe de conocer la ley de contratos y en consecuencia debe saber que no puede excluirse la concurrencia de empresas a concursos de contratación, sino por las causas tasadas en ella. Lo contrario seria prevaricar. No concurre en Almacenes Pumarín ninguna de estas causas y su exclusión de los concursos resultaría ilegal.

El auto afirma que es habitual y constante la adjudicación de múltiples contratos por parte del Ayuntamiento de Gijón a Almacenes Pumarín.

Veámoslo:

Como se probó en la Comisión de Hacienda de fecha 14 de Febrero de 2011, Almacenes Pumarín desde los últimos ocho años obtuvo únicamente el 13,77% del total de las contrataciones en material de oficina y mobiliario. En cifras: 2.245.090,13 € en 8 años.

Aseguramos por ello que la contratación de los servicios de esta empresa no ha sido ni constante, ni habitual, ni mayoritaria. También hay que recordar que se pusieron a disposición de los concejales del PP todos los expedientes de contratación de este Ayuntamiento, sus empresas y organismos autónomos. Nada encontraron que no estuviese ajustado a las normas de contratación.

CONCLUYO YA

El Poder judicial, como poder del Estado, está sometido también a normas, las mismas con que debe juzgar a los demás. Y sus juicios deben ser razonados en Derecho y con la Ley en la mano.

NO parece que una resolución judicial sea el lugar adecuado para hacer juicios morales o para lanzar insinuaciones sobre la actuación de personas o instituciones sin que hayan tenido la oportunidad de defenderse o de explicarse.

Todo lo dicho, lo hago con el mayor respeto a la actuación de los jueces; pero ese respeto es compatible con la crítica, mucho más cuando se trata de una resolución no firme, pues los jueces también se equivocan.