Los ayuntamientos, advirtió Iglesias, tendrán que justificar cómo van a tener que pagar esa deuda, y eso lleva al control político de los ayuntamientos, ya que, en caso contrario, el Gobierno de España les cerrará el grifo de los recursos, aunque lo deba según la financiación local establecida. Los municipios tendrán hasta mediados de marzo para explicar las deudas con los proveedores y hasta finales del mes para realizar un plan de viabilidad para justificar esa deuda y cómo van a mantener los servicios públicos con la misma.
Y va a ser “diabólico”, en opinión del Coordinador de IU de Asturias, pues supondrá que los ayuntamientos expongan qué tasas e impuestos subirán y qué servicios públicos no prestarán y se verán abocados a subir los impuestos o recortar prestaciones y servicios públicos. Del mismo modo, también recordó que el Gobierno de Rajoy ya abrió la puerta para que los ayuntamientos puedan despedir a los trabajadores.
Los sacrificios serán generalizados: para los proveedores porque si quieren cobrar antes se someterán a una quita y para los ciudadanos porque les subirán las tasas e impuestos. “Y una vez más gana la banca”, explicó Iglesias.
Tampoco le parece bien la posibilidad de que los desempleados que no estén realizando un curso de formación hagan trabajos sociales. Obedece, dijo, a la “lógica del mercado, aunque ésta sea perversa”. Supondría que los desempleados sustituyan a empleados públicos, y, en este sentido, Iglesias advirtió que se puede llegar “al colmo de la perversión”: que a un empleado público le despidan (ahora que caben los ERE en empresas públicas tras la reforma laboral) y que a él mismo le propongan hacer el mismo trabajo como desempleado.
“Una cosa es la lógica de los ciudadanos y otra la del sistema”, subrayó. La lógica del mercado es que no se presten servicios públicos, porque de todo hay que sacar un beneficio económico.
El concejal en Oviedo Roberto Sánchez Ramos "Rivi" -que junto a la diputada y candidata electoral Noemí Martín acompañaron a Iglesias en la rueda de prensa- incidió que esos casos “no son ciencia ficción”, porque el Ayuntamiento de la capital asturiana cubre unos doscientos puestos estructurales mediante un convenio con el servicio público de empleo desde hace más de 15 años.
