La funcionaria aseguró, en una conferencia de prensa que ofreció este mediodía en la sede del Ministerio, que a causa de las denuncias realizadas por manifestantes acerca de supuestas  operaciones de inteligencia por su ideología política, la Dirección de Inteligencia Criminal realizó una exhaustiva auditoría sobre el software Proyecto X.

“La auditoria muestra que el Proyecto X no se utilizó nunca en intervenciones de Gendarmería en manifestaciones sociales. Se han revisado los 34.000 asientos de la base de datos, en las que 25.505 se refieren a personas identificables, y no hay ningún dirigente político, sindical, ambiental, indígena, religioso, periodista, etc. Los otros, son datos que se refieren a apodos, sobrenombres, que pueden ser útiles para la investigación final de delitos complejos”, dijo.

Garré puntualizó que el Proyecto X, que está bajo el control de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal, “no es un plan secreto de espionaje, como se ha informado; sirve para realizar entrecruzamiento de datos para detectar patrones, en casos de delitos complejos; no se financia con fondos reservados y ya no se cargan más datos en este software desde 2009, porque ha quedado obsoleto”.

La ministra explicó que el proyecto fue creado en 2002, durante el gobierno del ex presidente Eduardo Duhalde. “Es requerido por jueces de todo el país, federales y criminales, como por integrantes del Ministerio Público Fiscal, que en 285 causas han solicitado la aplicación del Proyecto  X. Tenemos todo el listado de las causas en las que se requirió. Además, hay un manual de procedimientos del Proyecto X”, indicó.  

La ministra indicó que ahora el Ministerio utiliza una nueva base de datos moderna, que tiene la capacidad de cruzar los datos recogidos por las cuatro Fuerzas de Seguridad.

Manifestaciones

Garré dijo que en manifestaciones sociales interviene La Unidad Especial de Investigaciones y Procedimientos Judiciales de Gendarmería Nacional (Uesprojud), que tiene asiento en Campo de Mayo, pero que no comparte operaciones con el Ejército.

La ministra indicó que la unidad “actúa en todos los casos por orden de la Justicia,  como su auxiliar y en actividades preventivas, si entiende que hay hechos en las que pueden derivar en flagrancia o daño a las personas o cosas”.

“La Uesprojud puede identificar personas, fotografiando y filmando, siempre a requerimiento del juez interviniente”, afirmó.

La ministra indicó que hubo 938 intervenciones con orden judicial, sobre 1200, y que en los casos de flagrancia o peligro en la demora de la orden, actúa la Gendarmería y siempre las actuaciones las inicia a la Justicia.

“En el caso de 538 intervenciones la orden decía identificar personas. En 576, la Justicia solamente pidió notificar a los manifestantes, que interrumpían la vía de comunicación, que estaban cometiendo un delito e intimándolos a retirarse. Hay casos en los que el juez ordenó identificar y notificar”, explicó.

La ministra enfatizó que los datos recolectados “no se agregan a las bases de datos del Proyecto X, que es sólo para la investigación de delitos complejos”.

Garré dijo que en el caso de los cortes a la Autopista Panamericana por miembros de la empresa Kraft Foods, “la Uesprojud actuó por requerimiento judicial para individualizar e identificar a los principales responsables del corte porque se estaba infringiendo la ley”.

Además, explicó que la Ley de Inteligencia dice que no pueden hacerse bases de datos de personas por sus ideas políticas, pero que en el caso de manifestantes que cortan caminos “se están analizando delitos del artículo 194 del Código Penal.

El artículo citado por la ministra dice: “ El que, sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas, será reprimido con prisión de tres meses a dos años”.

Garré afirmó que el control de que no se esté infringiendo la Ley de Inteligencia es el Poder Judicial. “El juez, cuando ordena identificar a una persona, esta ordenando una tarea de inteligencia. No siempre se va a identificar con el consentimiento de la personas identificada. Ahí también el contralor lo lleva adelante el Poder Judicial”, dijo.