FACUA-Consumidores en Acción muestra su satisfacción por las sanciones por un total 61,2 millones de euros impuestas por la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) a las cinco principales empresas eléctricas y a su patronal, Unesa, por haber obstaculizado el cambio de comercializador en el mercado libre y tratado de fijar precios a los grandes clientes en el marco de la desaparición del anterior modelo de tarifas reguladas.

Prácticas como las sancionadas, advierte FACUA, ponen de manifiesto que es necesario un mayor control sobre el oligopolio energético y que el Gobierno siga estableciendo una tarifa, actualmente denominada Tarifa de Último Recurso (TUR), en lugar de eliminarla o restringirla a muchos menos consumidores, como parecen ser sus planes.

Sin tarifa fijada por el Ejecutivo para el conjunto de usuarios domésticos, señala la asociación, la situación sería similar a las de sectores como el de las gasolinas o las telecomunicaciones, donde no existe competencia entre las grandes compañías y los precios son desproporcionados.

FACUA recuerda que hay abiertas más investigaciones de la CNC a las eléctricas por otras irregularidades. En julio de 2009, la asociación denunció el traspaso de cientos de miles de usuarios de pequeñas distribuidoras a compañías del mercado libre en lugar de a las que aplican la Tarifa de Último Recurso y bono social fijados por el Gobierno.

Ante las crecientes irregularidades que se producen en el sector, FACUA demanda a las distintas administraciones competentes que realicen un control exhaustivo sobre las prácticas de las empresas energéticas en lo que se refiere a sus precios, ofertas publicitarias, servicios de atención al cliente y el tratamiento de las solicitudes de cambio de compañías, así como el cumplimiento de las obligaciones legales impuestas por la normativa vigente.

Así, la asociación reclama más vigilancia y sanciones contundentes ante las irregularidades a los ministerios competentes en materia energética y protección al consumidor, los de Industria y Sanidad, a las comisiones nacionales de la Competencia y la Energía (CNE) y a las comunidades autónomas.