Agentes de la Policía Nacional han imputado a 53 hosteleros de diferentes provincias españolas un delito contra la propiedad intelectual y/o defraudación de las telecomunicaciones. La investigación se inició a raíz de las denuncias presentadas por una productora de televisión. Los agentes inspeccionaron diversos establecimientos públicos, como bares, cervecerías, restaurantes y cafeterías, en los que se reproducían una señal de televisión destinada a uso doméstico.

Este uso fraudulento se producía al utilizar en esos establecimientos tarjetas inteligentes del canal afectado o la señal de televisión facilitada para su uso en domicilios particulares por operadores de cable. Esta señal está destinada a un uso residencial y se prohíbe expresamente el uso de la misma fuera de dicho ámbito.

La empresa defraudada dispone de un contrato específico para habilitar a los responsables de dichos establecimientos a emitir contenidos con una señal diferenciada y distinguida por un logo especial. El precio de acceso a dicha modalidad es superior al de los contratos para uso residencial. La emisión de esa señal vulnera los derechos de los legítimos titulares al hacer un uso fraudulento.

Con esta actividad se estaba ocasionando un importante perjuicio patrimonial a los titulares de la empresa de comunicación y a los responsables de las mercantiles que distribuyen el canal citado por cable.

El dispositivo ha sido realizado por distintos grupos especializados de las unidades centrales UDEV y UDEF, ambas adscritas a la Comisaría General de Policía Judicial, con la colaboración de las Brigadas Provinciales de Policía Judicial de Madrid, León, Valencia, Lugo y Valladolid.