• Tras siete meses de investigación se ha procedido a la detención de 20 personas en varios puntos de España.

Oviedo.-La Trata de Seres Humanos es junto con el tráfico de drogas y armas uno de los negocios que más beneficios aporta a la criminalidad organizada.

La Dirección General de la Policía es consciente de esta realidad por lo que dentro de los objetivos que se propuso hace varios años fue luchar contra esta nueva forma de esclavitud. Para ello diseñó un plan específico para detectar, desarticular y detener a los miembros de estas organizaciones. Paralelamente se diseñó un programa integral de protección para las víctimas de trata, la mayoría mujeres extranjeras, provenientes de países muy pobres.

Esta investigación llamada “Operación ERASMUS”  fue iniciada en julio del año 2011 a raíz del testimonio de una testigo protegido por la Brigada de Extranjería y Fronteras de la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía de Oviedo.

A través de la investigación se pudo identificar a los cabecillas de la organización y determinar su modus operandi que consistía en ofrecer a mujeres africanas la posibilidad de trasladarse a Europa para estudiar, comprometiéndose a sufragar los gastos de manutención, estudios y trayectos como un favor a su familia.

Para que las víctimas viajasen a España, la organización obtenía visados fraudulentos y las trasladaban por diferentes países africanos y europeos hasta llegar a nuestro país.

Ya en España se destapó el engaño. Las víctimas tenían que sufragar todos los gastos de su viaje ejerciendo la prostitución y si se negaban sufrían  numerosas palizas y agresiones sexuales por parte de hombres de la propia organización criminal, por lo que no tenían otra salida.

Deudas de 50.000 euros

El importe reclamado por los miembros de la organización derivado de los gastos del traslado a Europa oscilaba entre los 50.000 y los 55.000 euros.

Además de las agresiones físicas y sexuales, amenazaban a las víctimas con prácticas de vudú o bien con asesinar o incendiar la vivienda de sus familiares directos en su país.

Para cobrar la deuda retiraban a las víctimas el dinero obtenido de la prostitución, les imponían multas si no pagaban la cuota estipulada en los plazos de tiempo establecidos y les cobraban un alto precio por alquiler de la habitación en la que residían por la manutención.

Otros miembros de la organización se dedicaban a la falsificación de documentos y a la celebración de matrimonios de conveniencia para la obtención de la residencia legal en España. Mediante esta práctica de matrimonios falsos la organización lograba documentar legalmente a sus víctimas en España y que residieran permanentemente en el país como familiares de ciudadanos comunitarios.

Finalmente, con la colaboración de la Brigada Central de Redes de Inmigración y de las Brigadas de Extranjería de Málaga, Madrid, Sevilla y León, tras siete meses de investigación, se ha logrado detener a un total de 20 personas.