Por · J. Marcos.-El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la Fundación Agbar (de Aguas de Barcelona) están escribiendo las primeras páginas del nuevo panorama de la gestión de agua con el anuncio de un convenio para promover un foro sobre ‘derecho de aguas’ dentro de la magistratura. La respuesta de 34 asociaciones, ONG y sindicatos no se ha hecho esperar
La réplica popular tiene como sustento Madrid, allí donde el tablero está definido desde hace tiempo respecto al Canal de Isabel II, faro para las decenas de luchas puntuales que se avecinan en todo el Estado. E Italia, donde un referéndum dijo ‘no’ a la privatización y cuya aplicación se exige ahora con una campaña de ‘obediencia civil’. “Sin agua no somos, no podemos elegir nada. Quien privatiza el agua, privatiza nuestra vida”. Dos frases resumen la coyuntura y la lucha ante la situación de la gestión de los suministros de agua. Las pronuncia Renato de Niccola, dirigente del Foro Italiano del Movimiento del Agua, ante una audiencia madrileña.
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la Fundación Agbar (de Aguas de Barcelona) están escribiendo otro de los primeros capítulos con el anuncio de un convenio para promover un foro sobre ‘derecho de aguas’ dentro de la magistratura. La respuesta de 34 asociaciones, ongs y sindicatos no se ha hecho esperar. Firmado el pasado 20 de diciembre, el marco de colaboración entre el Consejo General y la Fundación Agbar pretende “establecer las bases generales de cooperación (…) en materia de formación y perfeccionamiento (…) y que permitan la realización de actuaciones de interés común”. ¿Qué es el ‘derecho de aguas’?, ¿a qué se refieren con actuaciones de interés común? “Se trata de un término amplio que se irá concretando y modelando a medida que se desarrolle el programa de formación consecuencia del convenio entre las dos instituciones. Por el momento no está definido del todo”, esbozan desde Agbar como única respuesta.
La opacidad ha provocado, tras la primera reacción de la sociedad civil, la intervención del diputado de IU Gaspar Llamazares, quien envió una carta al presidente del CGPJ, Carlos Dívar. La respuesta llegó también en forma de misiva: el objetivo, explica la magistratura, es que la formación impartida ostente la “máxima calidad”, a la vez que recuerdan que los planes de formación del Consejo son dirigidos por ellos mismos y no por la entidad con la que se colabora. Reconocen además que la colaboración con la Fundación Agbar beneficiará la calidad de los cursos y los conocimientos que se impartirán.
La Fundación Agbar es una rama de la empresa del mismo nombre, que a su vez pertenece a la multinacional francesa Suez, quien se reparte el mercado mundial de los suministros de agua con Veolia. Ambas compañías, que actúan como un oligopolio, han sido expedientadas por la Comisión Europea por pactar precios en Francia. Así las cosas, la Fundación que formará a los jueces en torno al derecho humano al agua pertenece a una gran empresa sancionada en la arena europea por incumplir las normativas básicas y cuyo currículum no parece cercano a un marco de derechos humanos.
Las organizaciones de la sociedad civil esgrimen que el acuerdo vulnera el principio de independencia del CGPJ; recuerdan además que la Fundación Agbar tiene un conflicto de intereses para coordinar un proceso de debate alrededor del derecho al agua por sus réditos comerciales en el sector. Para Llamazares el objetivo fundamental de Agbar es “ampliar su negocio en la gestión del agua, liberalizar el sector, regular el agua con mecanismos de mercado y eliminar aquellas legislaciones que contemplan el agua como un bien común y son desfavorables para su expansión”.
Además una sentencia pesa sobre Aguas de Barcelona, recurrida por la compañía, y recoge que “la compañía suministradora actúa sin concesión del servicio por parte del Ayuntamiento [de Barcelona], de forma que el cobro de la tarifa y la privación del servicio son actuaciones nulas”. Además de que “se constata una quiebra generalizada de las garantías procedimentales que asisten a los usuarios del servicio”.
El debate está abierto antes incluso de firmarse el convenio, ya que no todas las posiciones dentro del CGPJ lo veían claro, indican fuentes de los movimientos sociales. Y el contexto potencia la reflexión. “El proceso de privatización se ha acelerado y no está respondiendo a un criterio lógico. Se hace porque se piensa en una inyección de capital que va a la caja general y que puede usarse como se quiera”, ha explicado Nuria Hernández-Mora, presidenta de la Fundación Nueva Cultura del Agua, durante unas charlas sobre la lucha contra el Canal de Isabel II de Madrid.
Modelo de América Latina en los años 80
Un proceso que se ha acelerado en los países del sur de Europa con los planes de ajuste ante lo que llaman la crisis de la deuda. No sucede lo mismo en el centro y norte del continente, ya que países como Alemania y Francia están ‘remunicipalizando’ el servicio, aclara Jaume Delclós, de la Campaña de Agua de Ingeniería sin Fronteras de Catalunya. “Con las privatizaciones se pierde posibilidad de control democrático sobre un servicio elemental”, añade Hernández de Mora. A su lado toma la palabra Luis Bibiano, gerente de la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento, quien apunta que no existe un ente regulador que supervise la labor de las empresas. “Ahora se está creando una nueva burbuja y es la hídrica”, remata.
El sur europeo revive empero los esquemas privatizadores que se aplicaron en América Latina en los años 80 y que provocaron situaciones como la conocida ‘guerra del agua’ de Bolivia. Del proceso sabe mucho Agbar, con polémicas actuaciones en algunos países del continente. Por ejemplo en Buenos Aires consiguió la concesión del servicio pero no cumplió las condiciones que establecía en cuanto a extensión de la red ni depuración y aumentó las tarifas en más de 80 por ciento, recoge Greenpeace en un informe [pdf].
La experiencia latina de Agbar es dilatada. Según la misma documentación, la multinacional entró en Colombia en 1995, cuando se creó una empresa mixta público-privada para prestar suministros a la ciudad de Cartagena. Cuatro años después la empresa afirmaba que el 99 por ciento de la ciudad estaba abastecido mientras, al mismo tiempo, el Banco Mundial denunciaba que un tercio de la población, sobre todo en los vecindarios pobres, no tenía acceso al servicio.
Actualmente quizás el enclave más polémico sea su presencia en Saltillo, México. La investigadora del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario Cindy McCulligh resume en cuatro estrategias la forma de actuar de Agbar desde su llegada: cortar el agua a los usuarios que no pagan; subir las tarifas; sobreexplotar el agua; e inventar y calumniar. Y todo esto enmarcado en la reciente aprobación del derecho humano al agua y al saneamiento por la Asamblea de Naciones Unidas. Un hito histórico.
Escrita la teoría resta concretar su aplicación práctica, que idealmente corresponde a los Estados, garantes del cumplimiento de los derechos humanos. La Historia con mayúsculas del agua sigue sumando párrafos. Y Agbar no está dispuesta a perder el protagonismo, tomando buena posición de partida en España. Y la sociedad civil anuncia que seguirá respondiendo. “Se escribe agua, se lee democracia”, remata De Niccola.
