Para las organizaciones ecologistas, iniciar una reforma de esta Ley, sin haberse terminado el deslinde –la delimitación cartográfica– del dominio público marítimo-terrestre, provocaría una gran inseguridad jurídica. Además, supondría un enorme coste al erario público ya que se tendría que hacer frente a las indemnizaciones hacia aquellos que sí acataron la Ley.

La moción del Partido Popular persigue garantizar una supuesta seguridad jurídica hacia un reducido sector de la sociedad que solo representa un 1,1% de la población. Una moción que ignora que el 90% de los pleitos sobre la aplicación “arbitraria, retroactiva e injusta” de la norma los gana el Estado. Es decir, durante los 24 años en que la Ley ha estado vigente en nuestro país, los “males” que ahora se atribuyen a la Ley son responsabilidad de los gestores de urbanismo de los municipios costeros y las comunidades autónomas que permitieron en sus planes generales construir en terreno público aun sabiendo que lo hacían en contra de la Ley.

Uno de los puntos de la moción que más preocupa a las organizaciones es que se cite expresamente “la inquietud e inseguridad” de los representantes del sector hostelero como unas víctimas de la defensa de la costa y que los “ciudadanos no españoles están dejando de invertir en el mercado residencial español”. Aquí subyacen los verdaderos motivos de la reforma: un escenario de continuidad en la gestión de la costa, que dará por bueno el beneficio privado con la búsqueda de soluciones a medida , dejando en segundo plano el objetivo de un litoral al servicio de todos y de un interés general.

La reforma real que sí necesita la ley de costas es avanzar en la publicación de una estrategia de sostenibilidad del litoral que planifique usos e integre políticas, que tenga como pilar la conservación del territorio costero y que garantice el uso y disfrute público, gratuito.