El secretario confederal de Acción Sindical de USO, José Vía, ha advertido este viernes en Gijón que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) pueden ser el "colofón final" a los recortes que conllevará un paquete de medidas "durísimo" y ha añadido que la reforma laboral le servirá al Gobierno central de instrumento para llevarlo a cabo. "Esta batalla va a ser larga y los recortes muy duros", ha apostillado en rueda de prensa en la sede de USO.

Como ejemplo, ha citado el limitar a 24 mensualidades el tope de indemnización en despidos improcedentes de trabajadores con contratos antiguos que tenían derecho a 45 días y u n máximo de xxx meses. A esto ha añadido que el tema del arbitraje obligatorio y la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos estaría también bajo sospecha.

Para él, el 'quid' del asunto es quién nombra el árbitro, que es el Gobierno, además de aludir a la partida presupuestaria importante que afecta a esta cuestión. Asimismo, ha indicado que se nota que lo que pasó con la huelga de controladores "está flotando en el ambiente".

Sobre esto, ha dejado claro que USO no abandonará la vía jurídica y denunciará si se aprecia cualquier cauce de anticonstitucionalidad, aunque ha incidido en que la Justicia es muy lenta por lo que se hacen necesarias las movilizaciones, sin descartar la huelga general. Vía ha precisado que está claro que el Gobierno estuvo "muy bien asesorado" a la hora de redactar el documento.

En este sentido, ha adelantado que el sindicato no estará presente en las movilizaciones convocadas por CCOO y UGT -aunque sin prohibir a afiliados que vayan a nivel personal--, al considerar a estos 'culpables' de una buena parte de recortes de derechos laborales con el acuerdo de negociación que firmaron el pasado enero, que, entre otras cosas, sustituye la cláusula de revisión salarial por otra llamada "eufemísticamente" de actualización. Sí asistirán a las concentraciones convocadas por la Confederación Europea de Sindicatos para el próximo día 29, que en Asturias probablemente sea en Oviedo frente a la Delegación del Gobierno.

Sobre este asunto, ha conminado a las delegaciones sindicales asturianas de CCOO y UGT  para que insten a sus respectivas Ejecutivas a que dejen "el teatro compartido" y corrijan su posicionamiento en materia laboral, al tiempo que ha hecho un llamamiento a la unidad sindical para combatir una reforma "brutal" y que tiene visos de inconstitucionalidad en algunas de sus puntos. Ha defendido el que los sindicatos se autofinancien con las aportaciones de sus afiliados para dejar clara su independencia.

SUAVIZAR LA REFORMA

Vinculado a ello, ha apuntado una serie de alegaciones a la reforma que está elaborando USO de cara al trámite parlamentario, que, según él, no se entrará en él hasta después de las elecciones andaluzas y asturianas del 25 de marzo. Vía ha incidido en que pese a que aritméticamente el Gobierno tiene potestad para no modificar la reforma, una gran respuesta ciudadana contra esta puede hacer más fácil el que "se suavice" en el trámite parlamentario.

Entre esas alegaciones, está el cambiar el que los despidos no sean procedentes de mano salvo que un juez declare lo contrario; el que se respete los derechos adquiridos de los contratos antiguos de 45 días y no solo hasta el pasado día 11; que se prime la contratación de parados en exclusión social, especialmente de familias con todos sus miembros desempleados, y no a solo a los que cobren prestaciones para "maquillar" estadísticas; y que en los contratos parciales un día de trabajo sea un día cotizado y no medio.

Asimismo, ha remarcado que con esta reforma se abarata el despido, recorta derechos adquiridos, implanta el ERE 'express', un modelo de contratación más precario y que va a destruir empleo "a raudales", sobre todo en la franja de 30 a 45 años; y abre el despido objetivo en las empresas públicas, entre otros aspectos.

De este último, ha citado los 1.600 despidos de empresas públicas en Cantabria o los 12.000 de la Universidad de Cataluña, sin obviar la reunión de este día de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) sobre la reestructuración del entramado público del Gobierno central. Una norma, que ha augurado se extenderá a los funcionarios y que está pensada para sanear el 80 por ciento de ayuntamientos quebrados del país.

EFECTOS EN ASTURIAS

Unido a todo ello, ha señalado que la reforma laboral ya se deja notar en Asturias y ha puesto el caso de Alcoa, que cuando se atasca la negociación amenaza la empresa con retirar el ERE y presentarlo acogiéndose al nuevo texto legal. Otros casos, al margen del conocido de Rioglass, es el del sector de la limpieza, en el que la patronal se ha negado a negociar su renovación, o la Construcción, en la que se renuncia al incremento y se firmó la congelación para 2012. "Estamos en plena aplicación -de la reforma-- "pura y dura y de la manera más extrema posible".