El sector público empresarial se reducirá por dos vías: mediante la limitación de las retribuciones fijas de responsables y directivos y por la reducción en, al menos, un centenar de consejeros. El objetivo del Gobierno es conseguir la máxima austeridad y eficacia en el funcionamiento de este sector.
El Consejo de Ministros ha elaborado un Real Decreto por el que se regula el régimen retributivo de los responsables y directivos del sector público empresarial. El documento se ha enviado para su dictamen urgente al Consejo de Estado.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha destacado que esta medida se basa en tres principios:
- La transparencia, ya que los ciudadanos podrán conocer las retribuciones de los directivos del sector.
- La homologación en los criterios de retribución en todo el sector público empresarial teniendo en cuenta el tipo de entidad, volumen de negocio, actividad, número de trabajadores y funciones.
- La fijación de límites a las retribuciones. Estos, según la vicepresidenta, "son sensiblemente inferiores a los que se manejan en el sector privado para empresas de la misma entidad", pero el Gobierno entiende que son lo suficientemente razonables en época de austeridad.
- Retribuciones
Soraya Sáenz de Santamaría ha explicado que se establece una retribución básica que tiende a homologarse con los sueldos de subsecretarios y directores generales de los ministerios.
Las empresas públicas se clasifican en tres tipos:
- Grupo 1: Los directivos de las empresas más grandes tendrán una retribución básica máxima de 105.000 euros.
- Grupo 2: En las de tamaño medio, el límite será de 80.000
- Grupo 3: En las de tamaño reducido, no se superarán los 55.000 euros.
La vicepresidenta ha avanzado que sobre esa retribución básica habrá un complemento de puesto y, si así se dictaminase, un complemento variable ligado al cumplimiento de los objetivos de la entidad.
Sáenz de Santamaría ha subrayado que "se acaba con la práctica habitual en la Administración General del Estado de establecer retribuciones en especie mayores a las retribuciones dinerarias".
En el caso de haber retribuciones en especie, estarán incluidas dentro del tope de la retribución final fijada.
La vicepresidenta ha afirmado que esta medida "supondrá una reducción del 25 al 30% de media en todo el sector público empresarial y podrá llegar al 35% en las empresas de menor entidad".
Sáenz de Santamaría ha puesto como ejemplo que las retribuciones fijas de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), que actualmente se sitúan en los 200.600 euros, serán reducidas en un 27%.
En el caso de Navantia, ha añadido, "la retribución del consejero delegado se minora en un 28% y en Unosa un 23%".
La vicepresidenta ha asegurado que esta limitación del sueldo de los directivos de empresas públicas no supondrá un freno a la contratación de los mejores ejecutivos. "Entendemos que el recorte es razonable, sobre todo tratándose de empresas publicas", ha dicho.
Sáenz de Santamaría ha recordado que el sueldo de los empleados públicos ya ha sido recortado: "Todos los empleados públicos han hecho un esfuerzo y entendemos que este recorte es razonable".
Reducción del número de consejeros
El Consejo de Ministros también ha decidido reducir el número de consejeros de los Consejos de Administración de las empresas del sector público. Las de mayor dimensión tendrán un máximo de 15 consejeros, las medianas, 12, y las más pequeñas, un máximo de 9.
La vicepresidenta ha asegurado que con esta iniciativa "habrá, al menos, una supresión de un centenar de consejeros del sector público empresarial".
Otros acuerdos
- Recibido el informe sobre el cumplimiento de no disponibilidad de crédito en el Presupuesto del Estado por importe de 8.914, 95 millones de euros
- Autorizadas las Comunidades Autónomas de Andalucía y Galicia a tomar préstamos a largo plazo y a realizar emisiones de deuda pública hasta un importe máximo de 2.506,11 millones de euros y de 434,87 millones de euros, respectivamente
- Aprobadas las nuevas tarifas para el aprovechamiento del Acueducto Tajo-Segura
- Modificadas las estructuras orgánicas del Ministerio del Interior y del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
Asuntos de actualidad
Durante su comparecencia ante los medios de comunicación en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta ha informado de que el Ministerio de Empleo y Seguridad Social ha aprobado la ampliación del plazo reglamentario de ingreso de cuotas a la Seguridad Social a empresas y trabajadores vinculados a la flota pesquera que se vio obligada a abandonar el caladero marroquí el pasado diciembre.
Se permitirá que el pago de las cuotas correspondientes al periodo comprendido entre enero y junio de este año se puedan aplazar seis meses sin recargos ni comisiones.
Soraya Sáenz de Santamaría ha declarado que la medida "es una muestra del apoyo del Gobierno a esos trabajadores que no pueden faenar y que están viviendo grandes dificultades económicas".
A preguntas de los periodistas sobre hasta qué punto hay capacidad para modificar la reforma del mercado laboral por parte del Gobierno, la vicepresidenta ha asegurado que el Ejecutivo tiene voluntad de negociar y por ello "esta reforma se tramita como proyecto de ley, para que los grupos presentes enmiendas y se pueda enriquecer el texto".
Por otra parte, Soraya Sáenz de Santamaría ha asegurado que el Ejecutivo está trabajando para buscar una solución al déficit de tarifa, para lo que hablará con todas partes. Este asunto, ha asegurado, debe repartirse sobre tres patas: los consumidores, las compañías eléctricas y la deuda del Estado. "Todos tenemos que trabajar para lograr un mix energético más sostenible", ha añadido.
Preguntada por la renovación en RTVE, ha asegurado que el Gobierno se ha marcado como una prioridad el nombramiento de un presidente de RTVE y la renovación de su Consejo de Administración para que puedan ejecutar "de manera ordenada el recorte de 204 millones de euros", aprobado por el Ejecutivo para 2012.
Sáenz de Santamaría también ha señalado, en respuesta a la prensa, que desde la adscripción a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), compartida entre la Corporación RTVE y EFE, el Gobierno va a plantear entre ambas compañías "servicios compartidos", así como "ciertas economías de escala" para reducir costes y aumentar eficiencias.
