La ley de Responsabilidad Civil Nuclear desarrolla en el ordenamiento español la normativa internacional más avanzada en materia de responsabilidad civil por daños nucleares, adaptando los cambios introducidos en los Convenios internacionales de París y Bruselas que ya fueron ratificados por el Parlamento español en noviembre de 2005.

Entre las principales novedades de la Ley, la nueva regulación amplía hasta 1.200 millones de euros el tramo de responsabilidad que debe ser cubierto por los titulares de las instalaciones nucleares (bajo la normativa en vigor hasta el momento era de 700 millones). Para las instalaciones con riesgo reducido y de transporte puede ser rebajado por el MITYC, previo informe del CSN, cuando se trate de instalaciones de bajo riesgo, o transportes, hasta 70 y 80 millones de euros respectivamente.

La Ley también amplía el concepto de "daño nuclear" que debe ser cubierto, para incluir los daños medioambientales, las medidas reparadoras y el lucro cesante. La norma extiende también el ámbito de aplicación de los Convenios internacionales para incluir los daños producidos en terceros países firmantes.

Además, se amplía el período de reclamación a 30 años para los daños a personas y en 10 años para el resto. El período actual de reclamación asciende a 10 años para todos los casos.

Adicionalmente, mediante esta Ley se modifica la Ley sobre Energía Nuclear, con el objeto de incrementar la transparencia en la explotación y garantizar que los titulares de las autorizaciones de las centrales nucleares cuenten con los recursos necesarios para la explotación segura de las mismas.