El portavoz de IU en la Comisión de Justicia explica por carta al máximo responsable de la carrera judicial que esta fundación ligada a la multinacional Suez, que controla más del 50% del negocio del agua en el mundo, tiene un “conflicto de intereses” para poder realizar su tarea y le solicita revisar el acuerdo “para garantizar la formación plural de jueces y fiscales”

El diputado de Izquierda Unida y portavoz parlamentario en la Comisión de Justicia, Gaspar Llamazares, ha trasladado al presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Dívar, la “preocupación y disconformidad” de IU tras conocer las características del convenio suscrito por el máximo órgano de gobierno de los jueces y la privada Fundación AGBAR para crear un observatorio sobre Derecho de Aguas y Medioambiente. Éste será el medio que se utilice para la formación continua de los miembros de la carrera judicial en estas materias.

Llamazares, en una carta dirigida personalmente a Dívar, recuerda al máximo responsable del CGPJ que la firma del convenio con AGBAR supone hacerlo con “una fundación privada ligada a una de las multinacionales mas importantes del sector, Suez, que controla más del 50% del negocio del agua en el mundo, muy marcada por los procesos de privatización de la gestión del agua”.

“A nuestro juicio –señala en su misiva Gaspar Llamazares-, la Fundación AGBAR tiene un conflicto de intereses para coordinar un proceso de debate alrededor de Derecho de Agua, al depender de una entidad, Aguas de Barcelona-Suez, cuyo objetivo fundamental es ampliar su negocio en la gestión del agua, liberalizar el sector, regular el agua con mecanismos de mercado y eliminar aquellas legislaciones que contemplan el agua como un bien común y son desfavorables para su expansión”.

El parlamentario de IU reconoce en su escrito a Dívar que “somos concientes de que el CGPJ posee la competencia exclusiva en materia de formación continua de los integrantes de la carrera judicial”, y expresa su apoyo de que existan mecanismos para mejorar la formación de los jueces, pero reitera que “sería un grave error que estos programas de formación puedan ser dirigidos por una entidad como la Fundación AGBAR, cuyos intereses pueden condicionar el resultado del Foro que se pretende constituir”.

Llamazares recuerda también en su escrito los problemas que ha tenido esta multinacional con distintas administraciones, tanto en España como en importantes capitales del mundo, donde ha sido acusada de “prácticas abusivas” y algún caso aún pendiente por resolver con la Justicia.

Tras todas estas valoraciones y explicaciones, el portavoz de IU en la Comisión de Justicia solicita al presidente del CGPJ que “se proceda a revisar el convenio suscrito con Fundación AGBAR con el objeto de garantizar una formación plural a los futuros jueces y fiscales, próxima a la realidad que viven los ciudadanos y no exclusivamente a los intereses empresariales del sector y, sobretodo, una formación global que comprenda las distintas visiones que desde el ámbito jurídico y académico, y también de la sociedad civil, existen  sobre el Derecho de Aguas”.