La vicepresidenta, al margen de lo aprobado por el Consejo de Ministros, ha anunciado una línea de créditos del ICO de 10.000 millones de euros destinada a las Comunidades Autónomas para atender el pago a los proveedores, que estará condicionada al cumplimiento de los objetivos de disciplina presupuestaria.
El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto Ley de saneamiento del sistema financiero, que aborda cuatro aspectos: un plan de saneamiento del sector, un plan de restructuración, la simplificación de los órganos rectores de las cajas de ahorro y limitaciones estrictas al sistema de remuneraciones de los administradores y directivos de las entidades que reciban ayudas.
La reforma fue presentada ayer por el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, quien la ha detallado hoy junto a la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
La vicepresidenta ha explicado que la intención del Gobierno es "simplificar la estructura de las cajas de ahorros que no lleven a cabo actividad propia de una entidad de crédito". Se busca, ha dicho, reducir costes, y se establece la obligación de que "dediquen el 90% de sus excedentes de libre disposición a cumplir con su obra social".
El Ejecutivo también ha establecido un conjunto de limitaciones a las remuneraciones fijas y variables de consejeros, administradores y directivos tanto de las entidades que recibieron ayudas públicas como de las cuatro que fueron intervenidas.
Luis de Guindos ha precisado que los directivos de las entidades que han recibido préstamos del Fondo de Reestructuración Bancaria no podrán cobrar remuneraciones anuales superiores a 600.000 euros. El límite para los directivos de las entidades intervenidas es de 300.000.
Soraya Sáenz de Santamaría ha subrayado que, al ser entidades con ayuda pública, "el Gobierno entiende que puede establecer límite a esas remuneraciones", del mismo modo que se fijan límites a las remuneraciones en los casos en que el sector público lleva a cabo una actividad.
En la misma línea, Luis de Guindos ha insistido en que la intención del Gobierno "no es fijar los sueldos del sector privado", sino que las ayudas públicas cumplan la finalidad para las que fueron destinadas.
La vicepresidenta del Gobierno ha destacado que el objetivo de las decisiones adoptadas es fortalecer la confianza y la credibilidad en la sociedad española, en la economía y en el sector bancario tanto en el ámbito nacional como en el internacional. Además, se busca abaratar el precio de la vivienda y acomodarlo a la situación actual del mercado.
Línea ICO para las Comunidades Autónomas
Sáenz de Santamaría y Luis de Guindos han anunciado que la Comisión Delegada para Asuntos Económicos ha acordado una línea de créditos ICO para financiación directa de las Comunidades Autónomas condicionada al cumplimiento de las exigencias de disciplina presupuestaria. Está dotada de 10.000 millones ampliable a 15.000 millones de euros.
Esta línea ICO tiene dos elementos básicos. Es un mecanismo de financiación para el pago de proveedores de las Comunidades Autónomas, para el pago de suministros, obras y servicios reconocidos antes del 1 de enero de 2012. Se trata de una medida que trata de paliar la morosidad y los aplazamientos en el pago de estas deudas con proveedores para dinamizar a pymes con deudas no pagadas por las administraciones públicas.
El segundo elemento de esa línea está destinado a cumplir las obligaciones derivadas de la deuda financiera de las CCAA con anterioridad al 1 de enero.
