El Ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wer, compareció el martes ante la Comisión de Educación y Deporte donde expuso las reformas que proyecta su departamento, entre ellas la supresión de Educación para la Ciudadanía.

EXPOSICIÓN DEL MINISTRO

Quiero que mis primeras palabras sean para manifestar mi satisfacción por comparecer en esta Comisión de Educación y Deporte, para presentar en esta Cámara las líneas generales de actuación que en materia de Educación y Deporte va a desarrollar el Ministerio, en esta X Legislatura.

Mi voluntad y plena disposición es que esta primera comparecencia sea el punto de partida de un fluido diálogo entre el Ministerio y todos los grupos parlamentarios hoy representados. No entiendan mis palabras como mera cortesía parlamentaria. Como expondré a continuación, uno de los aspectos en los que quiero incidir más en mi gestión al frente del Ministerio es en la rendición de cuentas y la fiscalización de resultados. Por lo que creo procedente predicar con el ejemplo y someterme al escrutinio de Sus Señorías cuantas veces sea necesario.

Señoras y señores diputados,

Comenzaré mi intervención por la Educación que, como saben, pues así lo expresó el Presidente del Gobierno en el Debate de Investidura, es una prioridad absoluta de nuestro Ejecutivo. La educación es uno de los principales pilares del proyecto de reformas del Partido Popular. La grave situación económica y de empleo que atraviesa el país desde 2008 hace más urgente, si cabe, mejorar un sistema educativo cuya ineficiencia para preparar a los alumnos para competir en la sociedad del conocimiento tiene su máxima expresión en una cifra trágica: prácticamente la mitad de los activos menores de 25 años está en el paro (48.56%). Casi el 60% de esos parados no ha superado en su formación la primera etapa de la educación secundaria.

Pero la necesidad de esta reforma trasciende con mucho el plano económico. Es cierto que un capital humano cualificado es una garantía de futuro, en términos de progreso y bienestar, para quien lo acopia y para la sociedad en su conjunto. Pero de ello depende también algo, a mi entender, más importante aún, la calidad moral de nuestra democracia.

En este punto, y como estamos celebrando el bicentenario de la Constitución de Cádiz no me resisto a recordar que en su Discurso Preliminar Agustín de Argüelles dijo que “El Estado, no menos que de soldados que le defiendan necesita de ciudadanos que ilustren a la Nación y promuevan la felicidad con todo género de luces y conocimientos. Así que uno de los primeros cuidados que deben ocupar a los representantes de un pueblo grande y generoso es la educación pública. […] Para que el espíritu público pueda dirigirse al grande objeto de formar verdaderos españoles, hombres de bien y amantes de su patria”.

La educación fue también un tema central en la construcción de nuestra democracia y participó del espíritu de consenso que caracterizó la Transición española. Quiero reivindicar aquí el pacto constitucional en materia educativa, que se plasmó en el artículo 27 de la Constitución. Los dos pilares que fundamentan el armazón del “pacto constitucional” son el derecho a la educación y la libertad de enseñanza.

El derecho a la educación confiere al Estado, a los poderes públicos, las obligaciones de promover y garantizar una educación básica a todos los españoles, en condiciones de igualdad y de calidad, que, conforme a la ley, comporta su obligatoriedad y gratuidad hasta los 16 años.

El segundo pilar, el de la libertad de enseñanza, comprende a su vez, por una parte, el derecho de la iniciativa social a participar, mediante la creación y dirección de centros docentes, en la tarea educativa. Y, por otra parte, la libertad de elección del tipo de educación y el centro docente por parte de las familias, una libertad cada vez más apreciada por los ciudadanos.

II. DIAGNÓSTICO

Hacer efectivos dichos principios, sobre todo la extensión de la educación obligatoria hasta los 16 años, ha exigido una gran inversión de recursos. Por ello en estos años ha habido un incremento notable de los recursos empleados en el sistema:

• El gasto en educación pública ha pasado de representar el 1.8% del PIB en 1975 al 4.7% (2008).
• La tasa de escolarización a los 3 años ha pasado del 15% (1975) al 99% (2009).
• La tasa de escolarización a los 16 años ha pasado del 41% (1975) al 94% (2009).
• La ratio alumnos/profesor ha pasado de 24 (1975) a 11 (2009).
• El número de centros públicos de Secundaria ha pasado de 1.127 (1975) a 3.936 (2009).

No obstante, el balance en términos de resultados es francamente preocupante:

• Fracaso escolar – Hay un 26% de jóvenes que ni siquiera llega a concluir la escolarización obligatoria y conseguir la titulación básica.
• Abandono escolar temprano – Un 28.4% de los jóvenes que obtiene el título de Secundaria no prosigue estudios. La media europea es la mitad (14.4).
• Resultados PISA 2009 –puesto 26 de los 34 estados miembros de la OCDE. Sólo superamos a países como Eslovaquia, Turquía, Chile o México.
• Excelencia – Sólo el 3% de los alumnos españoles obtiene resultados sobresalientes en PISA, frente al 8% de media de la OCDE.
• Tasas de repetición – el 36% de los alumnos españoles de 15 años que se presentaron a PISA 2009 eran repetidores frente al 5% de Finlandia.
• Los alumnos españoles de Secundaria tienen más horas lectivas que el resto de sus compañeros europeos, pero menos horas de Lengua y Matemáticas. Un 25% menos de horas de clase de Matemáticas que en Alemania y un 29% menos que en Francia. En Lengua, tienen un 23% menos de horas de clase que en Francia.

Buena parte de estos datos explican una de sus más dramáticas consecuencias: el 48.56% de desempleo juvenil, frente al 22.3% de media de la UE-27 o al 8.1 de Alemania (datos Eurostat para menores de 25 años).

Lo que ha sucedido estos años, Señorías, es que se han centrado los esfuerzos en dotar al sistema de muchos recursos para compensar el desequilibrio de partida de la educación española en relación a los países de nuestro entorno. Y, en efecto, ahora España está por encima de la media en dotación que los países más industrializados del mundo:

• España es el 8º país con más gasto por alumno en la escuela pública de la OCDE – 9.833$ frente a los 8.146$ de la UE-21 y los 8.027$ de la OCDE. España gasta en cada alumno de la escuela pública casi 2.000$ más que la media el los países de la OCDE.
• La ratio alumnos por profesor en España es inferior a la media de la OCDE: 11 frente al 13 de la OCDE.

No obstante, como he puesto de manifiesto, en cuanto a resultados estamos muy por detrás de dichos países. Lo cual demuestra que esa enorme inversión de recursos ha sido muy ineficiente, en la medida en que no ha servido para que los estudiantes españoles progresen en conocimientos y resultados como sus colegas europeos. Y esto, no lo olvidemos, es el objetivo último de la educación.

III. REFORMAS NECESARIAS

El análisis de los datos, por tanto, nos lleva a concluir que el problema de la educación española no es fundamentalmente un problema de recursos. Sin embargo, también importa trabajar en un uso eficiente de aquellos.

Y hemos comenzado por aplicárnoslo a nosotros mismos, al fusionar los Ministerios de Educación y Cultura, y la Secretaría de Estado de Deportes. La nueva estructura del Ministerio se compone del Consejo Superior de Deportes y dos Secretarías de Estado: Educación, Formación Profesional y Universidades, por un lado, y Cultura, del otro. Esto se ha traducido en la reducción del 20% de puestos de libre designación y en el ahorro de 600.000 euros en retribuciones de altos cargos. Estamos elaborando, además, planes de reducción del gasto corriente y de redimensionamiento del Sector Público Empresarial y fundacional del Ministerio.

Lo que, en ningún caso, hemos rebajado son nuestros objetivos reformistas. El marco de referencia que inspira las reformas que vamos a impulsar es el fijado por todos los países de la UE en Europa 2020, entre cuyos objetivos se encuentra reducir al 10% el abandono educativo en los países europeos. De modo, Señorías, que es indispensable que en España, donde tenemos un abandono del 28.4%, tomemos medidas no sólo para reducir nuestro déficit público, sino también el déficit educativo.

Es una razón más para emprender inmediatamente una ambiciosa reforma de nuestro sistema educativo. Alcanzado hace 10 años el principio constitucional de universalización de la educación, ha llegado el momento de centrarnos en la mejora de la calidad. Nuestra intención es hacerlo desde el diálogo y la participación con toda la comunidad educativa (profesores, alumnos, familias, sindicatos, instituciones educativas etc.). Con todos ellos, formularemos una Estrategia Nacional de Calidad.

En este punto quisiera hacer un llamamiento a los miembros de esta Comisión. Nuestra voluntad de entendimiento es sincera. Prueba de ello es que no hemos caído en la tentación de aprovechar la amplia mayoría que nos han confiado los españoles para aprobar una nueva ley general educativa. No sería bueno que la educación española pasara de nuevo por un trance que sólo genera inestabilidad y desconcierto.

Pero no podemos cerrar los ojos, Señorías, a la realidad de que las profundas deficiencias de los resultados a las que me acabo de referir nos sitúan ante una situación de estancamiento e, incluso, retroceso de nuestro sistema educativo a la que tenemos que dar respuesta.

Este retroceso se ha acentuado en las dos últimas legislaturas. Bajo el principio legitimador de una mal entendida equidad, se ha reducido el nivel de exigencia en comparación con la situación anterior, con lo que la educación pública ha dejado de contribuir a la promoción social.

La reforma que pretendemos, por tanto, va encaminada a una mejora sustancial de la calidad, manteniendo y reforzando la equidad básica, que es la igualdad de oportunidades. Es decir, los alumnos que presenten necesidades educativas específicas serán atendidos específicamente, pero a la vez también abriremos vías y oportunidades a los que destacan por sus capacidades o su trabajo.

La igualdad de oportunidades también significa para este Gobierno que todos los alumnos tengan las mismas oportunidades educativas con independencia de su lugar de residencia.

Por ello estoy convencido de que el primer cambio que necesita la educación española es un cambio de mentalidad. Hay que abandonar la cultura del acomodo y la mediocridad. Es indispensable que en la escuela se vuelvan a promover valores como el esfuerzo, el mérito, la satisfacción por el trabajo bien hecho, la autoexigencia, la responsabilidad o el respeto a la figura del profesor.

1. Estatuto carrera docente

Precisamente estos últimos, los docentes, van a ser protagonistas destacados de las reformas que vamos a emprender. La calidad del profesorado es un factor clave a la hora de mejorar los resultados de un sistema educativo. Ningún sistema educativo puede ser mejor que su profesorado, de ahí el compromiso de este Ministerio de ofrecerles las mejores oportunidades.

Por razones demográficas, en los próximos años va a haber una considerable renovación de profesores (hasta 200.000 profesores se jubilarán a lo largo de la próxima década). En consecuencia, es el momento de replantearnos el sistema de acceso a la carrera docente y el progreso dentro de ella, y sustituirlo por otro que sí garantice la selección de los mejores y relacione el progreso de los seleccionados con los resultados que obtengan.

La carrera docente es una opción profesional atractiva y competitiva. Debemos centrar nuestros esfuerzos en recuperar el prestigio del que la profesión siempre ha gozado y que es preciso restablecer, pues de ellos depende la formación de las nuevas generaciones.

Tenemos que atraer a la docencia a los mejores. Además, tenemos que conseguir que a lo largo de su carrera encuentren los incentivos necesarios para seguir mejorando en el desempeño de su trabajo en un contexto como el actual donde la formación permanente no es una opción sino una exigencia. Ha llegado el momento de aprobar por fin un Estatuto del Docente. Un marco básico que mantenga el carácter estatal de los cuerpos docentes, que ofrezca a los profesores la posibilidad de desarrollar una carrera desde su entrada en el cuerpo hasta su jubilación, en el que hacerlo bien tenga su recompensa, y que recoja el reconocimiento de los docentes como autoridad pública.

En este punto invito a la oposición política y, en particular, al Partido Socialista, cuyo programa electoral recogía propuestas similares, a que establezcamos un diálogo con los agentes sociales y las asociaciones de profesores para llegar a un acuerdo beneficioso para la educación española.

2. Autonomía de los centros y evaluaciones externas

Señorías, nuestro sistema educativo durante mucho tiempo ha desterrado por completo la “cultura de evaluación”. Durante casi 30 años la educación ha carecido de herramientas fiables para conocer el grado de progreso de los alumnos en competencias y conocimientos.

Hasta la llegada de PISA, en el año 2000, la educación española vivía en la completa opacidad. PISA nos hizo enfrentarnos, por primera vez, con una dura realidad al compararnos con el resto de países de nuestro entorno. Pero también nos ayuda a saber qué prácticas tienen en común los países con mejores resultados educativos.

Entre las recetas de PISA, cabe destacar la de una mayor autonomía de los centros. Los sistemas educativos que encabezan el ranking de PISA (Finlandia, Japón, Canadá, Corea del Sur y Nueva Zelanda) conceden una amplia autonomía a sus centros educativos.

Por ello queremos impulsar la autonomía de los centros educativos en el plano organizativo, curricular y de gestión económica. Por supuesto, este incremento de autonomía exige a su vez un incremento en su rendición de cuentas. Con ello queremos desarrollar programas de innovación educativa y crear centros de especialización curricular que ofrezcan diferentes proyectos educativos, mediante el refuerzo y ampliación de los currícula en los ámbitos lingüístico, humanístico, científico, tecnológico, artístico, deportivo y de las tecnologías de la información y la comunicación.

Se trata, en definitiva, de dar más margen de acción a los centros para que tengan capacidad de adaptarse a las necesidades de sus alumnos, con un incremento paralelo de su responsabilidad en la rendición de cuentas.

Para llevar esto a la práctica es necesario, en primer lugar, incrementar las competencias de los directivos y promover la profesionalización en la gestión de los centros.

Y, en segundo lugar, fijar estándares, es decir, precisar los conocimientos mínimos que deben alcanzar todos los alumnos en las distintas etapas. Esto exige realizar pruebas externas similares a PISA, pero extendidas a todo el alumnado, para comprobar que, efectivamente, todos poseen esos conocimientos básicos. Este tipo de pruebas censales son indispensables para diagnosticar las necesidades del sistema. Es esencial conocer las debilidades y fortalezas de la educación española, qué aprenden y qué no aprenden nuestros alumnos, qué es lo que hay que cambiar o qué es lo que funciona.

Pero esta “cultura de la evaluación” a la que antes aludía, no sólo es útil para la Administración. Las familias reclaman este tipo de información porque sin la misma es muy difícil que puedan ejercer la libertad de elección de centro que les reconoce la Constitución.

Los resultados de estas pruebas no van a afectar a los expedientes académicos de los alumnos pero sí servirán para premiar a los que hayan obtenido mejores resultados y más se hayan esforzado. Ya he señalado que uno de los indicadores que queremos mejorar es el de la excelencia (España tiene un 3% alumnos excelentes frente al 8% de media de la OCDE).

Del mismo modo, nuestro propósito es que de estas pruebas se deriven incentivos positivos para los centros, nunca negativos. Que sirvan para el benchmarking, es decir, para comparar y difundir buenas prácticas.

3. Reforma de la Secundaria

Señorías, las medidas que he anunciado hasta ahora en mi comparecencia (reforma del sistema de acceso a la carrera docente, Estatuto del Docente, más autonomía de los centros y pruebas censales nacionales), no son por sí mismas suficientes para atajar el mayor desafío al que nos enfrentamos: reducir la tasa de abandono escolar temprano.

La incapacidad de nuestro sistema educativo para retener en el mismo a los alumnos se explica por su propio diseño que, además de generar unas cifras de abandono educativo temprano inasumibles, presenta otros problemas. Como un Bachillerato excesivamente corto de duración y de contenidos en relación a los Bachilleratos de los países de nuestro entorno. Y una Formación Profesional de Grado Medio poco atractiva para los alumnos y las familias. Estos estudios son la seña de identidad de un sistema educativo y de una sociedad comprometida con su futuro.

Por este motivo vamos a emprender una profunda reforma de la Secundaria, encaminada sobre todo a dotarla de mayor flexibilidad. Mantendremos invariada la escolarización obligatoria hasta los 16 años, pero nos proponemos cambiar la actual estructura de la Secundaria de 4+2 (4 cursos Secundaria + 2 de Bachillerato) a 3+3 (3 cursos de Secundaria común + 3 de Bachillerato o Formación Profesional de Grado Medio), dividiéndola en dos etapas de la misma duración. El primero de esos tres años será obligatorio para todos los alumnos, y les orientará bien a la Formación Profesional, bien a la continuación del Bachillerato. Esta estructura presenta importantes ventajas:

• Ese primer curso inicial obligatorio adelanta un año la posibilidad de optar entre las enseñanzas de carácter general (Bachillerato) y las de carácter profesional (FP de Grado Medio). El sistema gana flexibilidad y capacidad de adaptarse a los intereses de los alumnos.
• Dota tanto al Bachillerato como a la Formación Profesional de una duración de 3 años, con lo que refuerza ambos tipos de enseñanza y permite que los alumnos salgan del Bachillerato o de la FP con una mejor preparación, similar a la de los jóvenes de otros países europeos.
• Facilita la adopción de un modelo compuesto o integrado escuela-empresa que se adapta mejor a las necesidades de cualificación que demanda el sistema productivo.

El objetivo, por tanto, es elevar la formación y preparación de todos los alumnos, tanto de los que optan por el Bachillerato como de aquellos que prefieren la Formación Profesional.

Estudiaremos en profundidad todas las consecuencias de este cambio estructural, incluidas las que tienen que ver con su coste, en diálogo con todos los sectores implicados, para definir con ellos la mejor forma de avanzar en este sentido.

La Formación Profesional también se verá beneficiada de esta nueva estructura, que facilita las reformas que queremos aplicar en estas enseñanzas y que se resumen en dar un mayor protagonismo a las empresas, de acuerdo al modelo de FP Dual alemán, adaptado a las condiciones de nuestro país. El hecho de aprender trabajando en las propias empresas aumenta la empleabilidad de los alumnos y convierte la FP en una alternativa atractiva para quienes desean acceder al mundo laboral más tempranamente, promoviendo, al tiempo, el espíritu emprendedor y el autoempleo.

Señorías, en los próximos días voy a convocar, junto al Ministerio de Empleo, a los empresarios y a los agentes sociales para que todos estemos involucrados en la reforma que planteamos. Y todos tenemos que aportar, ya que según la OCDE, la educación secundaria postobligatoria tiene un mayor impacto sobre el crecimiento económico que la educación superior.

Por tanto, vamos a aplazar la entrada en vigor de las previsiones que en materia de enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria recoge la Ley de Economía Sostenible, en espera de que se apruebe, con el máximo consenso posible también, la reforma que acabo de anunciar.

4. Bilingüismo español – inglés

Señorías, nuestro proyecto de mejora de la calidad educativa incluye, como saben bien, una apuesta decidida por fomentar la enseñanza bilingüe español-inglés.

En un mundo globalizado como el actual aprender inglés es tan básico y necesario como aprender matemáticas o lengua. De nuevo en este punto, los datos son descorazonadores. España es el cuarto país de la UE en el que menos adultos hablan idiomas, por detrás de Rumanía, Hungría y Portugal. Y, sin embargo, el porcentaje de alumnos españoles de Secundaria que estudia inglés, el 95%, es igual a la media europea.

Vamos a mejorar la enseñanza del inglés desde una edad temprana, el segundo ciclo de educación infantil, y hasta el Bachillerato, sustituyendo el viejo enfoque de estudiar inglés para pasar a estudiar en inglés. Entendemos que es mucho más adecuado en la medida en que el inglés es una herramienta para la transmisión del conocimiento, por lo que la mejor manera de dominarlo es precisamente de este modo, utilizándolo para aprender.

Desde hace algunos años varias Comunidades Autónomas han desarrollado programas pilotos de enseñanza bilingüe con características muy diferentes. Por ello, el primer paso va a ser reunirnos con todas las Comunidades Autónomas a fin de acordar una definición común de lo que entendemos por bilingüismo. Para, sobre esa base común, diseñar un programa de bilingüismo abierto a la participación de todas las Comunidades que así lo deseen.

Nuestra intención es aprobar el Plan de Bilingüismo a finales de 2012 para que pueda ser implantado a partir del curso 2013-2014.

Queremos, por tanto, que el inglés esté muy presente en todas las etapas educativas, incluida la Formación Profesional. Para favorecer así la movilidad de los estudiantes y docentes de FP.

Quiero destacar, también, que vamos a promover la enseñanza de una segunda lengua extranjera. Somos uno de los países de la UE con un índice más bajo de lenguas extranjeras aprendidas por alumno. Estamos a la cola junto a Polonia, Bulgaria o Hungría.

Debemos utilizar todos los medios posibles para mejorar la eficiencia de las enseñanzas en general, y de los idiomas en particular. Una herramienta fundamental en ese proceso es la utilización de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones (TIC). En la actualidad, algunas Comunidades Autónomas ya han desarrollado instrumentos para el aprendizaje on-line por parte del profesorado, incluyendo los idiomas, que se han demostrado extremadamente efectivas, con tasas de éxito por encima del 90%. Otras han desarrollado pruebas piloto para la descarga de contenidos educativos a través de la red para los alumnos con una gran aceptación y ahorro de costes. Nos parece una línea a seguir.

5. Educación para la Ciudadanía

Quisiera anunciar también esta comparecencia de líneas generales, Señorías, la sustitución de la asignatura de Educación para la Ciudadanía por una nueva asignatura de Educación Cívica y Constitucional.

Una asignatura que ha estado acompañada desde su nacimiento por la polémica y que creó una seria división en la sociedad y el mundo educativo. Porque el planteamiento de la asignatura iba más allá de lo que debería corresponder a una verdadera “formación cívica”, conforme a las directrices y orientaciones formuladas por el Consejo de Europa.

De acuerdo a nuestro compromiso electoral, proponemos una asignatura cuyo temario esté libre de cuestiones controvertidas y susceptibles de adoctrinamiento ideológico. La materia debe centrarse en proporcionar a los alumnos el conocimiento de la Constitución como norma suprema que rige nuestra convivencia, la comprensión de sus valores, de las reglas de juego y de sus instituciones, mediante las cuales se conforma una sociedad democrática y pluralista, así como de la historia e instituciones de la Unión Europea, de la que España forma parte.

Ésta es, Señorías, una asignatura que considero especialmente relevante porque, como ya he dicho al inicio de mi intervención, creo que la educación tiene una función esencial, y es la de conseguir formar a ciudadanos libres y responsables, con capacidad para ser sujetos activos de nuestra sociedad democrática. Sin duda esta nueva Educación Cívica y Constitucional servirá a tal fin, y no a ningún otro.

6. Universidades

Señorías, aún a riesgo de extenderme más de lo aconsejable, creo importante tratar con cierto detenimiento la política universitaria. En este punto nos encontramos una situación muy similar a la que antes señalaba en relación a la educación no universitaria.

Esto es, ha habido importantes avances cuantitativos. Hemos pasado de los escasos 200.000 universitarios que había al inicio de nuestra democracia a contar con 1.650.000 alumnos en las facultades de nuestro país. La tasa neta de escolarización universitaria entre 18 y 24 años sigue aumentando: casi 3 puntos en 2 cursos hasta alcanzar el 26,4% del curso 2010-2011. Estamos ya por encima del objetivo de población universitaria que marca la Estrategia Europa 2020 de la Unión Europea.

El crecimiento del número de universidades y campus también ha sido exponencial, y no siempre bien justificado. Contamos este curso con 79 universidades (50 públicas y 29 privadas) y 236 campus universitarios ubicados en municipios diferentes.

En cuanto a las enseñanzas ofertadas, en el año 2011 se encuentran verificados 2.413 grados universitarios, 2.758 másteres oficiales y 1.680 doctorados.

El gasto público en Instituciones de Educación Superior respecto al PIB en España se sitúa en los niveles de la OCDE (1,2%) y el gasto por estudiante respecto al PIB per cápita en el 40%, frente al 41% de la OCDE. El gasto público en becas y ayudas al estudio se ha incrementado significativamente en los últimos años; en el curso 2010-2011 se han destinado 1.118,7 millones de euros a becas y ayudas para realizar estudios superiores.

La ratio alumnos/profesor de las universidades españolas (11.6) está por debajo de la media de la UE-19 (15.8) y de la OCDE (16.2).

No obstante, de nuevo el panorama desde el punto de vista de los resultados es bien distinto:

• No hay ninguna universidad española entre las 150 mejores del mundo.
• Tenemos un 30% de abandono universitario frente al 16% de la media europea. Lo que supone una pérdida de 2.960 M€ invertidos en capital humano sin retorno.
• El 42% de las carreras universitarias tuvieron menos de 50 alumnos nuevos en el curso 2008-2009.
• Sólo 33 de cada 100 estudiantes universitarios españoles obtienen su título sin repetir curso. La media de la OCDE y de la UE es de 38%.
• La internacionalización de nuestras universidades es insuficiente – sólo un 4.6% de estudiantes extranjeros y una proporción aun más exigua de profesores extranjeros.
• Sólo el 7% de los universitarios españoles cambia de distrito universitario, frente al 68% de EEUU y el 52% de UK.
• El 93,3% de aquellos que obtuvieron una plaza en un departamento universitario entre 1997 y 2001 ya trabajaban en ese mismo centro antes de que se les fuera concedida.

Como consecuencia, el sistema no resulta muy eficiente ni en la capacitación de los titulados superiores ni en favorecer su empleabilidad. Dos muestras apenas de ello:

• Los universitarios de 25 a 29 años sin trabajo representan ya el 20.8% de los parados en ese rango de edad.
• Sólo el 15% de los doctores españoles trabaja en empresas privadas. En Europa, el 40%.

A la luz de estos datos resulta evidente que el sistema universitario español también necesita de un gran impulso reformista en pos de la mejora de sus resultados. Ahora más que nunca, dada la grave crisis económica que padecemos, debemos trabajar para que la Universidad retorne a la sociedad la gran cantidad de recursos que se ha destinado a la misma.

Hay que reconocer que la adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior ha sido especialmente compleja por distintas razones. La primera, porque el modelo de universidad en el que se inspira Bolonia, que es el anglosajón, tiene poco que ver con nuestra tradición académica. En segundo lugar, porque el sistema universitario español arrastra desde hace años una notable falta de eficiencia que ha hecho más penoso aún el proceso.

Por todo ello, dicha reforma debe orbitar sobre tres puntos esenciales: búsqueda de la excelencia, competitividad e internacionalización.

Me propongo constituir a la mayor brevedad un Consejo de Expertos de Alto Nivel para abordar estos temas. Estará formado por expertos universitarios de muy diversos campos, y deberá facilitar –en un marco temporal breve, de cinco o seis meses- un diagnóstico y recomendaciones de reforma del sistema bajo la triple orientación arriba señalada.

En este proceso de reflexión vamos a trabajar, como no podía ser de otro modo, con dos órganos esenciales del Sistema Universitario Español: el Consejo de Universidades y la Conferencia General de Política Universitaria. Por supuesto también lo haremos con el Consejo de Estudiantes Universitarios del Estado.

Nuestra intención es que ese Consejo de Expertos esté operativo en marzo, que realice un diagnóstico de la situación y proponga líneas de actuación, siguiendo como ejemplo los sistemas de gobernanza y las reglas de juego de las Universidades de prestigio internacional, que pasan por:

• Implementar sistemas de evaluaciones externas que valoren la actividad docente e investigadora. E incentivar con complementos y dotaciones las evaluaciones positivas.
• Promover la investigación de calidad en nuestras Universidades, para que sean generadoras de conocimiento al más alto nivel, se prestigien internacionalmente y atraigan a los mejores estudiantes de todo el mundo.
• Fomentar la especialización de las Universidades en diferentes áreas de conocimiento donde puedan ofrecer un producto único, optimizar la oferta de títulos, y promover sinergias entre las universidades (desarrollo de laboratorios y otras instalaciones comunes, oferta conjunta de títulos, etc).
• Fomentar la inversión privada, que en España representa sólo el 0.7% de la financiación de las universidades y en la UE es el 1.2%. En este punto será de gran utilidad la Ley de Mecenazgo que prepara el Ministerio y que desarrollaré en mi comparecencia del jueves.
• Búsqueda de fórmulas para superar el déficit de transferencia de conocimiento y tecnología al sector productivo, para que la Universidad sea una herramienta de fortalecimiento de nuestro tejido empresarial.
• Potenciar la internacionalización y la participación creciente de las universidades en la sociedad del conocimiento globalizado.

DEPORTE

El deporte español se ha convertido en una de las fortalezas más reconocibles de la Marca España. Tanto en las modalidades profesionales como en las amateur los deportistas españoles han construido en los últimos años una historia de éxito que es preciso mantener y reforzar, sin el menor descuido.

Porque a pesar de esos éxitos, algunos realmente importantes y nunca antes alcanzados, lo cierto es que desde 2004, España ha pasado de ocupar el puesto 12 en la clasificación de Potencias Olímpicas, al 17.

Y eso que en el año 2011 se han conseguido un total de 544 medallas, entre las mismas 16 medallas en pruebas olímpicas en campeonatos del mundo y 14 en pruebas olímpicas en campeonatos europeos. Es decir, tenemos un gran potencial, pues destacamos tanto en las categorías profesionales como en las inferiores y en una gran variedad de disciplinas deportivas. Así que tenemos que esforzarnos porque todo ese talento siga haciendo que el deporte español alcance nuevas metas.

Las actuaciones que a continuación les expondré, van encaminadas a este fin.

Nuestro objetivo más inmediato son los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Por este motivo, desde el primer momento, se priorizarán todas las medidas encaminadas a mejorar los resultados y apoyar la presencia española en Londres. Espero que se cumplan las previsiones y que se clasifiquen entre 250 y 300 deportistas españoles.

Después de la cita en Londres, el Ministerio se va a centrar en la revisión del Programa ADO. La situación económica ha afectado muy negativamente a los patrocinios deportivos, que son la base del programa. Sin embargo, es nuestro objetivo mantener la dotación de becas, profundizando en las funciones técnicas, buscando la eficacia también en la detección del talento y suministrando más medios para la formación en edades tempranas.

Otra prioridad urgente del Consejo Superior de Deportes es la tramitación de la Ley contra el Dopaje. Para ello hemos entrado en contacto con la WADA (World Anti-Doping Agency // AMA, Agencia Mundial Antidopaje) y estamos trabajando con ellos, para que la ley antidopaje española cumpla con las exigencias de armonización del Código Mundial Antidopaje. Sabemos de su importancia de cara a la candidatura olímpica de Madrid 2020.

Como Ley Orgánica, es imprescindible examinar minuciosamente el impacto de dicha ley en el ordenamiento jurídico español y la implicación que tiene de cara a los derechos fundamentales.

En cualquier caso, repito que es intención del Gobierno aprobar la modificación de Ley Antidopaje con la mayor celeridad posible, durante el presente periodo de sesiones y reafirmar, con ello, el compromiso de realizar todas las labores necesarias en la lucha contra el dopaje.

Otra cuestión importante que abordaremos en esta legislatura es la relativa a la regulación del ejercicio de determinadas profesiones del deporte.

Lo consideramos un tema esencial, sobre todo en lo que concierne a la protección de la salud de los deportistas, ya que permitirá que sean profesionales formados, los que se encarguen del cuidado y la gestión fisiológica y biológica de su salud.

Quisiera mencionar también la reforma del régimen jurídico del deporte profesional. Esta reforma contemplará, entre otros temas, uno fundamental; el control de la gestión económica de las entidades deportivas. Vamos a introducir medidas de equilibrio económico que persigan la solidaridad entre los participantes en una competición, reduciendo el impacto su dispar potencial económico tanto a nivel financiero como, especialmente, deportivo. Esta reforma será un instrumento que favorezca el equilibrio deportivo entre las distintas entidades de naturaleza deportiva.

Nos ocuparemos, de igual modo, del desarrollo de la Ley de Juego y la Ley Concursal. Ambas normas, aprobadas en 2011, remiten a concreciones posteriores, y éste será uno de los primeros temas que tendrá que contemplar este Ministerio. Es nuestra intención que ese desarrollo observe la especificidad del deporte y su interés general.

Entre la normativa a revisar también se encuentra la Ley del Deporte aprobada hace más de 20 años. Desde entonces, el panorama deportivo ha cambiado radicalmente. Ya en la anterior legislatura, esta Cámara trabajó para modernizar la Ley y adaptarla a un nuevo contexto. Estamos seguros de que el trabajo de esa Subcomisión servirá para la nueva ley.

La reforma de la Ley del Deporte irá vinculada a la reforma jurídica del deporte profesional, pero, además, tendrá que contener aspectos relacionados con el deporte base como la protección y fomento de los viveros o canteras y de los menores de edad en el deporte. Asimismo incluiremos en esa ley medidas para el fomento del arbitraje deportivo, que tanto éxito tiene a nivel internacional.

Por último, les informo que vamos a diseñar un plan para implantar un verdadero sistema de Good Governance en todas las entidades deportivas de ámbito estatal (Federaciones, Ligas, COE).

Este Plan permitirá implantar, entre otros aspectos, la transparencia en la gestión y contrataciones, publicación y rendición de cuentas, acceso de mujeres a cargos directivos, respeto a los derechos de deportistas y clubes, imparcialidad en la competición y buenas prácticas en la contratación del personal. Además fomentará la democracia interna en los procesos electorales de las federaciones.
Asimismo, se pretende generalizar la implantación de un “Código de Buen Gobierno” que, siguiendo el que se aplica desde 2004 en las Federaciones, se extienda lo máximo posible, con el fin de presentar mejores cuotas de eficacia y eficiencia.

Entre los objetivos del Ministerio también se encuentra conseguir un mayor peso de nuestro país en los centros de decisión en el deporte y el apoyo institucional a las candidaturas olímpicas de verano Madrid 2020 y de invierno Barcelona Pirineos 2022.

Como ven, Señorías, nos hemos marcado un programa de trabajo ambicioso en materia de Educación y Deportes. Al que, además, se suma el de Cultura, que expondré el jueves ante la Comisión de Cultura.

A pesar del reto, les puedo asegurar que contamos con las energías y la ilusión necesarias para llevarlo a cabo. Se trata de reformas fundamentales, esperadas desde hace mucho tiempo, y a las que nos hemos comprometido en nuestro programa electoral.

Por ello les repito, Señorías, que tenemos la mejor de las disposiciones en materia de diálogo y entendimiento. Pues nuestro propósito es crear bases firmes y permanentes para que la educación y el deporte en nuestro país alcancen excelentes resultados. Pero les recuerdo también que tenemos un contrato suscrito con los ciudadanos, y éstos han apostado mayoritariamente por un proyecto educativo reformista que aspira a la excelencia, a generar las mismas oportunidades para todos, y que consagra la libertad de las familias a elegir la educación de sus hijos.