En primer lugar, voy a dar cuenta de algunos de los nombramientos acordados en este Consejo de Ministros, especialmente los que afectan al Ministerio de Fomento, por cuanto el resto de los Departamentos ministeriales se está procediendo ya a culminar los últimos nombramientos, especialmente las categorías de directores generales y asimilados.

Se ha procedido a nombra presidente de RENFE Operadora a don Julio Gómez-Pomar Rodríguez; presidente de Puertos del Estado, a José Llorca Ortega; presidente de FEVE, a Marcelino Oreja Arburúa, y presidente de ADIF, a Enrique Verdeguer Puch.

En segundo lugar, les informo de algunos de los asuntos que se han acordado en el Consejo de Ministros en el día de hoy.

Como bien conocen, este Gobierno tiene un objetivo claro y prioritario, que es crear empleo. Para ello hay dos aspectos esenciales en los que el Consejo de Ministros está poniendo, viernes a viernes, toda su voluntad y determinación: en primer lugar, en el cumplimento de los objetivos de déficit que tenemos marcados. Les digo que la voluntad y la determinación del Gobierno es cumplir con esos objetivos de déficit como medida clave e imprescindible para poder generar empleo. Pero esa medida tiene que complementarse con un conjunto de reformas estructurales que logren dinamizar nuestra economía y que posibiliten la creación de puestos de trabajo.

En ese sentido, son fundamentales las reformas estructurales que se van a adoptar en los próximos Consejos de Ministros, la reforma del sistema bancario y la reforma del sistema laboral, y que serán objeto de aprobación, como ha señalado el presidente del Gobierno, antes de mediados del mes próximo.

Les voy a dar cuenta de dos asuntos que han sido objeto de tratamiento en el Consejo de Ministros, específicamente en el plano de las reformas estructurales y en el plano de la contención del déficit.

En sea intención de reforzar la austeridad y trabajar para cumplir la estabilidad presupuestaria, el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas ha hecho una valoración de los acuerdos del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Yo quiero poner en evidencia los acuerdos de ese Consejo, porque son uno de los primeros grandes acuerdos del Gobierno, que ha iniciado su andadura hace menos de un mes.

Ahí se han adoptado medidas fundamentales en orden al cumplimiento de la estabilidad presupuestaria, a los programas de racionalización y simplificación administrativa que conducirán a un ajuste claro del gasto público, y también medidas de financiación y medidas de liquidez de las Comunidades Autónomas, que son siempre medidas condicionadas al cumplimiento de los objetivos de la estabilidad presupuestaria, al cumplimiento de los programas de ajuste y a la realización de las necesarias reformas estructurales que puedan permitir a las distintas Comunidades Autónomas volver a crecer.

En este sentido, quiero poner en valor el apoyo total que ha recibido el Gobierno en las bases de la Ley Orgánica de Estabilidad y Sostenibilidad Presupuestaria que, como saben, se aprobará en las próximas semanas. Las Comunidades Autónomas han puesto de manifestado su apoyo a un sistema que parte de unos compromisos claros de cumplimiento del déficit y deuda públicos; en segundo lugar, a la fijación de una regla de gasto y a los correspondientes techos de gasto para cada uno de los ejercicios presupuestarios; en tercer lugar, al respeto a la normativa europea en el marco de las sanciones que deben imponerse a los incumplidores; y, por último, a la fijación de unos mecanismos mayores de transparencia presupuestaria.

En segundo lugar, quiero poner en valor el acuerdo al que se ha llegado de trabajar en una mayor profundización del sistema de racionalización de todo el sector público. En este sentido, va a crearse un grupo de trabajo que tiene como objetivo actualizar los compromisos de anteriores Consejos de Política Fiscal y Financiera, y hacer un seguimiento exhaustivo de cómo se va implementando esa simplificación por todas y cada una de las Comunidades Autónomas.

En tercer lugar, se han asumido, por parte de todas las Administraciones, mayores obligaciones en la transparencia de sus cuentas, a fin de conocer su estado real y poder adoptar medias de ajuste que redunden en el mejor cumplimiento de sus obligaciones presupuestarias.

Por último, se han adoptado importantes acuerdos en materia de medidas de liquidez y otras medidas de apoyo financiero que permitan a las Comunidades Autónomas hacer frente a esta situación. Pero quiero poner en valor, porque me parece lo fundamental, que son siempre medidas de apoyo condicionadas al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria, a la realización de los correspondientes ajustes y, en su caso, a la puesta en marcha de reformas estructurales.

Es decir, de ese Consejo de Política Fiscal y Financiera sale un compromiso firme y unánime de todos con la estabilidad presupuestaria, con el cumplimento de los objetivos de déficit, con la realización de reformas y, muy especialmente, con la necesidad de que las medidas de apoyo en este momento y de apoyo financiero son siempre medidas condicionadas al cumplimiento de los distintos objetivos.

Decía hace un momento que la austeridad es el elemento clave, uno de los elementos básicos, para el cumplimiento de los objetivos de déficit. En este sentido, y desde la Administración General del Estado, se está procediendo a adoptar nuevas medidas de austeridad. Se empiezan a aprobar los decretos de estructura organizativa básica de los distintos Departamentos ministeriales y hoy se han aprobado el del Ministerio de la Presidencia y el del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

En ambos se ha producido una importante contención en el número de altos cargos. Por poner un ejemplo, el que más compete a esta casa, en lo que afecta a direcciones generales saben ustedes que se había llevado a cabo una reducción cercana al 40 por 100. Pues bien, en el ámbito de las subdirecciones se ha pasado de veintitrés subdirecciones generales a diecinueve, una reducción del 18 por 100. El Ministerio, indudablemente, tiene un número limitado de subdirecciones, pero ha hecho el esfuerzo, tanto en el ámbito de la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes, como en el ámbito de la Secretaría de Estado de Comunicación, de llevar a cabo un proceso de reestructuración importante.

Decía austeridad y reformas estructurales, y por eso les informo de un acuerdo que se ha adoptado en el Consejo de Ministros que va en esa doble línea: en trabajar por la austeridad de las Administraciones, pero también en una necesaria reforma estructural que nos dé una mayor confianza dentro y fuera de nuestras fronteras.

Por eso les informo de que la Vicepresidencia del Gobierno ha llevado al Consejo de Ministros un informe sobre la reforma de los organismos reguladores que, como saben, son aquellos que tienen por objeto, más que regular, supervisar determinadas políticas sectoriales y hacer propuestas sobre aspectos técnicos de esas políticas, así como, en algunos de estos ámbitos, resolver conflictos entre empresas y la Administración.

Por ponerles en situación, les diré que la Ley de Economía Sostenible abordó cambios en los organismos reguladores y cifró su número en cuatro: Comisión Nacional de la Energía, Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, Comisión Nacional de la Competencia y Comisión Nacional del Sector Postal. No obstante, en esa misma Ley ya se advertía de la creación de un quinto organismo regulador en el sector del transporte. Dos meses después se creó la Comisión Nacional del Juego; cuatro meses después, la Comisión de Regulación Económica Aeroportuaria y, además, la Ley de Comunicación Audiovisual creaba el CEMA, el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales.

Asistimos, por tanto, a una proliferación de organismos reguladores, con competencias que, en muchas ocasiones, se solapan con las que llevan a cabo los diferentes Departamentos ministeriales y que supone, en muchos ámbitos, la multiplicación de estructuras administrativas.

Como ustedes saben, son organismos reguladores, independientes, con su propio personal directivo, con su personal, con sus medios materiales y humanos.

El Gobierno quiere trabajar en tres principios esenciales en la reforma de los organismos reguladores: austeridad, neutralidad y profesionalidad, y eficacia. Por eso, se ha acordado la constitución de un grupo de trabajo integrado por los Ministerios de la Presidencia, de Economía y Competitividad, de Hacienda y Administraciones Públicas, de Fomento, de Industria, Energía y Turismo, y de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad para, en un plazo muy breve de tiempo, presentar al Consejo de Ministros una reforma integral de los organismos reguladores en nuestro país. Se trata de simplificar al máximo su número. Para ello analizaremos los compromisos europeos y las Directivas europeas que exigen separar, en ocasiones, la regulación administrativa de su ejecución o revisión por parte de un organismo independiente.

Como ustedes saben, algunos de estos organismos son exigencias comunitarias --derivadas, en muchas ocasiones, de procesos de privatización en el sector-- las que obligan a que existan dos figuras, aunque no tiene porque ser una figura que se dedique exclusivamente a un solo mercado.

Hecho este análisis, plantearemos al Consejo de Ministros una estructura de organismos reguladores muy austera, en la que se incidirá en dos aspectos fundamentales: la profesionalidad, la neutralidad y la verdadera independencia en la integración de sus miembros, de manera que sean personas que tengan una trayectoria profesional, en el ámbito que tratan de regular, debidamente contrastada, sin ningún tipo de incompatibilidades en ese sector; y que, además, exista una mayor intervención por parte del Parlamento a la hora de su análisis y a la hora de su designación.

Sobre estas bases, tenemos el encargo del presidente del Gobierno de plantear cuanto antes una reforma que es fundamental, primero, para devolver la confianza a los operadores económicos en sectores clave, pero también, muy especialmente, a los consumidores, y de ahí la presencia en este grupo de trabajo del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad; en segundo lugar, de garantizar una profesionalidad en sus integrantes, que tenga por objeto cumplir los objetivos que la normativa comunitaria impone; y, en tercer lugar, que puedan funcionar al servicio de unos mercados en los que se exige cada vez más mayor transparencia y mayor profesionalidad en su regulación.

Por último, y lo verán en la Referencia, quisiera informales de un asunto que se ha adoptado también en Consejo de Ministros: un Real Decreto que traspone al Derecho español algunas normas en materia de seguridad marítima. Habida cuenta lo que hemos vivido en estos últimos días, el Gobierno, a propuesta del Ministerio de Fomento, acordó agilizar la trasposición de Directivas comunitarias en el ámbito de seguimiento e información sobre el tráfico marítimo.

Se ha modificado un Real Decreto del año 2004 para seguir mejorando la seguridad marítima y la navegación, así como la integridad del medio ambiente marino. Para ello se actualizan las prescripciones técnicas atenientes a la instalación en los buques del sistema de identificación automática. Esto ¿qué es? Radares de mejor calidad, que permitan identificar, no sólo la existencia de otro buque, sino algunas de sus condiciones técnicas y de identificación más importantes. Y también del registrador de datos de la travesía, conocido vulgarmente como "cajas negras". Es decir, sistemas más avanzados y más modernos de radar y de "cajas negras", que ponen de manifiesto las incidencias en la travesía.

Y se han concretado, además, de modo más preciso las competencias de la Administración marítima tras un accidente del mar, de modo que son, como pueden ver, un conjunto de medidas que pueden adoptarse en caso de amenaza para la seguridad marítima y el medio ambiente, que puede autorizar directamente la Administración marítima, que en nuestro caso corresponde al Ministerio de Fomento.

Estoy a su disposición para cualquier puntualización sobre este punto.

P.- Vicepresidenta, ha vuelto a hablar usted de sanciones. ¿Nos podría especificar qué tipo de sanciones se van a poner a las Comunidades Autónomas?

En segundo lugar, quería preguntarle sobre la reforma laboral. Quería preguntarle si el Gobierno baraja un tipo de contrato único para España y si al Gobierno le gusta o valora con positividad la reforma laboral que se ha hecho en Portugal.

Y una última pregunta. Quería saber si es posible que en Europa se rebaje ese 4,4 por 100 de déficit que está previsto y que obliga a todos los países.

Vicepresidenta.- Sobre el primero de los asuntos, por un lado, la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria establecerá, como ya se ha acordado, por otro lado, en ese Consejo de Política Fiscal y Financiera, la reacción ante los incumplimientos por parte de las distintas Administraciones públicas de los objetivos de déficit fijado. Es decir, cada Administración pública tendrá que responder, con las correspondientes sanciones, además de su propia responsabilidad económica, a la hora de que haya incumplimientos de sea Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria. Ésa es una parte, la que se refiere a las Administraciones públicas.

Por otro lado, está la responsabilidad de los gestores e imagino que también me preguntará sobre ese punto. Como bien conocen, hoy por hoy existe una responsabilidad en el ámbito de los gestores públicos; responsabilidad que se determina en un conjunto de infracciones y sanciones en el ámbito administrativo y contable, y que en los aspectos o en los casos más graves es objeto de la correspondiente sanción penal.

Pero, indudablemente, para que pueda haber sanciones de una u otra naturaleza, es necesario fijar con precisión cuáles son las obligaciones legales que deben cumplir las Administraciones y los gestores públicos. De esas obligaciones legales, habla, por un lado, la Ley de Estabilidad Presupuestaria, en lo que se refiere a las Administraciones públicas; pero también va a hablar la Ley de Transparencia, Acceso a Documentos y Ley de Buen Gobierno, que es competencia de este Ministerio.

Se trata de determinar un conjunto de obligaciones legales que tienen que tener los gestores públicos a la hora, en primer lugar, de aprobar y determinar esos techos de gasto, esos objetivos de déficit, y a la hora de la cuestión concreta y real de todas y cada una de las partidas, para que, una vez fijadas esas obligaciones legales, pueda revisarse, de un lado, el régimen de infracciones y sanciones --algunas de las cuales ya existen--, y, de otro lado, establecer para los casos más graves, para los casos de dolo acreditado o una gran culpa, una reacción, en este caso, desde el punto de vista penal.

Es decir, lo primero que vamos a hacer, y formará parte de esa Ley de Transparencia, es concretar una serie de obligaciones legales, es decir, con rango de Ley, que tienen, en materia de buen gobierno, los gestores públicos en cuanto a la gestión económica que tienen encomendada.

En segundo lugar me preguntaba por la reforma laboral. En los países de nuestro entorno se están aprobando distintas reformas laborales, cada una ajustada a su propia legislación y a sus propias necesidades. Pero España es, por desgracia, el país que lidera el ranking de paro o de desempleo en toda Europa. Nosotros haremos una reforma adaptada a nuestro propio mercado de trabajo y a nuestras propias necesidades. Indudablemente, seguimos con mucho interés las medidas que se adoptan por otros Estados, pero que también responden a sus necesidades y a su situación. Y la nuestra, desde luego, es de las más graves en materia de desempleo que existe en el marco de la Unión Europea.

Como bien conocen, el domingo acabó el plazo para el acuerdo de los agentes sociales y de la patronal. Llegaron a acuerdo en algunos temas. El Gobierno considera que es un acuerdo insuficiente y en lo que vamos a trabajar, estamos trabajando, es en una reforma laboral, que se presentará en el plazo anunciado por el presidente del Gobierno, que aborde aspectos clave y troncales para lograr que en este país vuelva a generarse empleo: en primer lugar, indudablemente, en materia de contratación, para fomentar la contratación de nuevos trabajadores; en segundo lugar, en materia de flexibilidad interna en la empresa; en tercer lugar, en materia de negociación colectiva, pero también en el ámbito de la formación y de la intermediación de empleo.

Sobre el tema de la contratación, en España lo que necesitamos es que se celebren muchos contratos de trabajo, es que se proceda a contratar, e, indudablemente, es necesaria una simplificación en el número de contratos y en sus objetivos.

Pero, si me permite que le ponga de manifiesto una cosa, por desgracia, en nuestro país hay un contrato único, que es el que se está utilizando únicamente en este momento, que es un contrato laboral, habida cuenta que la última reforma del mercado de trabajo permitió la concatenación sin límite de contratos laborales. Tendremos que trabajar para la estabilidad en el empleo, con lo que la reforma laboral se va a inspirar en los principios de simplificación pero, fundamentalmente, de estabilidad a la hora de contratar y a la hora de que los trabajadores y los empresarios tengan un marco de relación estable en esa contratación.

Las fórmulas, indudablemente, como usted comprenderá, las presentaremos cuando se lleve a Consejo de Ministros la correspondiente reforma.

Sobre la tercera de sus preguntas, yo iniciaba esta rueda de prensa con una determinación muy clara del Consejo de Ministros, que es cumplir el objetivo de déficit, y así lo ha trasladado hoy mismo el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

Toda la tarea de este Gobierno está encaminada a crear empleo y para crear empleo hay que cumplir los objetivos de déficit y hacer reformas estructurales. Este Gobierno afronta con determinación el cumplimiento de esos objetivos. Si las circunstancias hacen que tengamos que trabajar todavía más y hacer mayores reformas e insistir en ese cumplimiento, nosotros lo vamos a hacer y este Gobierno trabajará para luchar contra las previsiones y contra los malos datos con mayor rigor, con mayor esfuerzo y con mayores reformas en todos los ámbitos.

El ejemplo de la Ley Reguladora sobre Organismos Reguladores, la ley que determine un nuevo régimen de los organismos reguladores, es un ejemplo de cómo Consejo tras Consejo trabajaremos para cumplir nuestros compromisos y para que las previsiones, en la medida de lo posible en lo que dependa del trabajo del Gobierno, se ajusten a una mejor realidad para todos los españoles.

P.- Vicepresidenta, yo no sé si la pregunta anterior se refería a unas declaraciones que ha hecho el ministro de Economía al "Wall Street Journal", en el sentido de que lo que se necesita es un contrato único a tiempo completo y, luego, un contrato a tiempo parcial, que era un modelo de contrato único del que parece que, en principio, no era partidario el Gobierno.

Luego, quería preguntarle sobre un tema muy distinto, que es la cuestión de Mario Vargas Llosa. Se conocía que se le había hecho una propuesta para presidir el Instituto Cervantes y públicamente ya ha dicho que "no". ¿Ha habido cierta precipitación o qué ha ocurrido en este caso?

Vicepresidenta.- Su primera pregunta insiste en lo que yo acabo de contestar. Este Gobierno presentará una reforma laboral en el marco de dos objetivos: la simplificación en el número de contratos y la estabilidad en el empleo. También es cierto, y sí le confirmo, que en la contratación a tiempo parcial hay muchos trabajos hechos, y yo creo que es una fórmula que también debe abordarse o debe trabajarse en el marco de esa reforma.

También le comentaré que nuestro objetivo fundamental es que haya esa estabilidad en el empleo, porque en este momento el verdadero contrato --y ahí tiene las estadísticas de empleo-- que se está utilizando es el contrato temporal. Tenemos que trabajar por la estabilidad en el empleo.

Sobre el nombramiento de Mario Vargas Llosa, hubo una propuesta, porque el Gobierno, lógicamente, quiere encontrar a los mejores para los mejores puestos. El señor Mario Vargas Llosa no ha podido aceptar y lo lamentamos, porque era una persona que, por su trayectoria, sería una de las más idóneas para el Instituto Cervantes. Este Gobierno lamenta que no haya podido aceptar y nada más le puedo comentar, dentro de que estas cosas también, lógicamente, no hay tampoco por qué ocultarlas. Uno trata de buscar a los mejores para los mejores puestos y no siempre las circunstancias permiten que se acepte. El señor Mario Vargas Llosa no ha podido aceptar la propuesta.

P.- Vicepresidenta, ha insistido usted en que en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera se adoptaron medidas para dar liquidez a las Comunidades Autónomas. A mí me gustaría saber si, en este sentido, el Gobierno va a establecer algún tipo de mecanismo en los Presupuestos Generales del Estado para pagar algunas deudas que todavía tienen pendientes con las Comunidades Autónomas, como los famosos 759 millones a Cataluña, que surgieron en el traspaso de poderes, a los que se sumarán también los que se tenían que tener en cuenta en el año 2012.

También ha destacado usted que en el Consejo de Política Fiscal y Financiera se ha aprobado la racionalización en el sector público, ir a una simplificación. Me gustaría saber si, dentro de esta racionalización, estará el establecimiento de las competencias indelegables, de las que todavía ayer hablaba la ponencia política del Partido Popular, para que unas competencias las tenga sólo el Estado y dejar claro cuáles son de las Comunidades Autónomas.

Vicepresidenta.- Sobre los mecanismos que se aprobaron en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, yo les quiero destacar los siguientes:

- En primer lugar, y en el ámbito del sistema de financiación, adelantar en este año 2012 el 50 por 100 del importe estimado de las liquidaciones, lo que permitirá, por tanto, tener inmediatamente una mayor liquidez a cuenta de lo que tienen que cobrar por el sistema de financiación.

- En segundo lugar, aplazar hasta un máximo total de 120 mensualidades el reintegro pendiente de las liquidaciones negativas del sistema de financiación de los años 2008 y 2009. Esto ¿qué es? Como consecuencia de una estimación de ingresos mucho mayor de la que se produjo en esos años, ya afectados por la crisis, se les anticipó a las Comunidades Autónomas unas cantidades que luego no se cumplieron, porque esos ingresos, si me permite la expresión, estaban "inflados", y tenían que devolver las correspondientes cantidades, porque se ajustaron, ni más ni menos, que a las estimaciones que había hecho el Gobierno. Con eso se amplía en diez años el plazo de la devolución de esas correspondientes liquidaciones negativas, lo que redunda también en una mejora de su liquidez a la hora de efectuar sus pagos.

- Se va a establecer una línea ICO para la financiación de los pagos de las Comunidades Autónomas que no hayan podido financiar por la situación de los mercados financieros, para aquellas Comunidades Autónomas que lo soliciten, y se buscarán, en este sentido, mecanismos de financiación que ayuden a cumplir los objetivos de estabilidad y la refinanciación de los vencimientos a menores costes que tienen las Comunidades Autónomas. Estos mecanismos son mecanismos condicionados a una serie de medidas de ajuste en materia fiscal y de estabilidad presupuestaria, pero también de reformas estructurales para fomentar el crecimiento económico y la creación de empleo.

Éstos son los acuerdos que se adoptaron en el Consejo de Política Fiscal y Financiera; es decir, medidas que tienden a buscar la liquidez y el apoyo a las Comunidades Autónomas, pero a cambio de una tarea de compromiso fiscal y de reformas estructurales que tienen que llevar a cabo las distintas Administraciones públicas.

La segunda de sus preguntas iba referida a la racionalización. Como bien conocen, hay dos procesos en marcha: de un lado, un proceso de simplificación de estructuras administrativas en el ámbito de la Administración General del Estado, pero también de las Comunidades Autónomas. Esto viene referido al número de los organismos públicos, que en más de cuatro mil existen en nuestro país. Es necesario reducir toda esa estructura administrativa que supone una multiplicidad de organismos, de presupuestos, de correspondientes situaciones de déficit y deuda, y de pluralidad de cargos directivos, etc., etc. Eso es un proceso que está en marcha y que ya se asumió por las Comunidades Autónomas hace tiempo, pero que no se cumplió en los términos en que se había previsto. Se trata de darle un nuevo impulso pero, además, un seguimiento constante e individualizado a través de un grupo de trabajo en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que se dedicará a ello.

El otro tema por el que usted me preguntaba no afecta tanto a esas estructuras administrativas, sino al conjunto, a la división de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas. Aquí le voy a diferenciar dos planos: el Gobierno trabajará para un pacto territorial por la austeridad entre todas las Administraciones que trate de evitar duplicidades; es decir, si en algunos asuntos es mejor que una Comunidad Autónoma, que un Ayuntamiento o que el Estado lleve a cabo la parte fundamental de esa gestión, no se reproduzca en otros ámbitos. Para ello tendremos que determinar, con acuerdo de todos, cuál es la Administración que puede llevar a cabo esa gestión de mejor manera y nos evitaremos duplicidades en personal y en estructuras administrativas, en burocracia y, fundamentalmente, en tiempo que se hace perder a los ciudadanos peregrinando de un sitio a otro.

Pero usted me preguntaba por las competencias indelegables y eso es ya entrar directa e inmediatamente a la Constitución. Como bien conocen, el artículo 149 de nuestra Constitución establece el núcleo de competencias del Estado: algunas competencias con carácter total, otras con carácter básico, algunas simplemente de carácter normativo y otras de desarrollo y ejecución. Y, a su vez, hay una serie de mecanismos en la Constitución, especialmente el artículo 150.2, que permiten delegar algunas de esas competencias.

Nosotros entendemos que hay un núcleo básico de competencias, pero éste es un tema ya doctrinal del Partido Popular que les informará oportunamente en sus ponencias, que es mejor que se lleve a cabo por el Estado porque, a pesar de la amplitud de alguno de sus artículos, hay competencias que, por su propia naturaleza, es lógico que se lleven a cabo o que se desempeñen desde el punto de vista del Estado; Estado que muchas veces son las Cortes Generales, por cuanto hay un elemento fundamental sobre el que quiero insistir y es la capacidad de las Cortes Generales a la hora de poner en marcha reformas estructurales que ayuden a crear empleo y a salir de la crisis económica.

En ese sentido, pensamos que una legislación coherente y armónica en aspectos básicos en los que tiene competencia el Estado es un elemento fundamental que permite actuar con agilidad y rapidez a la hora de cumplir los objetivos de estabilidad.

Pero, como digo, eso es una ponencia política que corresponde al Partido Popular y que les especificará con mayor claridad. Yo les he expuesto cuáles son las tareas de este Gobierno, que son, fundamentalmente, simplificación de estructuras administrativas, y hoy incluimos las de los organismos reguladores, y un pacto territorial por la austeridad que busque evitar duplicidades, del que, además, distintos Ministerios están poniendo ejemplo y están poniendo sus estructuras a disposición de esas Comunidades Autónomas o de esas Administraciones que quieran recibir ese apoyo, que se traduce en un menor coste. Le pongo por ejemplo el asunto de las embajadas.

P.- Vicepresidenta, esta semana hemos conocido también las previsiones --ayer mismo-- del Fondo Monetario Internacional sobre el crecimiento en España; las malas previsiones para nuestro país, comparadas, además, con otros países de nuestro entorno europeo, como puede ser Francia o como puede ser Italia. Las peores perspectivas son para nuestro país y no sé si es algo que le preocupa al Gobierno, si es algo que niegan o si prevén otras previsiones diferentes a las del Fondo Monetario Internacional. Eso en primer lugar.

En segundo lugar, otra cuestión muy concreta, Vicepresidenta, si, me permite. ¿Definitivamente, hoy el Gobierno ha indultado de forma total al preso más antiguo de España, a Montes Neiro?

Vicepresidenta.- Empiezo por el segundo de estos aspectos. Sí, hoy el Consejo de Ministros ha acordado, a propuesta del ministro de Justicia, el indulto por los procedimientos que había reclamado y que seguían pendientes del preso don Miguel Francisco Montes Neiro. Se ha acordado ese indulto de las penas privativas de libertad pendientes de cumplimiento de la condena a la que se refería la última petición de gracia, que no estaba resuelta, y ahora será la Audiencia Provincial de Granada la que llevará a cabo la correspondiente liquidación de condena y la revisión de su situación procesal.

Me preguntaba por las previsiones. Indudablemente, el Gobierno está atento a las distintas previsiones de crecimiento que están saliendo de diferentes organismos. Hay una a la que atenderemos especialmente, que es la previsión de crecimiento que fija la Comisión Europea. El propio presidente del Gobierno, en su Debate de Investidura, señaló que de acuerdo con las previsiones y de la Comisión Europea se establecerán los correspondientes cuadro-macro y techo de gasto, que servirán de base a los Presupuestos Generales del Estado.

Conocer cifras como ésa lo que lleva al Gobierno es a trabajar todavía más y con mayor esfuerzo para luchar contra esas previsiones, para luchar para que esa recesión que algunos nos anuncian no afecte de un modo tan directo y tan grave a nuestro país. A eso es a lo que este Gobierno desde el primer momento, pero hoy también, porque se han conocido en el día de ayer algunas de éstas, estamos trabajando para luchar contra ello.

Nosotros, desde luego, no nos vamos a resignar a la fatalidad de estas previsiones. Hay que trabajar para que no se cumplan y habrá que hacer todos los esfuerzos y todas las reformas que sean necesarias; pero especialmente estaremos atentos a las previsiones de crecimiento que fija la Comisión Europea para, a partir de ahí, establecer nuestra estrategia presupuestaria para el año 2012 y siguientes.

P.- ¿Qué opina de las actuaciones que se están llevando a cabo en Italia contra "Standard & Poor's" y contra la otra agencia de calificación, y un poco de la postura, en general, de la opinión pública contra las agencias de calificación?

Vicepresidenta.- Sobre ese aspecto yo voy a incidir en un tema que, indudablemente, hay que manejar con prudencia, pero que coloca muchas cosas en su sitio, y es que las últimas subastas de deuda pública española se están saldando con unos buenos resultados, tanto en lo que afecta al volumen de colocación, como a su interés. Ésa es la respuesta que el mercado está dando a la situación de nuestra deuda y a las propias actuaciones y recuperación de la confianza que las Administraciones públicas españolas estamos llevando a cabo. Con lo que las agencias de calificación hacen su trabajo en el punto que tengan por conveniente.

Pero, desde luego, este Gobierno de lo que está también muy atento es de la respuesta real y de la calificación real que los mercados hacen en el momento en que este Gobierno coloca o busca colocar deuda pública en el mercado. Y las subastas están funcionando de una manera satisfactoria en este momento, en el nivel de colocación y en tipo de interés. Creo que eso algo también dice en ese sentido y pone en evidencia que las calificaciones del mercado y de las agencias no siempre están coincidiendo. .

P.- Vicepresidenta, creo que se le había preguntado también por el pago de las deudas contraídas en la disposición adicional tercera y que no le había contestado. En este capítulo de la liquidez a las Comunidades que se acordó, se amplió el plazo a diez años para devolver las Comunidades que tienen que devolver; pero en la de 2010, por ejemplo, ha habido Comunidades que ya han visto que el Estado les debe dinero y algunas ya lo han reclamado, como el caso de Valencia y el caso de Cataluña. ¿Hay posición del Gobierno sobre esta cuestión?

Este pacto territorial por la austeridad para evitar duplicidades, ¿lo va a plantear el Presidente a los presidentes autonómicos? Y enlazo para preguntarle si va a haber Conferencia de Presidentes de forma inminente, como anunció el Presidente en la noche electoral, en la noche del 20 de noviembre, o si lo va a hacer primero de forma bilateral con todos los presidentes, en reuniones que pueda mantener como la del 1 de febrero aquí, con el presidente de la Generalitat catalana.

Vicepresidenta.- Sobre la última de sus preguntas, sobre ese pacto de austeridad, quiero decirles que este pacto está empezando a construirse en el maraco del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Es decir, en el marco de ese Consejo ya se ha fijado por parte de las distintas Administraciones Públicas allí presentes y se ha acordado que debe mejorarse la eficiencia y la prestación de los servicios públicos, de manera que se eviten duplicidades en la actuación de las Administraciones públicas. Del mismo modo, se ha acordado un redimensionamiento de sus organismos públicos.

Es decir, el pacto por la austeridad en el ámbito territorial ya ha tenido un primer acuerdo en ese Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde están representadas todas las Comunidades Autónomas, y ha sido adoptado y también aprobado con presencia de la Comunidad Autónoma a la que usted hacía referencia.

Indudablemente, en sus reuniones con los presidentes de Comunidades Autónomas el presidente del Gobierno abordará el asunto del cumplimiento de los objetivos de déficit y la correspondiente austeridad, porque forma parte de la línea de trabajo básica y argumental de este Gobierno, para la que se necesita, indudablemente, la cooperación, la coordinación y la colaboración de todas las Administraciones públicas. Y la Comunidad Autónoma de Cataluña, la Generalitat de Catalunya, también está haciendo un esfuerzo en ese sentido, con lo que, indudablemente, formará parte del contenido de esa reunión.

Me preguntaba sobre un aspecto de la disposición adicional tercera del Estatuto, que no fue objeto de tratamiento en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, por ser un asunto que se determinó desde un punto de vista bilateral entre el Estado y la Generalitat en otro momento por quienes asumieron ese compromiso que, sin embargo, no cumplieron. Indudablemente, eso será objeto de debate a nivel bilateral pero, desde luego, no se abordó, como es lógico, en ese Consejo de Política Fiscal y Financiera.

P.- Vicepresidenta, hemos entendido que España mantiene su objetivo de déficit para este año, pero mi pregunta es saber si creen que lo va a cumplir realmente y si tienen la intención de cumplirlo.

Luego tenía una pregunta sobre los Bancos. Quería saber, ya que no se va aponer ningún dinero público, de forma más concreta cómo se va a financiar esta reforma. ¿Nos puede dar alguna indicación?

Vicepresidenta.- Sobre la primera de sus preguntas, le digo que no sólo tiene la intención; tiene la voluntad y la determinación de cumplir con sus objetivos y de cumplir con sus compromisos.

Sobre la reforma del sistema bancario, esta reforma será objeto de aprobación por el Consejo de Ministros en las próximas reuniones y, fundamentalmente, lo que busca es un saneamiento por parte de las distintas entidades financieras en lo que afecta a sus balances y a la valoración de los activos de sus balances, y al correspondiente proceso de reestructuración.

Indudablemente, vamos a trabajar en esa línea para que los balances se ajusten a la realidad de las propias entidades financieras, para devolver la confianza y la credibilidad en un sistema para el que ambas condiciones son posibles. En esa reforma se establecerán los procedimientos para ese saneamiento y para esa reestructuración.

Se trata de que de ese proceso salgan entidades solventes, entidades fuertes; probablemente, a lo mejor, en menor número de las actuales --eso ya corresponde a decisiones de las propias entidades--; pero que, sobre todo, en ese proceso y en este momento de ajuste salga un sistema financiero creíble y solvente, que es de lo que se trata de construir.

Ya le digo, cuando se presente la reforma del sistema financiero hablaremos, me imagino que también desde esta mesa, largo y tendido de los procedimientos.

P.- Yo tenía un par de preguntas que no tienen nada que ver con la economía. Primero quería saber si después del anuncio de Francia sobre sus tropas en Afganistán va a haber algún tipo de modificación respecto a las tropas españolas en ese país. ¿Va a haber un adelanto o no en su retirada?

Por otro lado, quería una valoración del Gobierno sobre la muerte del disidente cubano señor Villar.

Vicepresidenta.- Sobre la retirada de las tropas, me remito, y las mantenemos, a las declaraciones del ministro de Defensa en los últimos días, donde hizo referencia al cumplimiento de un calendario de retirada, cuyo inicio será en el segundo semestre de este año, dentro del marco de los compromisos internacionales a los que España siempre presta especial atención. Por eso, también tendremos muy presente los resultados y las conclusiones de las próximas Cumbres, y en especial la de la OTAN, que tendrá lugar en Chicago en los próximos meses.

Sobre la muerte del disidente cubano Wilman Villar, en nombre del Gobierno quiero trasladar, sobre todo, la consternación que se ha producido como consecuencia de esta muerte, y trasladarles también desde el Gobierno de España un sentimiento de condolencia y pesar a sus familiares y a sus amigos, y lamentar este trágico desenlace. Esto también nos sirve para hacer un emplazamiento a las autoridades cubanas para liberación de todos los presos políticos.

En un marco más general, le digo que el Gobierno de España tendrá siempre en su política exterior como horizonte la defensa de las libertades políticas y la protección de los derechos humanos. Será un principio básico de la política exterior española y, especialmente, en el caso de Cuba, habida cuenta de los vínculos históricos que siempre nos han unido a ambos países.

El Gobierno de España trabajará, y lo hará con la Unión Europea, para que la reconciliación, la paz y la concordia gesten un futuro esperanzador para todos los demócratas en Cuba y de trabajo para los demócratas españoles en nuestras relaciones con Cuba.

Es decir, le resumo: el Gobierno de España está consternado con esta noticia, les trasladamos a los familiares y amigos nuestras condolencias, y creemos que esta muerte nos tiene que llevar a buscar y a intensificar las reclamaciones al Gobierno cubano de puesta en libertad de todos los presos políticos.

La libertad, todas las libertades políticas y la protección de los derechos humanos serán el referente básico de la política exterior de nuestro país, y lo será también en las relaciones con Cuba. En ese marco trabajaremos desde la Unión Europea para que logremos un horizonte de democracia en el seno de Cuba y en el conjunto de las instituciones cubanas, y para eso trabajaremos muy activamente en España y en nuestra posición dentro de la Unión Europea.

P.- Vicepresidenta, a mí me gustaría volver al tema sobre la posibilidad de sancionar por la vía penal a los malos gestores. Entiendo de sus palabras que se podría dar el caso de un mal gestor presidente de una Comunidad Autónoma o un alcalde que pudiera ir a la cárcel por ser mal gestor.

En este sentido, también me gustaría preguntarle, en concreto, por Andalucía. Hoy el presidente Griñán se ha visto en la obligación de negar que estén en quiebra, que estén en suspensión de pagos. Yo no sé si esta Comunidad Autónoma está comprometiéndose a todo lo que le pide el Gobierno central y si estas responsabilidades penales pudieran afectar al caso de la Junta de Andalucía.

Luego, ustedes también han presentado una serie de anuncios con respecto a recortes, a ajustes. A mí me gustaría saber si tienen ya algún tipo de presupuesto sobre todo lo que va a ahorrar el Gobierno evitando esas duplicidades o eliminando organismos.

Vicepresidenta.- En el asunto de los malos gestores, usted me preguntaba que cómo se va a llevar a cabo esa regulación. En primer lugar, como ya digo, existe en la actualidad un régimen de infracciones y sanciones administrativo, contable y también penal. También me gustaría indicar que esas penas se identifican con la cárcel, aunque hay una gran variedad de penas. La pena de prisión no es la única que regula el Código Penal y ahí hay un elemento claro de penas muy adecuadas también a lo que estamos hablando, que son las inhabilitaciones para el ejercicio de cargo público.

Pero, como decía, en primer lugar, tenemos que fijar las obligaciones legales. Eso tienen que hacerlo la Ley de Estabilidad Presupuestaria y la Ley de Transparencia y Buen Gobierno, y sobre la base de esa legalidad poder determinar qué incumplimientos son objeto de un reproche administrativo o de un reproche contable y cuáles, por su gravedad, son objeto de un reproche penal. Indudablemente, en los que son más graves, y además pueden tener un carácter doloso y de ocultación, hay un reproche penal que existe y que nosotros estamos trabajando para intensificar y fortalecer.

Me preguntaba por casos concretos como el de la Junta de Andalucía. Desde luego, nosotros seguimos con gran preocupación las noticias que se están conociendo. En el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera la Junta de Andalucía asumió también estos compromisos y, como cualquier otra Administración, está sujeta al cumplimiento de la Ley y sus gestores, por supuesto, al cumplimiento de esas obligaciones y a las correspondientes sanciones que pudieran imponerse.

También recuerdo una cuestión, que me parece más tenida que otra cosa: hay una regulación que existe en la actualidad; una regulación que se va a fortalecer. También tenemos que entender que los efectos retroactivos de una regulación sancionadora no son posibles, pero ya existen normas que sancionan determinados comportamientos. Y, desde luego, en el marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera ahí hay unos compromisos que obligan a todos, y la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria obliga a todos, las vigentes leyes obligan a todos y las infracciones y sanciones que fija, entre otras, la Ley General Presupuestaria están ahí y por todas tienen que cumplirse.

Me preguntaba por la cuantificación de los ajustes. Yo le voy a poner algunos ejemplos: en el marco de la Administración General del Estado los ajustes administrativos que tienen que completarse son ajustes de estructura de un componente variado en todos y cada uno de los Ministerios, que son, fundamentalmente, ajustes de personal y, por tanto, que afectan al capítulo de personal en cuanto a sueldos que se ahorran sin mermar eficacia. Cuando llevemos a cabo la completa reestructuración administrativa de todos los Departamentos, les haremos referencia al coste global. Pero, por poner algún ejemplo, de la reducción de algunas direcciones generales la ministra de Sanidad ha puesto encima de la mesa cómo se ahorra algún millón de euros, simplemente, en gastos de personal, cosa que no está nada mal.

En segundo lugar, sobre el tema del resto del conjunto del sector público, del conjunto de empresas públicas, precisamente lo que hemos reclamado es un conocimiento de todas esas Administraciones que forman parte de la administración instrumental del Estado, de las empresas públicas y de los distintos organismos públicos, para conocer la situación en la que se encuentran y valorar cuál puede ser ese ahorro.

Le voy a poner un ejemplo muy claro de lo que supondría un organismo regulador que está previsto y que no se ha creado, que es el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales, para ver un ahorro que puede ser absoluto y total. La última previsión del Gobierno anterior para los Presupuestos de 2012 cifraba en casi siete millones de euros su coste. Si no lo creamos, directamente ya estamos ahorrando siete millones de euros y, probablemente, otro organismo regulador pueda llevar a cabo la misma tarea, con la misma eficacia y sin suponer un incremento de coste. Esto por uno y se puede multiplicar por los varios de los que existen. El dato a mí me resultó, desde luego, interesante cuando lo pedí.

P.- Vicepresidenta, quería preguntarle por unas declaraciones del ex presidente Aznar, que ha animado al presidente Rajoy a ultimar, a apremiar, el proceso de reformas, entre otras cuestiones, para no defraudar la confianza de la sociedad. Me gustaría saber si cree usted que este Gobierno, que apenas lleva un mes o que aún no ha cumplido un mes, con las decisiones que está tomando ha defraudado esa confianza o está, por el contrario, incrementándola.

Vicepresidenta.- Con la debida prudencia, yo hacía referencia a un dato en esta rueda de prensa, que es la colocación de la deuda pública española en las distintas subastas. Yo creo que es un elemento de confianza el hecho de que se esté colocando bien, se esté colocando en mayor cantidad de la prevista y a un bajo interés, por un dato objetivo; por cuanto la confianza, especialmente en las declaraciones de distintos dirigentes políticos, es una cosa subjetiva. Yo aquí voy a procurar hablar de datos objetivos y ese dato de las subastas está ahí.

Desde luego, nosotros tenemos un compromiso claro, que es la creación de empleo, con dos ejes: el control del déficit y las reformas estructurales. Este Gobierno no ha cumplido un mes y ha acordado importantes medidas en materia de déficit, y tiene ya encima de la mesa reformas estructurales aprobadas o que va a aprobar. Ésa va a ser nuestra línea de trabajo para no defraudar la confianza de los españoles.

En cuanto a dato objetivo, el más objetivo que se me ocurre es el de las subastas, porque eso ahí no admite ningún tipo de valoración política o subjetiva. Pero, desde luego, nosotros trabajamos para no defraudar la confianza del conjunto de los españoles y la opinión de esos 46 millones de españoles nos merece la misma consideración que la de uno solo.

P.- Me gustaría saber si en esa Ley de Estabilidad o en la de transparencia, a la que ha hecho referencia, al margen de indicar lo que se gasta o no, el techo de gasto, también va a haber mecanismos de control de en qué se gasta el dinero, para evitar casos investigados como los EREs de Andalucía o el "caso Urdangarín", por ejemplo.

Vicepresidenta.- Voy a diferenciar tres planos. En primer lugar, en esa Ley de Estabilidad Presupuestaria se fija un techo de gasto a partir del cual las Comunidades Autónomas elaborarán sus respectivos Presupuestos, fijando, en el marco de su autonomía, cuáles son sus prioridades. Cada Comunidad Autónoma tendrá que trasladarlo a sus ciudadanos y dará cuenta de en qué partidas se gasta el dinero de sus ingresos y a qué partidas presta mayor atención. Pero eso no tiene nada que ver con que las Administraciones públicas, y en este caso la Junta de Andalucía, tenga que dar cuenta, asuma su responsabilidad política y, en su caso, su responsabilidad penal cuando se producen desvíos de fondo de la naturaleza que se han producido en los expedientes de regulación de empleo, en los conocidos como EREs, de Andalucía.

En los Presupuestos, indudablemente, la Junta de Andalucía no contaba en qué se lo estaba gastando; pero, indudablemente, ahí existe un proceso investigador abierto en el que se están poniendo en evidencia determinadas cuestiones. Y ahí lo que tiene que caer es el peso de la Ley respecto a lo que de ese dinero público destinado al empleo o destinado a servicios sociales se ha derivado a determinadas conductas que son escandalosas y que generan una alarma pública absoluta.

Para eso existen los controles contables y los controles penales, y, desde luego, la responsabilidad administrativa, contable y penal de esas conductas, si un tribunal determina que se han producido, indudablemente, tiene que ser una respuesta adecuada a la gravedad con que se han cometido esos delitos y, si me permiten la expresión --ya por un viernes a esta hora--, al desparpajo con que se venían cometiendo por parte de los gestores públicos con un dinero que estaba destinado a la creación de empleo, a la formación o a determinados servicios públicos esenciales, o a la protección de los que más lo necesitaban.

P- Vicepresidenta, en Europa ya se está hablando de medidas de estímulo, no sólo de recortes, y de la posibilidad de que haya un fondo para ayudar a determinados países; se habla, sobre todo, para desempleados jóvenes y demás. ¿Podría entrar España? Quería saber si el Gobierno está interesado. ¿Cree que Europa podría salvar una situación muy delicada, como la española, no sólo con recortes, sino con ayudas? ¿Confían en ello? ¿Están trabajando para ello? ¿Hay alguna negociación en marcha?

Sobre la cuestión de la reforma laboral, nos ha respondido varias veces y, por lo que daba la sensación en la campaña electoral, y en general, ustedes tenían muy claro lo que tenían que hacer con la reforma laboral; lo dijeron varias veces. Lo que yo le quería preguntar es qué les falta ¿Cuáles son las dudas? Porque digamos, ya se ha acabado el plazo y ¿por qué no hoy nos podrían decir exactamente cuál es su reforma laboral y qué les falta para rematarla?

Por último, una pregunta más general. ¿Hasta qué punto nos podemos fiar de la palabra de algunos ministros en determinados medios de comunicación, en el sentido de que algunos ministros son muy claros? Le preguntaron antes sobre el tema del contrato único y usted lo deja mucho más en el aire; algunos ministros han hablado de cumplimiento o de no cumplimiento de déficit; han hablado de sanciones penales de forma muy rotunda y usted hoy aclara que la cosa habría que verla. Digamos que usted matiza algunas opiniones o declaraciones muy rotundas de algunos ministros, y las suyas no son tan rotundas. ¿Hasta qué punto nos podemos fiar de lo que esta semana, sobre todo, el ministro de Hacienda, por ejemplo, ha dicho en algunos medios de comunicación?

Vicepresidenta.- Al inicio de mi intervención he hablado del cumplimiento del objetivo de la creación de empleo y he hablado de dos tipos de medidas: de un lado, de las relativas al control de déficit, porque es indudable que, o se tapa el agujero de déficit público en este país, o difícilmente podremos salir adelante; pero también de reformas estructurales para crear empleo, que no sé si es lo que usted llama o no medidas de estímulo. Pero el mayor estímulo que puede tener la sociedad española es reformar aquellos elementos que funcionan mal en el ámbito de su mercado de trabajo, de su sistema financiero, en sus organismos reguladores que actúan en ámbitos esenciales…, pero podíamos hablar de la energía, de la educación, etc., etc.

Es decir, el Gobierno combina el control del déficit público y las reformas estructurales para el crecimiento e, indudablemente, seguiremos con mucho interés y participaremos en cuantos debates haya en la Unión Europea que puedan servir para que el conjunto de los países afrontemos la difícil situación en la que vivimos. Pero, ya le digo, el Gobierno trabaja en ambas cosas: en el estímulo con las reformas y en la contención del déficit; ambas para crear empleo y ambas son necesarias.

En segundo lugar, y sobre la reforma laboral, me gustaría recordarle que este Gobierno no ha cumplido su mes de vida y estamos hablando de un texto legislativo que se va a presentar en escasas semanas después de haber llegado al Gobierno, respecto del cual, y a pesar de los plazos, los agentes sociales y económicos no se han puesto de acuerdo. Han presentado unos acuerdos que no son suficientes, cuyo plazo acabó el domingo, y, desde luego, este Gobierno en lo que trabajará y en lo que está trabajando es para traer reformas cerradas y bien pensadas, evitando que hoy se presente una, no funciona; otra, otra, otra y sucesivos Reales Decretos Leyes, que es lo que hemos vivido en los últimos tiempos. Ésa no es manera de funcionar.

Creo que la presentación a las primeras semanas de vida de un Gobierno es suficiente plazo, ágil para afrontar este problema, y hay que hacerlo bien. Y a eso, desde luego, vamos a atender, y con prioridad. Creo, como ya digo, que el mes de febrero, para un Gobierno que tomó posesión el 23 de diciembre, me parece que pone de manifiesto que las cosas se tienen bastantes claras para poder presentar en pocas semanas esa Ley.

Sobre las palabras, usted ha hecho aquí valoraciones y yo no le voy a hacer la mía. Yo aquí traslado lo que son posiciones del Gobierno. La reforma laboral, cuando se presente, se explicará en este mesa y en el Congreso de los Diputados, todas y cada una de las distintas medidas. Sobre el control del déficit, ahí tiene también la opinión del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, que acaba de informar a ese respecto, y el compromiso es firme.

Yo no voy a entrar en términos valorativos, no me corresponde; sí en trasladarle lo que es una decisión de este Gobierno y es hacer una reforma laboral mucho antes de los tres meses que el presidente del Gobierno comunicó en el Debate de Investidura; una reforma del sistema financiero antes de los seis meses de los que habló el presidente del Gobierno en el Debate de Investidura; un acuerdo de no disponibilidad que se cumplió en el plazo en que se dijo: a la semana de haber llegado al Gobierno; una reforma de los organismos reguladores en la que se está trabajando antes del plazo previsto por el presidente del Gobierno, y un Gobierno que, viernes tras viernes, está trayendo distintas reformas estructurales que necesita el país.

Los compromisos del presidente del Gobierno en los plazos y en el calendario previsto y comunicado a los ciudadanos se están cumpliendo. Y, desde luego, lo que procuraremos es cumplirlos bien, en plazo; pero también con reformas cerradas, coherentes y buenas social, económica y técnicamente.

P.- Primero, una matización. Me ha parecido deducir de sus palabras, y usted me dirá si bien o mal, que esas sanciones penales que tanto han dado que hablar esta semana, y que, además, creo que dependen de su área si van en la Ley de