Soraya Sáenz de Santamaría ha anunciado que el Gobierno prepara una ley que tipificará como delito las infracciones más graves en la gestión de los recursos públicos. Los gobernantes que gasten más de lo razonable, lleven a cabo una gestión deficiente y causen perjuicios a los ciudadanos responderán, si es necesario, ante la justicia.
La vicepresidenta del Gobierno ha comparecido en la Comisión Constitucional del Congreso para exponer las prioridades del Gobierno. En su intervención, ha destacado que "la coordinación, la regeneración, la transparencia y el buen Gobierno" son los principios que el Ejecutivo ha incorporado su estilo de gestión.
Asimismo, ha subrayado que el Gobierno ha puesto en marcha un plan de reformas económicas y un programa de regeneración democrática con el objetivo de salir de la crisis y crear empleo. En este sentido, ha apelado al diálogo y al consenso de todos los grupos parlamentarios y a la participación de la sociedad civil.
Austeridad
Soraya Sáenz de Santamaría ha recordado que el Consejo de Ministros aprobará el próximo viernes el Anteproyecto de Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. "No gastar lo que no se tiene será una obligación. Y no gobernar a golpe de crédito, una norma de rango legal", ha dicho.
La vicepresidenta ha recordado que el Gobierno ha iniciado un programa de reducción de la Administración y del sector público empresarial y fundacional, pero ha añadido que "hay más que margen para una amplia reducción". Para ello, ha avanzado tres medidas inmediatas:
- El recorte efectivo del número de organismos.
- La fijación de criterios de homologación de las retribuciones que reciben directivos y consejeros de estos organismos.
- La reducción efectiva del número de miembros de los Consejos de Administración.
Los cargos públicos deben hacer el primer esfuerzo
La vicepresidenta ha subrayado que los cargos públicos son los primeros que tienen que hacer un uso austero de los materiales que tienen a su disposición.
En este sentido, ha resaltado que "este Gobierno limitará estrictamente el uso de aviones oficiales a aquellos viajes de trabajo en los que por razones de urgencia, seguridad, dificultades de acceso o eficiencia de costes así lo aconsejen".
Además, se reducirán las delegaciones que acompañan a los ministros al mínimo imprescindible y siempre con la máxima justificación.
"Quienes ejercen el Gobierno tienen que practicar la austeridad. Igual que quienes aspiran a representar a los ciudadanos tienen que reflejar sus mismos valores", ha dicho.
Partidos políticos y sindicatos
Soraya Sáenz de Santamaría ha recordado que el Gobierno ya ha enviado al Congreso el Proyecto de Ley de reforma de la Financiación de los Partidos Políticos, con el fin de rebajar las subvenciones con cargo a los Presupuestos Generales del Estado en un 20%.
La vicepresidenta ha concretado que sólo en ayudas públicas se ha recortado más de 80 millones de euros. Además, ha avanzado que se reformará la Ley de Subvenciones.
Transparencia
La vicepresidenta ha anunciado que el Gobierno remitirá a las Cortes una Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno durante este periodo de sesiones. Esta ley reconoce el derecho de los ciudadanos a saber y conocer lo que sucede en la Administración, y la obligación de la Administración de contárselo.
Las peticiones se gestionarán a través de un Portal Digital de la Transparencia, al que los ciudadanos se podrán dirigir, así "conocerán más fácilmente, por ejemplo, a quién y por qué se conceden las subvenciones públicas, cuánto cuesta organizar una Cumbre Internacional, cuántos funcionarios trabajan en un Ministerio o en un Organismo Público o cuánto cobran los altos cargos", ha dicho la vicepresidenta.
Responsabilidad
El Gobierno presentará una Ley Orgánica Complementaria a la de Buen Gobierno, que modificará el Código Penal para tipificar como delito las infracciones más graves en la gestión de los recursos públicos.
"La mala gestión de los recursos públicos no puede seguir perjudicando únicamente a quién paga, sino que tiene que generar consecuencias a quién malgasta", ha dicho Sáenz de Santamaría.
"Aquellos que irresponsablemente causen perjuicios a los ciudadanos en su gestión, aquellos que gasten más allá de lo razonable, que hipotequen el futuro de las generaciones siguientes, aquellos que lleven a cabo una gestión deficiente, han de responder ante los ciudadanos. Y, si es necesario, ante la justicia", ha añadido.
Regeneración democrática
La vicepresidenta ha explicado que la reforma de los organismos reguladores supondrá la supresión del Consejo Estatal de Medios Audiovisuales, pues "ni es conveniente, ni es necesario porque consideramos que sus funciones de protección al espectador pueden ser perfectamente asumidas por otros organismos reguladores que ya existen, sin necesidad de gastar 6,5 millones de euros en crear uno nuevo", ha dicho.
La vicepresidenta también ha avanzado que el Gobierno presentará a las Cortes una Ley Orgánica para garantizar que las funciones del Tribunal Constitucional se ajustan a las recogidas en la Carta Magna.
Además, ha anunciado que se procederá inmediatamente a su renovación, para lo que ya han comenzado los contactos con algunos grupos políticos.
Sáenz de Santamaría ha apuntado como urgentes la renovación de los nombramientos del Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas o el Consejo de RTVE.
"Estas renovaciones llevan, en algunos casos, pendientes desde hace tiempo. No es ejemplar que esto haya sucedido. Y no debería volver a producirse. Y, por ello, esta será una de las tareas prioritarias en este periodo de sesiones", ha señalado.
Debate parlamentarios
La vicepresidenta ha resaltado que es hora de enriquecer el debate en el Parlamento, para lo que se dará mayor participación a los ciudadanos en la elaboración de los proyectos de Ley, de forma que puedan aportar sus propuestas, sugerencias u opiniones. Con ellas se elaborará una Memoria que acompañará a los proyectos de Ley.
Por otra parte, Soraya Sáenz de Santamaría se ha comprometido a comparecer todos los años en la Comisión de Control de los Créditos destinados a Gastos Reservados, para dar cuenta de las actuaciones del Centro Nacional de Inteligencia.
Medios de comunicación
La vicepresidenta ha asegurado que le preocupa la situación empresarial de los medios de comunicación y la situación laboral de los profesionales del sector.
Al respecto, ha anunciado que mañana me reunirá con los actuales miembros del Consejo de Administración de la Corporación de RTVE para analizar el ajuste presupuestario que supone una reducción de 200 millones de euros en la aportación del Estado.
"El compromiso de reducción presupuestaria anunciado por el Gobierno debe ser un buen momento para incrementar la eficiencia en la gestión de la radio y la televisión públicas", ha dicho.
Por otra parte, ha señalado que el Ejecutivo está dispuesto a abordar cambios legales que permitan el acceso de las emisoras a los campos de fútbol, con el fin de que los puedan retransmitir libremente.
