Por· (Beirut).- “Acababa de estallar la guerra de 2006 y pretendía reunirme con mi familia en Jordania. Cuando llegué a Beirut, me subí a un service -taxi compartido- y me senté junto al conductor porque había tres pasajeros detrás (…) Cuando se bajaron, el conductor paró porque decía que esperaba a más viajeros. Entonces noté movimientos raros en el coche, pero como estaba mirando si se acercaban más pasajeros no noté nada raro. Cuando volví la vista, el conductor se había bajado la bragueta y se estaba masturbando“.
El relato de MF, publicado en un blog local destinado a la lucha contra el acoso sexual, es uno de tantos de los que pueden oírse en el país del Cedro. En el Líbano, como en todo Oriente Próximo, abundan en privado las historias sobre acoso y abusos sexuales, las mismas que están ausentes de los debates políticos que deberían poner coto mediante leyes a cualquier tipo de agresión. Y esa negligencia comienza a molestar seriamente a una nueva generación harta de hipotecas religiosas.
Eso explica que, bajo la intensa lluvia que lleva semanas abatiéndose sobre Beirut, varios centenares de personas –mayoritariamente mujeres, pero también muchos hombres- se congregasen el pasado domingo frente al edificio de la ONU en Beirut, pancartas y paraguas en mano. Su intento de manifestarse frente al Parlamento había sido abortado por una fuerte presencia policial, justificada por la visita de mandatarios extranjeros a la capital libanesa, entre ellos el secretario general de Naciones Unidas. Daba la impresión de que los manifestantes que exigen una ley que criminalice la violencia doméstica son percibidos como una amenaza, en lugar de como un paso necesario para la modernización de un Estado rehén de su sistema confesional y sus prebendas políticas.
“La violación en el matrimonio ni siquiera es vista como un problema”, lamentaba Yasmine, una estudiante de 18 años que acudió acompañada de su madre, Mariam, de 54. “Según el artículo 522, en el caso de una violación se levantan los cargos contra el violador si accede a casarse con su víctima”, prosigue enarcando las cejas. “Imagínate: aquí las leyes castigan a las víctimas cuando se trata de mujeres”. “Durmiendo con tu enemigo”, apunta su madre, Mariam, señalando con su índice, quien admite sin reparos que la militancia feminista de su hija le ha arrastrado a las calles. “En este país, las mujeres seguimos siendo vistas como la propiedad de alguien. Somos la mujer de, la hija de, la hermana de. No tenemos identidad propia”, lamenta la orgullosa madre.
Mucho se habla del Líbano como el país más avanzado de Oriente Próximo. Se alaba la convivencia multiconfesional, su maltrecha democracia y su relativo liberalismo, en especial en lo que respecta a sus mujeres, en muchos casos reconocidas profesionales, pero se ocultan las contradicciones generadas de su sistema politico confesional, donde los líderes de las 18 sectas religiosas se inmiscuyen en las labores del Estado con argumentos tan poco sólidos como el que mantiene el proyecto de Ley para la Protección de la Mujer de la Violencia Familiar, redactado en 2009, en un cajón del Parlamento.
En el Líbano, un país que en 1952 aprobó el derecho al sufragio femenino, no se considera que haya violación si no hay penetración. Una mujer que haya sido ultrajada no suele acudir a comisaría, porque el vacío legal la condena a ser ignorada y, habitualmente, repudiada por su familia. No existe ninguna ley que criminalice la violencia física, psicológica ni sexual contra las féminas, ni tampoco la violencia doméstica o los suavemente llamados crímenes de honor. Todos esos abusos recaen bajo la jurisdicción de los tribunales religiosos, encargados en el Líbano de las leyes de familia, y los máximos responsables musulmanes se niegan a aceptar una propuesta de Ley que, aducen, daña la Sharia o Ley Islámica y “pretende destruir la sociedad” libanesa importando costumbres de Occidente.
En abril de 2010, el proyecto de Ley aprobado por el Consejo de Ministros era congelado por el Parlamento. Un año después, una subcomisión parlamentaria era encomendada con la tarea de estudiar de nuevo el proyecto de ley. Nunca se publicaron sus resultados, pero en junio de 2011 Dar al Fatwa, la principal institución musulmana suní del Líbano, criticaba un proyecto de ley que “daña a la mujer musulmana”, “le arrebata los derechos acordados por los tribunales religiosos” y que, según la institución, está destinado a provocar “la desintegración de la familia como en Occidente”. “El Islam es muy considerado con los casos de malos tratos”, pero no lo va a hacer “mediante la copia de leyes occidentales que favorecen la destrucción de la familia y que no conviene a nuestras sociedades”.
Estas palabras ofendieron a los colectivos feministas que llevan desde hace años exigiendo que se criminalice la violencia sexual en un país donde la violación de una mujer sólo es considerada como un delito si el autor no es su marido, existan las pruebas que existan. Según una encuesta del Programa Euromed para la Igualdad de Género, entre el 40 y el 75% de las mujeres de nueve países de Oriente Próximo y el norte de Africa, incluido el Líbano, padecen violencia doméstica. Las cifras no parecen alterar lo más mínimo a los dirigentes libaneses, que no terminan de encontrar un momento para relanzar la legislación sobre violencia familiar pese a la presión de ONG internacionales como Human Rights Watch.
El comunicado de Dar al Fatwa iba incluso más lejos, demostrando hasta que punto la sociedad patriarcal se escuda en las religiones para mantener el poder en manos de los varones. La institución suní calificaba de “herejía” la claúsula que penaliza la violación de una mujer por parte de su marido, acusaba a los promotores del proyecto de ley –redactado por abogados, médicos y asociaciones feministas como la citada KAFA, Basta en árabe- de “inventarse nuevos crímenes” y predecía un “impacto psicológico sobre los niños musulmanes que verán a su madre desafiar la autoridad paterna y amenazarle con prisión, lo que debilitará la autoridad moral” de sus progenitores varones.
“Las figuras religiosas que se oponen a la ley o bien no la han estudiado en detalle o tratan el problema de forma patriarcal, afirmando que las leyes amenazan el poder del hombre sobre su familia y rompen las reglas que preservan la unidad familiar”, declaraba la directora de Kafa, Zoya Ruhana, la ONG libanesa más activa en la lucha contra la violencia doméstica y contra los delitos sexuales. “Desgraciadamente no ven o quieren ignorar el hecho de que el uso de la violencia en el contexto de la familia es lo que realmente destruye la unidad familiar y el bienestar”.
Yara, miembro del colectivo Nasawiya –junto a Kafa, las dos ONG promotoras de la manifestación del domingo- explicaba a Periodismo Humano que la causa del bloqueo de la ley contra la violencia doméstica es, concretamente, el artículo que criminaliza la violación en el seno del matrimonio. “Por eso gritamos ‘diputados, violéis o no a vuestras mujeres, tenéis la obligación de defenderlas’”. La consigna fue muy coreada durante la manifestación, junto a gritos como “Queremos leyes que protejan a las mujeres de cualquier tipo de violencia sexual”. Entre las pancartas, una rezaba “Es hora de escuchar los gritos de las madres e hijas silenciadas por la ley”. Otras invitaban a la reflexión. “Yo respeto a mi madre. Las leyes deberían hacer lo mismo. Revisad la violación conyugal”.
País firmante de la Convención de Naciones Unidas sobre la Eliminación de toda forma de Discriminación hacia la Mujer y de la Convención Internacional relativa a los Derechos Cívicos y Políticos, el país del Cedro es rehén de su propio sistema confesional. “El sectarismo es el problema más grave de la política libanesa”, prosigue Neyla, una manifestante de 36 años.
“Vivimos en una estructura retrógrada donde las mujeres reciben derechos de segunda clase, por eso exigimos una sociedad equitativa”. Y donde las mujeres, pese a ser electas en las urnas –en números más que limitados: en el actual Gobierno no se ha nombrado a ni una sola mujer y en el Parlamento sólo el 3% de los diputados son féminas, contra el 7% de Kuwait- se caracterizan por no promover leyes que salvaguarden los derechos femeninos. “No son muy activas, y lo único que pretenden es conservar el poder. La mentalidad de la estructura política debe ser modificada”, continuaba Neyla. “En el Líbano, cualquier batalla por un cambio legal se convierte en una lucha contra la legitimidad religiosa de cada comunidad”, lamenta Alex Shams, responsable del blog QawemeHarassment contra el acoso sexual en el Líbano