El Consejo de Política Fiscal y Financiera acordó la creación de dos grupos de trabajo: uno encargado de participar en la redacción de la futura Ley Orgánica de Estabilidad y otro que preparará las medidas para reducir los sectores públicos autonómicos

El Ministerio de Hacienda certifica, oficialmente, el déficit en que incurrió Asturias en 2010 y que obliga a nuestra comunidad a elaborar un nuevo plan de ajuste

Se inicia el procedimiento para la valoración de los resultados del actual sistema de financiación autonómico

OVIEDO.- La reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera celebrado la tarde de ayer en Madrid, a la que asistieron en representación del Principado el Consejero de Hacienda y Sector Público, Ramón del Riego, el Viceconsejero de Sector Público, Luis de la Vallina, y el Director General de Hacienda y Presupuestos, Arturo Palacio, se centró en  los contenidos de la futura ley de estabilidad presupuestaria y de las medidas a adoptar por las comunidades autónomas para reducir sus sectores públicos.

Desde la perspectiva de la estabilidad presupuestaria, los acuerdos adoptados versan sobre la necesidad de implementar mayores controles en la ejecución de los presupuestos autonómicos. Un grupo de trabajo se encargará de estudiar las medidas que contendrá la futura Ley Orgánica de Estabilidad. Las Comunidades autónomas se comprometen a ajustar sus objetivos de déficit a las disposiciones emanadas de la Unión Europea. En lo sucesivo, el régimen de seguimiento del déficit y las sanciones que puedan recaer por su desvío, serán los previstos por la UE.

 Uno de los principios que se introducirán en la ley es el de transparencia presupuestaria y que persigue la necesidad de que todas las comunidades autónomas informen al Ministerio de su deuda oculta (o “gasto desplazado” o “facturas en los cajones”). El Estado conmina a todas las comunidades (entre las que está Asturias) a acabar con esta práctica que considera ilegal y contrarias a la transparencia. En consecuencia, muchas de las medidas de apoyo estatal a la CCAA debatidas en el Consejo para apoyar financieramente a éstas tienen  como premisa que las comunidades afloren todo su déficit oculto. De no ser así, no podrán tener acceso a las mismas.

No obstante, el grupo de trabajo también deberá atender a otros principios constitucionales complementarios al de estabilidad. A propuesta de Asturias, el borrador de la futura Ley desarrollará la estabilidad acompañado de medidas adecuadas que garanticen la solidaridad entre las regiones y la cohesión económica de España. El gobierno regional ha condicionado su apoyo al texto de la futura ley a que coexistan en su contenido, además de medidas de aseguramiento de la estabilidad, otras para la salvaguarda del principio de solidaridad. En este sentido, el Consejero de Hacienda y Sector Público, Ramón del Riego, solicitó al Ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, a dejar sin efecto el acuerdo de eliminación de los fondos mineros adoptado en Consejo de Ministros el pasado día 30 de diciembre, porque es un grave incumplimiento de un Acuerdo sectorial suscrito por el Ministerio de Industria, que hace recaer sobre Asturias una parte del recorte de gasto estatal muy superior al peso de el Principado en la economía nacional.

También se ha creado un grupo de trabajo que estudiará las medidas a adoptar para reducir el tamaño de los sectores públicos autonómicos. Este grupo será el encargado de recopilar la información que le vayan enviando las comunidades autónomas y elaborará recomendaciones al efecto. También se ocupará de la supervisión de la ejecución de los planes de reducción del sector público que deben presentar las comunidades y que debe estar concluido antes del término de 2012.

Antes de la votación, el Consejero de Hacienda informó al Consejo que en el caso particular de Asturias existen dificultades especiales, distintas a las que pueden existir en otras regiones puesto que, tras la última ley aprobada en la Junta por el PP y PSOE, las facultades del ejecutivo regional para modificar  el sector público regional, no recaen en el gobierno. El Ministro de Hacienda  contestó que “en el caso de producirse impedimentos a los programas de reducción el problema podría solucionarse mediante la aprobación de  normativa estatal básica”, es decir, de aplicación directa por parte de los ejecutivos autonómicos. La votación para la reducción del sector público autonómico se celebró a continuación y tuvo el apoyo, además de Asturias,  de las comunidades gobernadas por el PP y por el PSOE (Andalucía).

También se trató el  tema relativo a la liquidación definitiva del ejercicio presupuestario 2010. Para Asturias esta liquidación se ha cerrado con un déficit contabilizado por la Intervención General del Estado del -0,28 % del PIB. En consecuencia, esta desviación producida por el excesivo gasto realizado por el anterior Gobierno regional en 2010 y que trató de ocultarse en la Junta de Saneamiento, obligará al nuevo Gobierno a elaborar un nuevo Plan Económico Financiero, o PEF en terminología presupuestaria, para dibujar las medidas a adoptar con el fin de reconducir las finanzas regionales a la senda de la estabilidad.

Por último, a requerimiento de Asturias y otras autonomías, el Consejo aprobó la puesta en marcha de un grupo de trabajo que se encargará de cuantificar los efectos territoriales del nuevo sistema de financiación autonómica aprobado en 2009 y, a la vista de los resultados, iniciar el procedimiento para su modificación. Como es sabido, las Comunidades de  Asturias, Galicia y Castilla y León, entre otras, no están de acuerdo con alguno de los parámetros redistributivos contenidos en el sistema actual al no tener en cuenta adecuadamente circunstancias sociológicas y geográficas de estas comunidades.