•    Respaldará el establecimiento de mecanismos de control del déficit presupuestario y exigirá también los de control y corrección del déficit de cohesión nacional

•    Advertirá sobre la conveniencia de revocar el acuerdo del Consejo de Ministros del pasado 30 de diciembre que “elimina” los fondos mineros

•    También solicitará la revisión de la Ley de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) y del actual sistema de financiación autonómico

Oviedo.- El Consejero de Hacienda del Principado de Asturias, Ramón del Riego, ha adelantado por medio de un Comunicado las líneas maestras de las propuestas que expondrá en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, a celebrar mañana por la tarde en Madrid, que quedaron perfiladas en la última reunión del Consejo de Gobierno celebrado en Oviedo el pasado jueves, 12 de enero.

La posición del Principado de Asturias se fundamenta en el cumplimiento simultáneo de los principios de Estabilidad Presupuestaria y de Cohesión Social y Solidaridad entre Comunidades Autónomas, recogidos en la Constitución española en sus artículos 135 y 138

Como se recuerda, el pasado mes de agosto el Congreso de los Diputados llevó a cabo la modificación de la Constitución española para reconocer el Principio de Estabilidad Presupuestaria, dando una nueva redacción al artículo 135 de la Carta Magna. La concreción de este principio, así como los medios a para asegurar su efectiva realización, quedaron diferidos a la ulterior aprobación de una Ley Orgánica. El borrador de esta Ley será uno de los temas de debate en el Consejo a celebrar mañana martes en Madrid.

Si bien el borrador de estas medidas no ha sido suministrado al Gobierno del Principado, éste ha mantenido desde el inicio de la legislatura su total compromiso con la imprescindible estabilidad presupuestaria, al ser este equilibrio una premisa necesaria para garantizar la reactivación y el crecimiento futuro de España y de Asturias.

El compromiso del Gobierno del Principado con la estabilidad presupuestaria es claro y manifiesto al haber adoptado, desde su toma de posesión el pasado 18 de julio, múltiples decisiones que son manifestación de su decidida voluntad de asegurar el equilibrio de las finanzas regionales. Los pasados acuerdos de 4 de octubre del Consejo de Gobierno en los que se retuvieron gastos por importe de 156 millones de euros del presupuesto de 2011, además de las medidas de disciplina del gasto corriente como la disminución de vehículos del parque móvil regional, de las terminales telefonía móvil y del personal de confianza de los altos cargos, la minoración de la estructura de las Consejerías y de su número, la reducción de viajes y dietas del personal y la eliminación de las embajadas de Asturias en Madrid y Bruselas, con la puesta en venta de estos inmuebles, ponen de manifiesto, además,  que este Gobierno es pionero frente a otras comunidades en el control y reducción del gasto.

 El Gobierno del Principado no se opondrá al establecimiento de mecanismos de control adicionales a los ya existentes para el control del déficit público, siempre que resulten respetuosos con el marco constitucional y estatutario vigente. En este asunto es inevitable tomar medidas para evitar la reedición de los importantes déficits provocados por los gobiernos autonómicos de la legislatura anterior que, lejos de practicar la austeridad y la selección de los gastos, se dedicaron a gastar sin control -en algún caso, como Asturias, a despilfarrar- provocando la actual situación de crisis financiera de las Comunidades Autónomas. En este sentido, el Principado de Asturias propondrá al resto de comunidades distintas medidas de control como la remisión al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas de estados mensuales de ejecución presupuestaria; la creación de comisiones bilaterales con el Estado para el seguimiento y cumplimiento de los objetivos de déficit; la creación de un sistema de ayuda estatal que permita a esta y otras comunidades acceder en condiciones más favorables al crédito; sistemas de sanción para el caso de incumplimiento de los objetivos por desviación en los gastos; así como de responsabilidades políticas y personales para aquellos gestores públicos que incumplan continuadamente los objetivos marcados y las recomendaciones para la reconducción de las desviaciones.

Paralela y simultáneamente a las anteriores medidas, el Gobierno del Principado de Asturias considera que el déficit presupuestario no es el único problema que afecta a la actual situación económica, por lo que planteará también el fortalecimiento del principio constitucional de solidaridad y el establecimiento de los necesarios mecanismos de control y corrección del actual déficit de cohesión nacional que se está disparando peligrosamente.

Es oportuno recordar el artículo 2 de la Constitución ( )  que propugna, como Principio fundamental, el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que  integran España y la solidaridad entre todas ellas. O el artículo 40.1  que establece que los poderes públicos promoverán las condiciones favorables para el progreso social y económico y para una distribución de la renta regional y personal más equitativa, en el marco de una política de estabilidad económica. O el  artículo 131 que dispone que el Estado, mediante Ley, podrá planificar la actividad económica general para atender a las necesidades colectivas, equilibrar y armonizar el desarrollo regional y sectorial y estimular el crecimiento de la renta y de la riqueza y su más justa distribución.
Y, sobre todos, el artículo 138 que impone la garantía de la realización efectiva del principio de solidaridad consagrado en el artículo 2 de la Constitución, velando por el establecimiento de un equilibrio económico, adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español, y atendiendo en particular a las circunstancias del hecho insular.

Estos son, por tanto, los principios inspiradores a su vez de la LOFCA, en cuyo artículo 2 se dice que el Estado es el encargado de adoptar las medidas oportunas tendentes a conseguir la estabilidad económica interna y externa y la estabilidad presupuestaria, así como el desarrollo armónico entre las diversas partes del territorio español.

No conviene olvidar que los anteriores principios también se recogen en el artículo 174 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, en el que se dice que a fin de promover un desarrollo armonioso del conjunto de la Unión, ésta desarrollará y proseguirá su acción encaminada a reforzar su cohesión económica, social y territorial.

La Unión se propondrá, en particular, reducir las diferencias entre los niveles de desarrollo de las diversas regiones y el retraso de las regiones menos favorecidas.

Entre las regiones afectadas se prestará especial atención a las zonas rurales, a las zonas afectadas por una transición industrial y a las regiones que padecen desventajas naturales o demográficas graves y permanentes como, por ejemplo, las regiones más septentrionales con una escasa densidad de población y las regiones insulares, transfronterizas y de montaña.

Por tanto, la solidaridad entre las regiones, así como su progreso social y económico, no son principios ni objetivos contradictorios con la estabilidad presupuestaria, sino principios complementarios y del mismo rango normativo a los que el  Gobierno del Principado de Asturias no está dispuesto a renunciar.

Por ello, el Gobierno del Principado advierte al Gobierno que la adopción de acuerdos contrarios a los principios de cohesión y solidaridad son también contrarios a la Constitución y al Derecho Comunitario, como es el caso del Acuerdo del consejo de Ministros del pasado 30 de diciembre por el que se “eliminan” los Fondos Mineros, lo que constituye una decisión inasumible para Asturias, por ser contraria a la solidaridad y a la distribución equitativa de la renta regional en España. No puede olvidarse que los reglamentos que han regulado y disciplinado las ayudas a la minería del carbón y el desarrollo alternativo de las comarcas mineras (Real Decreto 2020/1997, de 26 de diciembre y Real Decreto 1112/2007, de 24 de agosto) fundamentan este excepcional régimen de ayudas en los citados principios constitucionales, que son previamente desarrollados en el  Acuerdos del Plan 1998-2005 de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras, firmado el 15 de julio de 1997 por el entonces Ministerio de Industria y Energía y las Centrales Sindicales FIA-UGT y Federación Minerometalúrgica de CC.OO; y en el Acuerdo del Consejo de Ministros de 31 de marzo de 2006, por el que se aprueba el Plan Nacional de Reserva Estratégica 2006-2012 y el Nuevo modelo de Desarrollo Integral y Sostenible de las Comarcas Mineras, en donde de forma manifiesta se reflejan y desarrollan las causas y motivos de los mismos, siempre ligados a los principios constitucionales y comunitarios antes citados.

Estos principios básicos de la arquitectura de nuestro sistema constitucional, ahora ignorados, no han tenido el suficiente desarrollo normativo, lo que ha propiciado que en pasadas legislaturas se aprobaran normas que atentan contra su espíritu, generando un importante déficit en la cohesión nacional de España. Es preciso, por tal motivo, el desarrollo normativo de los mismos así como el establecimiento de mecanismos para el control de cuantos actos y disposiciones los vulneren mediante la modificación de la LOFCA.

Por ello, el Gobierno de Asturias es partidario de un nuevo sistema de financiación de las Comunidades Autónomas, que garantice los principios de suficiencia y solidaridad entre territorios al ser el actual sistema de financiación de las Comunidades Autónomas aprobado en 2009 por el Gobierno del Estado, sin contar con el apoyo de la mayoría de las Comunidades Autónomas afectadas. Este sistema fue impuesto por el Gobierno de una Comunidad Autónoma, a cambio de apoyos en el Parlamento nacional, acentuando con él la quiebra del principio de solidaridad que, según nuestra Constitución, debe informar las relaciones entre los distintos territorios de España.

El Principado propondrá al Consejo de Política Fiscal y Financiera revisar este sistema de financiación, a fin de incorporar variables más adecuadas para mejorar los criterios de distribución de fondos en beneficio de las regiones que han resultado perjudicadas, evitando que las regiones más desfavorecidas, por circunstancias económicas o geográficas como Asturias, salgan perjudicadas mediante una redistribución más equitativa de los recursos, con la inclusión de criterios, suficientemente ponderados, como la evolución del PIB, el descenso de población activa, el volumen de emigración cualificada, el crecimiento industrial y, en general, magnitudes que pongan de manifiesto la atonía de la economía regional junto a otros tradicionales como dispersión poblacional o la orografía, que son garantía de la efectividad del principio de solidaridad entre la regiones de España.

Esta revisión favorecerá el crecimiento sostenido del país y promoverá su distribución de forma que todos los españoles, cualquiera que sea el territorio en el que residan, puedan acceder a unos servicios públicos de igual calidad, salvaguardándose así la necesaria igualdad entre todos los españoles, garantizando la cohesión social y favoreciendo la convergencia de todas las Comunidades Autónomas.