El Ejecutivo ha analizado el Anteproyecto de Ley Orgánica de Estabilidad y Sostenibilidad Presupuestaria cuyo objetivo es garantizar la estabilidad presupuestaria de todas las Administraciones Públicas en un horizonte permanente y cumplir con los compromisos de la UE.
El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha presentado al Consejo de Ministros un informe sobre el Anteproyecto de Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad de las Administraciones Públicas, que el Gobierno aprobará en breve.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha explicado que esta norma es un elemento clave para el control del déficit público y para avanzar en el crecimiento económico y en la creación de empleo.
Sáenz de Santamaría ha indicado que los objetivos básicos del Anteproyecto son garantizar la sostenibilidad presupuestaria de todas las Administraciones Públicas, fortalecer la confianza en las posibilidades de la economía española y cumplir con los compromisos asumidos y que deberán asumirse ante la Unión Europea.
La norma, ha añadido, trata de buscar medidas a corto y medio plazo, y no sólo responde a una situación coyuntural, sino que pretende "trasladar un mensaje de compromiso con el control del déficit público general y permanente".
La vicepresidenta ha asegurado que España responde como un solo Estado ante la Unión Europa, y por eso "la norma arranca de principios como la igualdad de todas la Administraciones Públicas públicas a la hora de lograr la estabilidad presupuestaria, la responsabilidad de todas ellas y la necesaria lealtad institucional".
"Se está conformando un marco de cooperación, de coordinación y de diálogo de las Administraciones Públicas en un objetivo común y necesario para todas: el control del déficit público", ha añadido.
Soraya Sáenz de Santamaría ha asegurado que la norma se anticipa a los requerimientos de la gobernanza económica europea: "Queremos ser pioneros anticipándonos a lo que están siendo las grandes reformas de gobernanza en el seno de la Unión".
Aspectos fundamentales
La vicepresidenta ha indicado los aspectos fundamentales de la norma:
- La especificación de un límite de déficit estructural que deje claro el margen de maniobra y de actuación de todas las Administraciones Públicas y que dé carácter estabilizador a la política fiscal.
- Establecimiento de un límite de deuda pública como garantía de la sostenibilidad presupuestaria.
- La formulación de en un marco presupuestario a medio plazo, dentro del que se incluye la elaboración del Presupuesto, pero también una programación mucho más amplia
- El refuerzo de los mecanismos sancionadores frente a las Administraciones. Se tendrá muy presente la reincidencia y la gravedad del incumplimiento
Obligaciones de las Administraciones Públicas
- Al finalizar el periodo transitorio, todas las Administraciones públicas deben presentar equilibrio o superávit.
La vicepresidenta ha concretado que se cumple esta obligación cuando el déficit estructural no supere el 0,4 % del PIB. Además, ha dicho, "para alcanzar este objetivo se fijarán límites de deuda y techos de gasto para todas las Administraciones".
- La deuda de las Administraciones públicas no podrá superar en conjunto el valor de referencia del 60% del PIB salvo en caso de circunstancias excepcionales, como catástrofes naturales, recesión económica grave o situación de emergencia extraordinaria.
- Tanto el Estado, como las Comunidades Autónomas y las grandes ciudades, deberán aprobar un techo de gasto previo a la elaboración de sus presupuestos.
- Se aprobará una regla de gasto para todas las Administraciones que incorporará la normativa europea en esta materia.
- Se establecerán mecanismos que permitan corregir la desviación en el déficit y en la deuda en el caso de que se produzcan.
Sáenz de Santamaría ha asegurado que también se reforzarán los principios de transparencia.
- A todo proyecto de Presupuestos de cada Administración Pública deberá acompañar la equivalencia y el déficit o superávit en términos de contabilidad nacional.
- Los presupuestos deberán recoger información sobre niveles de endeudamiento, inversiones de empresas públicas, datos de evolución de la duda pública, avales otorgados, obligaciones no imputadas al presupuesto y compromisos de gasto derivados del fórmulas de pago aplazado.
La vicepresidenta ha reiterado que la norma "busca la sostenibilidad y estabilidad presupuestaria en un horizonte permanente, que implica a todas las Administraciones Públicas desde el punto de vista de la lealtad institucional, la responsabilidad con sus cuentas públicas y la igualdad".
En este sentido, la vicepresidenta ha señalado que "los ciudadanos están reclamando un esfuerzo de contención y austeridad a las Administraciones".
Comunicación Audiovisual
El Consejo de Ministros ha estudiado un informe sobre el Anteproyecto de Ley de Modificación de la Ley de Comunicación Audiovisual relativo a los modelos de gestión de los canales públicos autonómicos.
Soraya Sáenz de Santamaría ha subrayado que la norma pretende ayudar a las Administraciones a elegir "los modos de gestión del servicio público que sean más eficaces y eficientes" y asegurar la viabilidad de las televisiones autonómicas.
"El Estado no establece por ley ninguna obligación. No se trata de constreñir el marco de la gestión sino de ampliar las posibilidades que tiene cada comunidad autónoma en el marco de sus competencias para ver cómo gestionan el servicio público", ha asegurado la vicepresidenta.
Reforma laboral
La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, ha informado al Consejo de Ministros sobre el estado de la negociación de la reforma laboral entre sindicatos y patronal.
La vicepresidenta ha informado de que "hasta el momento lo que los agentes sociales han trasladado al Gobierno y a la opinión pública es un acuerdo sobre temas muy puntuales e insuficiente".
Soraya Sáenz de Santamaría ha destacado que "de momento no parece haber acuerdo de los asuntos troncales de la reforma laboral, como la contratación, la flexibilidad interna y externa, la negociación colectiva o el absentismo".
La vicepresidenta ha recordado que "los agentes sociales tienen el fin de semana para intentar fortalecer el acuerdo", pero el lunes acaba el plazo. Por ello, ha apelado a su responsabilidad y les ha pedido que cuando estén sentados en la mesa de negociación piensen en los millones de parados de este país.
Sáenz de Santamaría considera que con una cifra del 22% de paro, cualquier español con responsabilidades políticas, empresariales y sindicales tiene que "poner de su parte todo lo que sea necesario para ayudar a crear empleo". Invito a los agentes sociales, ha añadido Sáenz de Santamaría, a que reflexionen y busquen acuerdos en los temas "claves y troncales" de la reforma laboral.
El Gobierno, en cualquier caso, ejercerá su responsabilidad y le gustaría hacerlo "bajo la base de un acuerdo amplio de los agentes sociales", ha asegurado la vicepresidenta.
Asuntos de actualidad
Preguntada por la sentencia del caso de Marta del Castillo, la vicepresidenta no ha querido valorarla, pero sí ha adelantado que el Gobierno va a estudiar en profundidad todos los casos en los que las víctimas sean menores y los delitos cometidos por menores para fortalecer legislación penal y penitenciaria, incluida la Ley de Responsabilidad Penal de los Menores.
Sobre el apoyo dado por CiU al Gobierno, esta semana en el Congreso, en la convalidación de las medidas de ajuste para corregir el déficit público, Sáenz de Santamaría ha deseado que éste sea "el inicio de una deseable colaboración institucional". A su juicio, es un buen comienzo para abordar de común acuerdo otras reformas.
