La represión y la violencia a manos del Estado continuarán azotando, con toda probabilidad, a Oriente Medio y el Norte de África en 2012 a menos que los gobiernos de la región y las potencias internacionales abran los ojos a la magnitud de los cambios que se les demandan. Así lo ha manifestado hoy Amnistía Internacional en un informe sobre los dramáticos sucesos del año pasado. 

En el informe, titulado Año de rebelión: El estado de los derechos humanos en Oriente Medio y el Norte de África, la organización describe la manera en que, en 2011, los gobiernos de la región se mostraron dispuestos a desplegar una violencia extrema en su intento de resistirse al clamor sin precedentes por una reforma fundamental. 

Sin embargo, según manifiesta Amnistía Internacional, los movimientos de protesta apenas daban señal de tener intención de renunciar a sus ambiciosos objetivos o aceptar unas reformas esporádicas.
 
“Salvo escasas excepciones, los gobiernos se han negado a reconocer que todo ha cambiado”, ha manifestado Philip Luther, director provisional del Programa para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional. “Los movimientos de protesta de toda la región, encabezados en muchos casos por jóvenes y en los que las mujeres ocuparon un lugar central, han demostrado una asombrosa resistencia ante una represión en ocasiones alarmante”.

“Han demostrado que no se dejarán engañar por reformas que apenas suponen diferencia respecto al trato que reciben de la policía y las fuerzas de seguridad. Quieren cambios concretos en la manera en que son gobernados, y quieren que los responsables de los delitos cometidos en el pasado rindan cuentas de sus actos”.

“Sin embargo, los persistentes intentos de los Estados de ofrecer cambios superficiales, de dar marcha atrás a los logros alcanzados por los manifestantes o, simplemente, de someter a su población mediante la brutalidad revela que, para muchos gobiernos, el objetivo sigue siendo la supervivencia del régimen”.

Pese al enorme optimismo que se vivió en el Norte de África con el derrocamiento de los gobernantes que, durante tanto tiempo, habían ocupado el poder en Túnez, Egipto y Libia, Amnistía Internacional afirma que estos avances aún no se han afianzado mediante reformas institucionales clave que garanticen que ese tipo de abusos no se repite. 

El Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, gobierno militar de Egipto, se comprometió reiteradamente a satisfacer las demandas de la “Revolución del 25 de Enero” pero, según las conclusiones de Amnistía Internacional, de hecho fue responsable de un catálogo de abusos que, en algunos aspectos, eran peores que los cometidos durante el gobierno de Hosni Mubarak. 

El ejército y las fuerzas de seguridad reprimieron violentamente las protestas, en operaciones que causaron al menos 84 muertes entre octubre y diciembre de 2011. La tortura bajo custodia persistió, y se juzgó a más civiles ante tribunales militares en un solo año que en los 30 años de gobierno de Mubarak. Las mujeres parecen haber sido sometidas a tratos humillantes en un intento de disuadirlas de participar en las protestas. En diciembre, las oficinas de varias ONG egipcias e internacionales fueron asaltadas por las fuerzas de seguridad en un aparente intento de silenciar las críticas a las autoridades.

Amnistía Internacional ha manifestado su temor de que, en 2012, el Consejo Supremo renueve sus intentos de limitar la capacidad de la población egipcia de protestar y expresar libremente su opinión. 

El levantamiento en Túnez trajo consigo importantes mejoras en materia de derechos humanos pero, un año después, mucha gente considera que el ritmo de cambio ha sido demasiado lento, y las familias de las víctimas aún aguardan justicia.

Tras las elecciones de octubre, se formó un nuevo gobierno de coalición. Moncef Marzouki, activista de derechos humanos y ex preso de conciencia reconocido por Amnistía Internacional, es el presidente provisional del país. 

Amnistía Internacional ha manifestado que, para 2012, es fundamental que Túnez aproveche la oportunidad de redactar una nueva constitución que garantice la protección de los derechos humanos y la igualdad ante la ley.

En Libia, persistían dudas importantes sobre la capacidad de las nuevas autoridades de controlar las brigadas armadas que ayudaron a derrotar a las fuerzas partidarias de Gadafi e impedir que estas brigadas repitan el patrón de abusos aprendido durante el sistema anterior.

Pese a que el Consejo Nacional de Transición pidió a sus partidarios que evitaran los ataques de represalia, los graves abusos cometidos por las fuerzas contrarias a Gadafi rara vez se han condenado. En noviembre, la ONU manifestó que, según estimaciones, 7.000 detenidos permanecían recluidos en centros improvisados bajo el control de las brigadas revolucionarias, sin perspectivas de ser sometidos a un proceso judicial adecuado.

En otros lugares, según ha afirmado Amnistía Internacional, los gobiernos permanecían firmemente decididos a aferrarse al poder, en algunos casos casi a cualquier precio en términos de vidas humanas y dignidad.

Las fuerzas armadas y los servicios de inteligencia sirios han sido responsables de homicidios y torturas sistemáticos que constituyen crímenes de lesa humanidad, en un vano intento de silenciar y someter, mediante el terror, a los manifestantes y los opositores. Al finalizar el año, se había informado de más de 200 muertes bajo custodia, una cifra 40 veces superior a la media anual reciente de Siria.

En Yemen, la situación de punto muerto respecto a la presidencia causó un sufrimiento adicional para la población. Más de 200 personas murieron en el contexto de las protestas, y centenares más murieron en enfrentamientos armados. Decenas de miles se vieron desplazadas por la violencia, lo que provocó una crisis humanitaria. 

En Bahréin se confiaba en que la publicación, en noviembre, de un informe independiente elaborado por expertos internacionales sobre los abusos relacionados con las protestas supusiera un nuevo comienzo para el país. Al concluir el año, aún estaba por ver la solidez del compromiso del gobierno respecto a aplicar las amplias recomendaciones de la comisión.

El gobierno de Arabia Saudí anunció en 2011 grandes partidas de gasto, en lo que parecía un intento de impedir la propagación de las protestas. Pese a ello –y pese a la redacción de una represiva ley antiterrorista–, las protestas continuaban al terminar el año, en especial en la región oriental del país. 

En Irán, cuya política interior pasó en gran medida desapercibida durante 2011, el gobierno siguió acallando la disidencia, endureciendo las restricciones a la libertad de información y tomando como blanco específico a periodistas, blogueros, sindicalistas independientes y activistas políticos.

Amnistía Internacional ha manifestado que la respuesta de las potencias internacionales y de órganos regionales como la Unión Africana, la Liga Árabe y la UE a los sucesos de 2011 ha sido poco coherente, y no ha captado el calibre del desafío al que se enfrentan los arraigados regímenes represivos de la región.

Los derechos humanos se esgrimieron como motivo a favor de una intervención militar en Libia pero, al terminar el año, el Consejo de Seguridad de la ONU, bloqueado por Rusia y China en particular, sólo había emitido una débil declaración de condena de la violencia en Siria.

La Liga Árabe, aunque actuó rápidamente para suspender la pertenencia de Libia a la organización en febrero, y más tarde suspendió la pertenencia de Siria y envió un equipo de observadores al país, guardó silencio cuando las tropas saudíes, actuando bajo el estandarte del Consejo de Cooperación del Golfo, respaldaron los esfuerzos del gobierno bahreiní de sofocar las protestas.

“El apoyo de las potencias mundiales a la población común ha sido típicamente desigual”, ha manifestado Philip Luther.

“Sin embargo, lo más sorprendente del pasado año ha sido que –salvo excepciones– el cambio se ha logrado en gran medida por los esfuerzos de la gente corriente que se ha echado a las calles, no por la influencia y la implicación de potencias extranjeras”.

“La determinación de la gente corriente de toda la región de no dejarse disuadir en su lucha por la dignidad y la justicia es lo que nos da esperanzas para 2012”.