El Gobierno aprobará un plan de control tributario con el objetivo de recaudar 8.171 millones de euros. Limitará el pago en efectivo para luchar contra el fraude fiscal y solicitará al Banco de España un informe sobre las retribuciones de los directivos de las entidades financieras que han necesitado dinero público.

El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, ha presentado al Consejo de Ministros un informe sobre la situación del sistema financiero y, en particular, sobre el calendario de reformas comprometido para los primeros 6 meses del año.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha anunciado que el ministro se dirigirá por carta inmediatamente al gobernador del Banco de España para que le informe sobre las retribuciones de altos cargos y consejeros de entidades financieras que han sido intervenidas o que han necesitado apoyo de dinero público.

Sáenz de Santamaría ha asegurado que de acuerdo con los datos del informe, "el Gobierno adoptará las medias oportunas con el objetivo claro de que no se premie a aquellos gestores que han colocado a las entidades en la situación de ser intervenidas o de necesitar dinero público para continuar llevando sus tareas".

Por su parte, el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha presentado al Consejo las directrices para la elaboración de un plan general de control del fraude para el año 2012, con la que el Gobierno espera elevar la recaudación en 8.171 millones de euros.

La vicepresidenta ha avanzado que se intensificará la investigación del fraude fiscal, así como el control en la fase recaudatoria. Además, se aumentará la colaboración con las administraciones tributarias de las comunidades autónomas.

Sáenz de Santamaría ha destacado que Hacienda está estudiando la implantación de medidas para limitar el uso de pago en efectivo en determinadas transacciones económicas para luchar así contra la economía sumergida y la utilización de dinero negro en esos pagos.

Sector público empresarial

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El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas también ha presentado un informe sobre la situación del sector público empresarial y fundacional que refleja la necesidad de su reestructuración y redimensionamiento. Soraya Sáenz de Santamaría ha concretado que más de 4.000 entidades forman parte de las administraciones públicas.

La vicepresidenta ha subrayado que la tarea de reestructuración debe ser compartida entre el Estado, las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales.

Soraya Sáenz de Santamaría ha anticipado que el Gobierno tiene previsto convocar para el próximo mes de enero el Consejo de Política Fiscal y Financiera. En él se abordará el cumplimiento de los compromisos de redimensionamiento del sector público fijados en el año 2010 y su actualización. En ese año, ha añadido, se fijó la reducción de 115 organismos públicos y "no se han eliminado más de 70 entidades".

Además, el Gobierno ha solicitado a los distintos departamentos ministeriales información exhaustiva sobre la situación de los organismos vinculados a cada uno de ellos, para decidir si se mantienen, se fusionan con otros similares, se traspasan o se enajenan.

Empleo y Seguridad Social

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El Consejo de Ministros ha analizado un informe sobre el empleo y la Seguridad Social presentado por la ministra Fátima Báñez. En su informe la ministra ha dado cuenta de los datos conocidos esta semana sobre su evolución durante 2011 y ha facilitado los datos que afectan a la desviación del presupuesto de la Seguridad Social.

La vicepresidenta del Gobierno ha detallado que, de acuerdo con los últimos datos disponibles, la previsión del déficit de la Seguridad Social para el ejercicio 2011 es de 668 millones de euros; es decir, un déficit para el año 2011 del 0,06% del Producto Interior Bruto.

Sáenz de Santamaría ha añadido que las previsiones del Gobierno anterior estimaban que la Seguridad Social iba a acabar con un superávit del 0,4%, pero "la realidad dura y difícil es que la Seguridad Social acabará con un déficit del 0,06, es decir, de 668 millones de euros".

La vicepresidenta ha lanzado un mensaje de tranquilidad a los pensionistas y al conjunto de la opinión pública. En este sentido, ha dicho que la "Administración de la Seguridad Social hará los oportunos pagos y los oportunos ingresos sin ningún problema, y se pagarán las pensiones".

Soraya Sáenz de Santamaría ha reiterado que España necesita "medidas extraordinarias porque extraordinaria es la situación". "Un presupuesto tan importante como es el de la Seguridad Social presenta una desviación de casi medio punto frente un superávit del 0,4 que era el previsto", ha dicho.

Asuntos de actualidad

La vicepresidenta ha adelantado que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, comparecerá en el Congreso de los Diputados, tras la reunión del Consejo Europeo del 30 de enero, para informar tanto de la situación a nivel europeo como de las medidas adoptadas por el Consejo de Ministros y de las que inmediatamente se adoptarán.

En relación a si el Estado puede obligar a las Comunidades Autónomas a reducir el déficit, Sáenz de Santamaría ha dicho que todas las Administraciones Públicas están obligadas a cumplir del objetivo de déficit. Es un compromiso europeo y el Estado asume su cumplimiento en nombre de todas ellas ante las instituciones comunitarias, ha añadido. Éste será uno de los asuntos que se abordará en el Consejo de Política Fiscal y Financiera que se convocará este mes de enero.

Preguntada por la eventual creación de un "banco malo" para aglutinar los activos tóxicos, la vicepresidenta ha respondido que "ni estaba ni está sobre la mesa".

Sáenz de Santamaría ha aclarado que "no ha habido ni financiación ni garantía por parte del Tesoro Público", en relación a la deuda que la Generalitat Valenciana tenía contraída con el Deutsche Bank.

Finalmente, la vicepresidenta ha avanzado que el primer mandatario extranjero con el que se reunirá el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, será el presidente francés, Nicolas Sarkozy. La reunión  tendrá lugar el próximo día 16 de enero en La Moncloa