Andalucía es la única comunidad autónoma que aprueba en las medidas empleadas para luchar contra los cebos envenenados. Valencia cierra el ranking y solo tres regiones cuentan con planes específicos contra esta lacra, según el informe La lucha contra el veneno en España. Clasificación por comunidades autónomas, presentado hoy por WWF España.
“Hay un desinterés general y una falta de voluntad política para resolver el problema del veneno”, ha denunciado Luis Suárez, responsable del Programa de Biodiversidad de WWF España. De las 17 comunidades autónomas, solo Andalucía aprueba en la efectividad de las herramientas contra los cebos envenenados.
Así lo revela el informe La lucha contra el veneno en España. Clasificación por comunidades autónomas, que ha presentado hoy WWF. “De aquí a unos años habrá más especies en los catálogos de especies amenazadas, en las categorías altas, si continúa esta falta de compromiso de las autoridades”, ha advertido a SINC Suárez.
Determinadas especies no van a poder remontar o lo harán mucho más lentamente. “Otras, como el alimoche o el milano, van en declive continuo”, ha añadido. El veneno es una de las principales amenazas también para el buitre negro, el oso pardo, el águila imperial ibérica o el quebrantahuesos.
El ranking realizado por la organización analiza ocho indicadores (puntuados del 1 al 5) entre los que destacan la especialización de los agentes, las resoluciones modélicas, y los esfuerzos de vigilancia y prevención.
Madrid y Valencia, a la cola
Andalucía lidera la lista con 34 puntos. “Cuenta con un equipo dedicado en exclusividad a abordar este problema, algo que no ocurre con las demás comunidades”, ha explicado Carlos Cano, coordinador del Proyecto contra el Veneno de WWF España.
Cuatro comunidades “necesitan mejorar”: Castilla y León, Cataluña. Baleares, y Castilla-La Mancha. En el grupo “muy insatisfactorio” se sitúan Aragón, Asturias y Murcia. El resto de regiones, como Extremadura, Navarra, Canarias, Galicia, Madrid, Cantabria, La Rioja, País Vasco, y Valencia, se engloban en el conjunto de ‘graves carencias’.
Dentro del Proyecto Life, la Comunidad de Madrid es la única que no se ha comprometido a aprobar el borrador del plan. Solo Andalucía, Castilla-La Mancha y Castilla León cuentan con una normativa propia contra el uso de cebos envenenados cuando se cumplen seis años desde la aplicación de la Estrategia Nacional.
Ayuda humana y canina
Para luchar contra esta lacra, la organización pide un claro compromiso de las administraciones regionales con la aprobación y puesta en marcha de los diferentes planes regionales. Además, cobra importancia la especialización de los agentes que puedan además llevar perros entrenados. La ayuda canina es “fundamental” porque tienen una capacidad especial para detectar el veneno.
La sensibilización y las medidas disuasorias también son dos herramientas clave para los ecologistas. Sin dejar a un lado la vía penal, apuestan por dar más importancia a la vía administrativa “porque permite respuestas más rápidas”.
¿Quién pone el veneno?
El uso de cebos envenenados se encuentra vinculado al mundo de la caza y al sector de la ganadería. Según WWF, guardas, propietarios de fincas y ganaderos “de cierta edad” son los responsables de colocar el veneno para eliminar a los carnívoros que compiten con el ser humano por determinadas presas.
Todos ellos realizan una práctica arraigada al pasado, cuando el uso de estas sustancias no suponía un delito. “Al hablar con ellos, todavía te aseguran que el veneno es bueno para el campo”, ha concluido Cano.
